Coordinador General de la REDLAD
Publicado en Revista Ideele Mayo 2013, No. 229
Recientes ataques a una de las organizaciones más tradicionales en defensa de los derechos humanos, Provea, porque simplemente indicó que una de las informaciones que daba el Gobierno no era cierta, y el nerviosismo de la Administración recién “electa” contra la prensa, la sociedad civil o cualquiera que no quiera aceptar el triunfo de Nicolás Maduro, son malas señales.
Hugo Chávez definitivamente era un extraordinario comunicador y líder, que sistemáticamente logró con mano dura gobernar Venezuela por 14 años, con una visión personalista del poder y controlando absolutamente todas las instituciones. Hugo Chávez creó una conexión directa con los desposeídos que le permitió mantenerse en el poder hasta su muerte. Pero como gestión de gobierno fue simplemente uno de los peores presidentes que ha tenido Venezuela, pues dilapidó millones de dólares en aventuras internacionales o permitió que la corrupción gobierne tranquila en Venezuela. Pero ganó todas las elecciones hasta su muerte. Lamentablemente, el carisma y la inteligencia emocional no son transferibles a voluntad: la escogencia de Chávez (en su lecho de muerte) de Nicolás Maduro como sucesor ha llevado al chavismo a entrar en terribles contradicciones.
Con la muerte de Chávez, automáticamente el chavismo y Maduro heredaban una preferencia cercana al 60% de los votantes. Incluso una de las pocas encuestadoras serias, Datanálisis, a tres semanas de las elecciones indicaba que Nicolás Maduro estaba por encima del candidato de la Mesa de la Unidad, Henrique Capriles, por 17%. Pero el abuso de la imagen de Chávez y la incapacidad de Maduro de ser percibido como presidenciable hacen que la misma encuestadora lo ubique, a 5 días de la elección, con solo 4,5% por encima de Capriles, con una caída de más de 10 puntos en una semana y una probabilidad de pérdida de apoyos en un 1,5% a 2% diarios. Ello generó un nerviosismo alto y el incremento de la manipulación del sistema electoral.
En una elección en la que el oficialismo domina la gran mayoría de los medios de comunicación; en la que las autoridades electorales actuaban como representantes del partido de gobierno (PSUV) más que como entes independientes; en la que el sistema judicial está cooptado, hay un uso de fondos públicos para la campaña de Maduro, una utilización de un padrón electoral no verificado y en la que se efectuó toda la manipulación del sistema, y en la que a pesar de todo esto se pierde la herencia electoral de Chávez, hablamos de un oficialismo en problemas. Todas las condiciones previas en cualquier país indicarían de un fraude previo y de condiciones no viables electorales. De hecho, escribí una serie de artículos al respecto previos a las elecciones.
De los resultados de las elecciones del domingo 14 de abril hay que indicar que la mayoría de las bocas de urna (éxito polls) dio el triunfo a Capriles, así como los reportes de observadores y la información que se manejó por los partidos con la sumatoria de actas de testigos. Pero al final de varias horas de espera el organismo electoral le da el triunfo a Nicolás Maduro de manera sorprendente, con una supuesta diferencia del 1,77% o 262.473 votos en una base de votación de 14’961.701 votantes.
La Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia (REDLAD) envió una misión de acompañamiento, que incluso fue parcialmente acreditada. Hubo denuncias de manipulación de actas, exigencia de trabajadores públicos de votar por Maduro, amenazas a votantes, retiro forzado de testigos, etcétera. Un total de 2.500 denuncias le presentaron al CNE, sin ningún resultado. Se denunció el acarreo de votos, el incremento de los votos asistidos en un 50%, la persecución a empleados públicos y trabajadores de la empresa petrolera (más de 2,3 millones de personas) de votar por Maduro con la amenaza de ser botados de sus trabajos, existencia de numerosas mesas electorales sin testigos por estar en zonas especiales, máquinas de votación con dudosa funcionabilidad (denunciada por acompañantes de Unasur), amenazas a votantes por grupos motorizados, electores que no aparecían en la mesa que les correspondía y numerosas anomalías el día de las elecciones. Preocupante es la denuncia previa, corroborada por el mismo Consejo Nacional Electoral de Venezuela (CNE), de partidarios del PSUV, en control de los códigos de funcionamiento de las máquinas electorales, lo cual les daba acceso directo al funcionamiento de las mismas y la posibilidad de bloquearlas o alterarlas. Una denuncia recurrente en muchos centros de elección en zonas con preponderancia de la oposición fue las máquinas dañadas, con lo que muchos votantes no pudieron votar o simplemente esperaron horas para el cambio o la reparación de la máquina. Hay numerosas denuncias de centros donde Maduro obtiene resultados distintos de las actas o comportamientos extraños en los resultados de diversos centros. Los abusos electorales no son nuevos en Venezuela, pero en esta elección se han superado las expectativas.
Ya con el viaje de Hugo Chávez a Cuba a comienzos de diciembre del 2012 y la serie de inconstitucionalidades e ilegalidades que surgieron por parte de Nicolás Maduro y los organismos cooptados marcaban la crónica de una muerte anunciada para la democracia en Venezuela. Pese a la claridad de la Constitución en cuanto al tema de las ausencias presidenciales, el oficialismo interpretó la Constitución a su manera para permitirle a Maduro gobernar sin haber sido electo para ello. De hecho, continuamente se mintió al pueblo de Venezuela y a la comunidad internacional del estado de salud de Chávez, y se presume la falsificación de su firma en documentos y la aprobación de actos de gobierno írritos. Nicolás Maduro gobernó inconstitucionalmente por un periodo de tres meses y se impuso una transición electoral manipulada.
En una elección con tantas dudas, en un momento tan crítico y con un resultado con una diferencia inferior al 2%, la negativa del organismo electoral a hacer una auditoría a fondo de la elección y la comprobación exhaustiva de cuadernos y comprobantes electorales da una muy mala señal. Una falsa verificación controlada no es una auditoría electoral. Pese a que inicialmente el oficialismo aceptó la auditoría plena de las elecciones, con el tiempo han ido adaptando esa posibilidad a un conteo básico y han señalado que no permitirán ninguna modificación de los resultados. Preocupa además la inmediatez en la proclamación por parte del CNE de Nicolás Maduro como Presidente a pocas horas de darse los resultados y su inmediata juramentación en un lapso inferior de 4 días, lo cual dejó por fuera cualquier posibilidad de revisión, impugnación o reconteo en violación clara de los derechos del otro candidato y de los votantes.
Pese a que el candidato de oposición, Henrique Capriles, señaló que no aceptaba los resultados e introdujo diversas solicitudes al ente electoral, él mismo ha venido haciendo caso omiso de ellas. Por otro lado, la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), plataforma que agrupa a los partidos de oposición, y el mismo candidato Capriles, han indicado que impugnarán los resultados por considerarlos fraudulentos y manipulados. Pero en una Venezuela donde el partido de gobierno controla directamente todas las instituciones y donde el Poder Judicial no ha dado ninguna muestra de independencia —por el contrario, abiertamente sigue las órdenes del Ejecutivo—, las posibilidades de obtener justicia por parte de la oposición son nulas.
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