Publicado en El Tiempo Latino 5/9/2018, 2:17 p.m.
Confirman la posibilidad de enjuiciar a Nicolás Maduro en los EE.UU. y varios países por violaciones a los DD.HH., entre otros crímenes
Por Dr. Carlos E. Ponce - Director para las Américas, Freedom House
Juicio a Nicolás Maduro: Hay que usar RICO y Palermo. Un análisis de la legislación y las posibilidades de enjuiciar a Maduro en EE.UU. demuestra que simplemente se requiere abrir el caso
La emergencia humanitaria compleja que atraviesa Venezuela es producto del desmantelamiento progresivo de la institucionalidad democrática en ese país, dos décadas de impunidad y violaciones sistémicas de derechos humanos; estos factores sumados a una red de narcotráfico y corrupción cuya cabeza es directamente el presidente de Venezuela Nicolás Maduro. El dictador Hugo Chávez inició la revolución de la exclusión y el favoritismo a su círculo cercano en lo que puede ser uno de los más grandes desfalcos del Hemisferio Occidental en las últimas décadas. Su elegido Nicolás Maduro simplemente empeoró la crisis con la consolidación de una opresión generalizada contra los ciudadanos y la población ha llegado a sufrir profundas y sistemáticas violaciones a sus derechos humanos.
Recientemente Freedom House colaboró con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la elaboración de la primera Resolución a nivel regional que establece el vínculo directo entre la corrupción y la violación de derechos humanos. La organización viene también estudiando las diversas redes de corrupción y narcolavado que surgen de Venezuela y su impacto en Estados Unidos y en la región. El gobierno de Nicolás Maduro ha venido sistemáticamente violando los derechos humanos pero también ha venido liderando una red de corrupción y lavado de dinero proveniente de fuentes ilícitas que ha tenido impacto más allá de Venezuela.
Desde el uso del Estado como gran maquinaria de trafico de drogas y lavado de dinero, el uso de la empresa petrolera del Estado, Petróleos de Venezuela (PDVSA) como mampara de operaciones de grupos guerrilleros de Colombia o de organizaciones terroristas o simplemente como gran plataforma para el lavado de activos provenientes del crimen organizado. Esto sumado a la creación de empresas mixtas en el Caribe (Petrocaribe), en Nicaragua (Albanisa), o en El Salvador (Alba Petróleo), es decir, redes de corrupción y lavado que se escapan de las fronteras de Venezuela.
La inmensa voracidad de testaferros y funcionarios del régimen de Chávez-Maduro han llevado a contaminar cientos de mercados financieros con fondos de dudosa procedencia. No hay duda de la vinculación del gobierno de Venezuela en esta industria criminal en un entramado de relaciones que involucran desde el presidente de la república, Nicolás Maduro y a otros altos funcionarios de gobierno en graves actos de corrupción y actividades ilícitas conexas como narcotráfico y lavado de dinero.
Violencia y control
La violación sistemática de DDHH ocurre en un escenario en el que Maduro y los aliados de la coalición dominante, quieren mantener a toda costa el poder que les ha servido para cometer los mayores actos de corrupción en la historia republicana de Venezuela y se han valido de la violencia y el control de todas las instituciones, así como de grupos ilegales para mantener el control social. De igual forma se han aprovechado de una débil oposición y en muchos casos han comprado a la oposición para hacerla dócil al tirano y sus operaciones criminales.
El impacto de la crisis humanitaria de Venezuela va mucho más allá de las fronteras, no solo por la migración de millones de Venezolanos y su impacto en los países vecinos, sino también por el uso de un gobierno como mampara de un esquema de lavado y corrupción que se ha venido aprovechando de sistemas financieros y de las estructuras internacionales.
La inexistencia de independencia de poderes, en particular el Poder Judicial, el Ministerio Publico o la Contraloría General de la República, así como el desmantelamiento del Poder Legislativo deja al delito de narcotráfico, lavado y de corrupción del gobierno con total impunidad.
Crimen y castigo
No puede haber delito sin castigo, en el caso de Estados Unidos existe la posibilidad real de enjuiciar a Nicolás Maduro y a su clan de criminales haciendo uso de una ley precisamente creada para perseguir criminales y estructuras criminales como las que opera en Venezuela. Se debe hacer uso de la ley RICO (The Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act, RICO Act), una ley federal en los Estados Unidos que persigue al crimen organizado y permite al Departamento de Justicia y a Fiscales Federales perseguir y abrir casos contra criminales, corruptos y narcotraficantes.
En el caso de Maduro y su estructura criminal, está el uso del sistema bancario de Estados Unidos para el lavado de capitales producto de corrupción o lavado de dinero proveniente del narcotráfico. También como lo indicaron en el caso de los “narcosobrinos”, existe la vinculación de Nicolás Maduro con el tráfico de drogas hacia los Estados Unidos.
Hemos venido analizando la legislación y las posibilidades de enjuiciar a Maduro en Estados Unidos y simplemente se requiere abrir el caso. Las pruebas están en los numerosos testigos protegidos, variados expedientes de funcionarios y testaferros sancionados por el Departamento del Tesoro, y los casos ya abiertos contra varios narcotraficantes y corruptos ligados a la estructura criminal de Maduro.
Juicio en varias naciones
No solo en Estados Unidos es enjuiciable Maduro y su estructura criminal, el anuncio realizado en mayo por Departamentos del Tesoro Integrantes del Departamento del Tesoro de Estados Unidos señala un acuerdo con 15 naciones para localizar y decomisar bienes de funcionarios venezolanos acusados de corrupción. Este acuerdo brinda la oportunidad para abrir casos contra el régimen de maduro en: Alemania, Argentina, Brasil, Canadá, Colombia, España, Francia, Guatemala, Italia, Japón, México, Panamá, Paraguay, Perú y el Reino Unido.
El uso de una Convención internacional para perseguir el crimen organizado abre la puerta para enjuiciar a Maduro en diversos países donde las redes de corrupción y narcotráfico han impactado, como es el caso de Argentina, Panamá, España y Colombia, entre muchos otros. La Convención de Palermo (Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional) puede marcar el camino. Se requiere analizar los instrumentos internacionales, legislación de países afectados, tribunales y mecanismos internacionales, y las posibles sanciones extraterritoriales que pueden aplicarse a funcionarios de Venezuela incursos en actos de corrupción, lavado y violaciones sistemáticas a los DDHH. En particular se requiere de fiscales que tomen la legislación nacional y a Palermo para enjuiciar a Nicolás Maduro y su esquema de corrupción regional.
¿Qué pasa con la inmunidad?
Con respecto a la inmunidad, hablamos de un sujeto que ejerce ilegalmente una presidencia luego de unas elecciones fraudulentas. La Asamblea Nacional de Venezuela ha autorizado el enjuiciamiento de Nicolás Maduro el 18 de abril de 2018 y el desconocimiento del Gobierno de Maduro elimina la inmunidad de los funcionarios del gobierno y facilita esquemas de enjuiciamiento extraterritorial.
Partiendo de estas consideraciones, quiero plantear la necesidad de fortalecer el monitoreo, documentación y reporte que evidencie la vinculación entre los actos de corrupción gubernamental y narcolavado del gobierno de Nicolás Maduro para impulsar la activación de un caso federal en los Estados Unidos usando RICO. Además, al mismo tiempo, deben utilizarse los mecanismos regionales y dentro de los países afectados para el uso de la documentación y así facilitarles la activación de los mecanismos judiciales, sancionatorios o de investigación que permitan abrir juicios a Maduro y sus cómplices.
Objetivo: Vencer la impunidad
El objetivo es enjuiciar a Maduro en Estados Unidos y en diferentes países donde su cartel ha venido impactando. Las sanciones que se han implementado hasta el momento por parte del Departamento de Estado y Departamento del Tesoro son excelentes, y hay que seguir sancionando a funcionarios de una administración corrupta, pero al mismo tiempo se requiere avanzar con formas adicionales que permitan vencer la impunidad que existe en Venezuela y su impacto en Estados Unidos.
En conclusión, a Nicolás Maduro hay que enjuiciarlo en suelo estadounidense así como también a sus ministros, militares y testaferros por sus actividades criminales que han vuelto Venezuela en un estado fallido, pero que han impactado negativamente a los países de la región y países de la Unión Europea. En particular existe la obligación de proteger al pueblo americano de esta empresa criminal. No se puede permitir la impunidad del cartel de Nicolás Maduro en los Estados Unidos.
Por Dr. Carlos E. Ponce - Director para las Américas, Freedom House
Juicio a Nicolás Maduro: Hay que usar RICO y Palermo. Un análisis de la legislación y las posibilidades de enjuiciar a Maduro en EE.UU. demuestra que simplemente se requiere abrir el caso
La emergencia humanitaria compleja que atraviesa Venezuela es producto del desmantelamiento progresivo de la institucionalidad democrática en ese país, dos décadas de impunidad y violaciones sistémicas de derechos humanos; estos factores sumados a una red de narcotráfico y corrupción cuya cabeza es directamente el presidente de Venezuela Nicolás Maduro. El dictador Hugo Chávez inició la revolución de la exclusión y el favoritismo a su círculo cercano en lo que puede ser uno de los más grandes desfalcos del Hemisferio Occidental en las últimas décadas. Su elegido Nicolás Maduro simplemente empeoró la crisis con la consolidación de una opresión generalizada contra los ciudadanos y la población ha llegado a sufrir profundas y sistemáticas violaciones a sus derechos humanos.
Recientemente Freedom House colaboró con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la elaboración de la primera Resolución a nivel regional que establece el vínculo directo entre la corrupción y la violación de derechos humanos. La organización viene también estudiando las diversas redes de corrupción y narcolavado que surgen de Venezuela y su impacto en Estados Unidos y en la región. El gobierno de Nicolás Maduro ha venido sistemáticamente violando los derechos humanos pero también ha venido liderando una red de corrupción y lavado de dinero proveniente de fuentes ilícitas que ha tenido impacto más allá de Venezuela.
Desde el uso del Estado como gran maquinaria de trafico de drogas y lavado de dinero, el uso de la empresa petrolera del Estado, Petróleos de Venezuela (PDVSA) como mampara de operaciones de grupos guerrilleros de Colombia o de organizaciones terroristas o simplemente como gran plataforma para el lavado de activos provenientes del crimen organizado. Esto sumado a la creación de empresas mixtas en el Caribe (Petrocaribe), en Nicaragua (Albanisa), o en El Salvador (Alba Petróleo), es decir, redes de corrupción y lavado que se escapan de las fronteras de Venezuela.
La inmensa voracidad de testaferros y funcionarios del régimen de Chávez-Maduro han llevado a contaminar cientos de mercados financieros con fondos de dudosa procedencia. No hay duda de la vinculación del gobierno de Venezuela en esta industria criminal en un entramado de relaciones que involucran desde el presidente de la república, Nicolás Maduro y a otros altos funcionarios de gobierno en graves actos de corrupción y actividades ilícitas conexas como narcotráfico y lavado de dinero.
Violencia y control
La violación sistemática de DDHH ocurre en un escenario en el que Maduro y los aliados de la coalición dominante, quieren mantener a toda costa el poder que les ha servido para cometer los mayores actos de corrupción en la historia republicana de Venezuela y se han valido de la violencia y el control de todas las instituciones, así como de grupos ilegales para mantener el control social. De igual forma se han aprovechado de una débil oposición y en muchos casos han comprado a la oposición para hacerla dócil al tirano y sus operaciones criminales.
El impacto de la crisis humanitaria de Venezuela va mucho más allá de las fronteras, no solo por la migración de millones de Venezolanos y su impacto en los países vecinos, sino también por el uso de un gobierno como mampara de un esquema de lavado y corrupción que se ha venido aprovechando de sistemas financieros y de las estructuras internacionales.
La inexistencia de independencia de poderes, en particular el Poder Judicial, el Ministerio Publico o la Contraloría General de la República, así como el desmantelamiento del Poder Legislativo deja al delito de narcotráfico, lavado y de corrupción del gobierno con total impunidad.
Crimen y castigo
No puede haber delito sin castigo, en el caso de Estados Unidos existe la posibilidad real de enjuiciar a Nicolás Maduro y a su clan de criminales haciendo uso de una ley precisamente creada para perseguir criminales y estructuras criminales como las que opera en Venezuela. Se debe hacer uso de la ley RICO (The Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act, RICO Act), una ley federal en los Estados Unidos que persigue al crimen organizado y permite al Departamento de Justicia y a Fiscales Federales perseguir y abrir casos contra criminales, corruptos y narcotraficantes.
En el caso de Maduro y su estructura criminal, está el uso del sistema bancario de Estados Unidos para el lavado de capitales producto de corrupción o lavado de dinero proveniente del narcotráfico. También como lo indicaron en el caso de los “narcosobrinos”, existe la vinculación de Nicolás Maduro con el tráfico de drogas hacia los Estados Unidos.
Hemos venido analizando la legislación y las posibilidades de enjuiciar a Maduro en Estados Unidos y simplemente se requiere abrir el caso. Las pruebas están en los numerosos testigos protegidos, variados expedientes de funcionarios y testaferros sancionados por el Departamento del Tesoro, y los casos ya abiertos contra varios narcotraficantes y corruptos ligados a la estructura criminal de Maduro.
Juicio en varias naciones
No solo en Estados Unidos es enjuiciable Maduro y su estructura criminal, el anuncio realizado en mayo por Departamentos del Tesoro Integrantes del Departamento del Tesoro de Estados Unidos señala un acuerdo con 15 naciones para localizar y decomisar bienes de funcionarios venezolanos acusados de corrupción. Este acuerdo brinda la oportunidad para abrir casos contra el régimen de maduro en: Alemania, Argentina, Brasil, Canadá, Colombia, España, Francia, Guatemala, Italia, Japón, México, Panamá, Paraguay, Perú y el Reino Unido.
El uso de una Convención internacional para perseguir el crimen organizado abre la puerta para enjuiciar a Maduro en diversos países donde las redes de corrupción y narcotráfico han impactado, como es el caso de Argentina, Panamá, España y Colombia, entre muchos otros. La Convención de Palermo (Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional) puede marcar el camino. Se requiere analizar los instrumentos internacionales, legislación de países afectados, tribunales y mecanismos internacionales, y las posibles sanciones extraterritoriales que pueden aplicarse a funcionarios de Venezuela incursos en actos de corrupción, lavado y violaciones sistemáticas a los DDHH. En particular se requiere de fiscales que tomen la legislación nacional y a Palermo para enjuiciar a Nicolás Maduro y su esquema de corrupción regional.
¿Qué pasa con la inmunidad?
Con respecto a la inmunidad, hablamos de un sujeto que ejerce ilegalmente una presidencia luego de unas elecciones fraudulentas. La Asamblea Nacional de Venezuela ha autorizado el enjuiciamiento de Nicolás Maduro el 18 de abril de 2018 y el desconocimiento del Gobierno de Maduro elimina la inmunidad de los funcionarios del gobierno y facilita esquemas de enjuiciamiento extraterritorial.
Partiendo de estas consideraciones, quiero plantear la necesidad de fortalecer el monitoreo, documentación y reporte que evidencie la vinculación entre los actos de corrupción gubernamental y narcolavado del gobierno de Nicolás Maduro para impulsar la activación de un caso federal en los Estados Unidos usando RICO. Además, al mismo tiempo, deben utilizarse los mecanismos regionales y dentro de los países afectados para el uso de la documentación y así facilitarles la activación de los mecanismos judiciales, sancionatorios o de investigación que permitan abrir juicios a Maduro y sus cómplices.
Objetivo: Vencer la impunidad
El objetivo es enjuiciar a Maduro en Estados Unidos y en diferentes países donde su cartel ha venido impactando. Las sanciones que se han implementado hasta el momento por parte del Departamento de Estado y Departamento del Tesoro son excelentes, y hay que seguir sancionando a funcionarios de una administración corrupta, pero al mismo tiempo se requiere avanzar con formas adicionales que permitan vencer la impunidad que existe en Venezuela y su impacto en Estados Unidos.
En conclusión, a Nicolás Maduro hay que enjuiciarlo en suelo estadounidense así como también a sus ministros, militares y testaferros por sus actividades criminales que han vuelto Venezuela en un estado fallido, pero que han impactado negativamente a los países de la región y países de la Unión Europea. En particular existe la obligación de proteger al pueblo americano de esta empresa criminal. No se puede permitir la impunidad del cartel de Nicolás Maduro en los Estados Unidos.
