2018 el año del colapso: se profundiza la crisis de Venezuela

2018 el año del colapso: se profundiza la crisis de Venezuela

Un gobierno criminal que opera como un cartel de droga y una oposición complaciente solo retrasa la inminente salida de Maduro.
Dr. Carlos E. Ponce, Director para Latinoamérica y el Caribe Freedom House | 1/13/2018, 6:29 a.m.
Publicado en "El Tiempo Latino"



No hay que ser “iluminado” para avizorar la caída libre de Venezuela este año. Ya la situación viene desmejorando exponencialmente con grados de crisis poco vistas en la región. Lo peor está por venir. Enero es siempre el mes de mayor insatisfacción, en un país con escasez de alimentos, medicinas o bienes, terribles servicios de agua o electricidad, sistema de salud ineficiente o inexistente, violaciones graves de los derechos humanos, falta de libertades fundamentales, una inflación del 2,735% anual, una contracción de 14,7 PIB, crimen masivo, inseguridad y un salario mínimo mensual por debajo de US $ 3 por mes, es explosivo. Entonces la crisis humanitaria se expandirá a un nivel sin precedentes, llevando al país a una "Somalización". Un país petrolero que ha estado reduciendo la producción de petróleo en más de 1,2 millones diarios debido a la ineficiencia y que necesita importar gasolina para cubrir el mercado interno no tiene lugar para la recuperación, incluso si los precios del petróleo aumentan nuevamente no hay capacidad de recuperación bajo las condiciones actuales.

El país entró oficialmente en default, con sanciones internacionales contra los bonos venezolanos, sanciones contra funcionarios del gobierno y una preocupación compartida en los gobiernos de casi todos los países democráticos sobre la crisis política y humanitaria. El sistema bancario venezolano y la industria petrolera se han utilizado como vehículos para el tráfico de drogas en todo el mundo, las operaciones de la mafia y el lavado de dinero. Un estimado de 700 mil millones de dólares se robaron funcionarios corruptos del gobierno, militares, empresarios corruptos, opositores corruptos, bolichicos y testaferros. El problema es que ya se les han venido reduciendo las fuentes amplias de robo y entre ellos se han tenido que robar. La mala noticia para todos estos grupos es que nuestra organización sigue trabajando arduamente para lograr más sanciones, y les puedo confirmar que ya están en camino tanto aquí en Washington como en Europa y Canadá. Sanciones que van hacia los familiares, una lista de militares y muchas sorpresas más. Incluso es recurrente la solicitud de sanciones para miembros de la oposición que están en colusión con el gobierno de Nicolás Maduro.

Venezuela experimentó tres meses de violenta manifestación política en 2017, más de 120 personas murieron y miles de manifestantes y líderes de la oposición fueron arrestados y más de 240 permanecen en la cárcel. Algunas falsas promesas con programas sociales falsos y represión evitaron manifestaciones masivas en barrios pobres. Ello sumado al control social con la violencia de grupos armados ilegales controlados por el Gobierno, que aterrorizan a los barrios para evitar manifestaciones. Pero 2018 será diferente, el asesinato de una pobre joven embarazada por parte de una Guardia Nacional el 31 de diciembre, porque ella se estaba manifestando por la falta de alimentos o las protestas por comida que se van multiplicando, van indicando el próximo escenario para la crisis venezolana y la confrontación masiva y diaria. Las próximas semanas el país experimentará un aumento exponencial de manifestaciones esporádicas, violencia callejera, disturbios y saqueos en barrios pobres y que crecerá a nivel nacional, podemos anticipar que la reacción violenta del régimen autocrático traerá más asesinatos y detenciones. Los controles de precios y saqueos coordinados por el régimen contra mercados y abastos en zonas de clase media solamente agravaran el problema. Venezuela experimentará una nueva ola de manifestaciones masivas en una combinación de disturbios por alimentos / medicinas / escasez en barrios pobres y manifestaciones políticas en carreteras y otras áreas. Lamentablemente ocurrirá un derramamiento de sangre.




Hugo Chávez desarrolló un plan de control de la fuerza armada. Y Maduro dejo avanzar este control hacia el manejo directo del negocio de la droga, oro, tráfico y otros negocios ilegales. Él y sus familiares, así como muchos de sus ministros y seguidores se han vinculado directamente con el narcotráfico y las mafias, lo cual ha secuestrado por completo el gobierno. Pero darle la industria petrolera a la Guardia Nacional, nombrando un General corrupto y violador de derechos Humanos como “Presidente” de la estatal petrolera PDVSA simplemente rompió el balance establecido por Chávez y ha dejado una gran fisura en la fuerza armada y en la industria petrolera. Ruidos militares son comunes en grupos que ya no tienen acceso al poder o en otros que no llegaron a tiempo a la fiesta.

Millones de armas distribuidas a mafias, pranes, colectivos y otros grupos armados complican una salida no violenta en Venezuela, con una policía corrompida hasta sus tuétanos, fuerzas especiales creadas solo para reprimir a la oposición y una fuerza armada como parte del problema, es difícil ver una capacidad de control de la violencia en Venezuela sin asistencia militar internacional.

PDVSA ahora esta acorralada entre la brutalidad de la gerencia militar corrupta y los familiares de Maduro. Por ende la producción seguirá cayendo y la mayor fuente de ingreso disminuyendo. Las molestias internas dentro de la industria son tales que se teme una paralización total de la industria petrolera de Venezuela en los próximos días.

No es posible frenar una crisis migratoria. Un estimado de 2.5 millones de personas emigraron de Venezuela en los últimos 5 años, la mayoría profesionales y clases medias, ahora es el momento de que los pobres busquen mejores oportunidades. Este año, una oleada masiva de migrantes complicará las fronteras con Brasil, Colombia, Curazao y Trinidad y Tobago. Miles de colonos-venezolanos y venezolanos pobres crearán una crisis migratoria humanitaria masiva fronteriza y nadie está preparado para eso.

La capacidad de hacer frente a esta crisis esta mermada. Por un lado un gobierno que opera como un cartel de droga y por otro lado una oposición complaciente. La oposición "formal", representada de alguna manera por la Mesa de Unidad Democrática (MUD), es una plataforma electoral, no un movimiento de oposición, sólo representa un grupo de partidos políticos débiles minimizados sin representación en los sindicatos, parcialmente en la sociedad civil, en los sectores privados o en la academia. No esta tampoco representada la diáspora que ya supera las 3 millones de personas. La MUD ha sido efectiva para ganar algunas elecciones, como las elecciones parlamentarias en 2016, pero totalmente ineficaces en el diseño e implementación de un verdadero plan de oposición contra el régimen dictatorial. Algunos de los miembros de la MUD han estado conspirando e incrustados con la corrupción dentro del régimen. La única alternativa para este grupo ha sido jugar el juego del gobierno de un falso "dialogo" que extendió la vida del gobierno de Maduro. Este grupo tratará de vender las elecciones presidenciales como la única alternativa viable y un candidato de oposición unitario único como la solución a todos los problemas. Ya han elegido a un presidente de la debilitada Asamblea Nacional que representa los intereses de un grupo en colusión con la dictadura. Un régimen que tiene poco respeto a la ley y cuya intención es manipular y reprimir para quedarse en el poder, intentará manipular a la oposición con algunas pequeñas concesiones electorales pero manteniendo el control del proceso, una elección presidencial será solo una "Crónica de una muerte anunciada".

Qué hacer con respecto a Venezuela:

• No es dialogo, y no es negociación electoral. Se debe negociar un gobierno de transición inmediata y la salida del poder de Nicolás Maduro y todos sus colaboradores. Uno no negocia una elección para la entrega de rehenes. Los criminales no “dialogan” a los criminales se les obliga. No se trata de negociar una elección con "mejores" condiciones, en las circunstancias actuales es imposible una solución electoral pura para Venezuela. La comunidad internacional necesita obligar a la dictadura a negociar un gobierno de transición con un amplio grupo de líderes de la oposición. No se trata de lograr una elección, se trata de una operación internacional para salvar a millones de venezolanos.

• Se ha comprobado que las sanciones son efectivas contra el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. Más sanciones y mayor número de sancionados es necesario, incluso extender a familiares y amigos. Se requiere también incluir en las listas a “opositores” que colaboran con el régimen. Las sanciones de Estados Unidos deben continuar y además se debe evitar que algún cabildero comprometido con la corrupción de Maduro pida negociar o levantar las sanciones. Ahora que la Asamblea Nacional (Congreso) de Venezuela ha caído en manos de colaboradores de oficio con la narcodictadura, veremos cómo tratarán de liberar las sanciones a los bonos de Venezuela y la emisión de deuda autorizada por el Congreso. Eso debe ser rechazado y deslegitimado. Son esfuerzos de estos “opositores” comprometidos con la dictadura.

• Deben incrementarse las sanciones de Canadá y de la Unión Europea, así como sumarse otros países. De igual forma se deben incrementar las sanciones a colaboradores del régimen de Venezuela en otros países, como es el caso de Nicaragua, St. Vincent y las Granadinas, Republica Dominicana, Haití, El Salvador, Bolivia, entre otros.

• Además de las sanciones, la comunidad internacional debe llevar ante la justicia el narcotráfico y violaciones a derechos humanos del régimen de Nicolás Maduro, con un caso criminal formal en una corte federal en los EE.UU. contra Maduro, sus ministros, generales, militares y colaboradores, debido a su participación activa en las actividades del narcotráfico. Un caso Federal y su réplica en otros países podría permitir una orden de captura internacional. Más sanciones y casos criminales específico obligarán a un compromiso con el régimen a una verdadera negociación para una transición.

• Mayores restricciones y monitoreo debe existir del sistema bancario internacional a los bancos y operaciones desde y hacia Venezuela y de aquellas llevadas adelante por el gobierno, sus funcionarios y relacionados. De igual forma a las fórmulas de narcolavado que desarrolla el régimen con criptomonedas o fraudes en la colocación de bonos en mercados no regulados. Hay que restringir transacciones internacionales con el nuevo invento monetario de Maduro: el Petro.

• Otra prioridad, basada en las pruebas existentes y el informe de la Organización de Estados Americanos, es la prioridad de que un Estado parte del Estatuto de Roma debe denunciar al gobierno de Venezuela y crímenes sistemáticos contra la humanidad ante la Fiscal de la Corte Penal Internacional para iniciar inmediatamente una investigación contra los abusos de Maduro.

• Lograr una restricción de vuelo internacional para Maduro y sus oficiales. Restringir la movilidad de los criminales les restaría posibilidades de seguir negociando acuerdos dañinos para el país.

• La oposición venezolana necesita encontrar un terreno común entre una MUD depurada, el resto de los movimientos / dirigentes internos de oposición, los movimientos estudiantiles / sindicales / de otro tipo y la diáspora. La comunidad internacional necesita abrir los ojos de que la oposición venezolana es más que la MUD y el mejor apoyo para ellos es ayudarlos a crear un movimiento de oposición real que vaya más allá de una plataforma electoral. Una opción real que incluya fuerzas internas y la diáspora.

• Se debe crear un Fondo Internacional para la recuperación de Venezuela. Hay que negociar con factores del Chavismo que conoce el paradero del botín robado, pero sin ofrecer protagonismos. Un movimiento internacional para perseguir a funcionarios / militares corruptos venezolanos, sus socios comerciales, familiares y sus operaciones en todo el mundo y recuperar los miles de millones de dólares robados e invertidos en un fondo especial para la reconstrucción de Venezuela. La recuperación de los 700 Billones robados serviría para una inmediata atención a la crisis alimentaria y de salud y un buen capital para reconstruir un país desbastado por una falsa revolución. Se debe avanzar en un plan de consenso de recuperación económica, social e institucional, que atienda las necesidades inmediatas pero que también construya un modelo económico y político óptimo. Avanzar con la cooperación y mecanismos internacionales es fundamental en estos momentos porque la asistencia debe llegar de inmediato.

• Debe haber una reconstrucción de emergencia, y un plan humanitario con asistencia militar y diplomática de la comunidad internacional para llenar el vacío después de la caída del régimen.

• Los falsos canales humanitarios pueden ser contraproducentes. Cualquier comida o medicina que la comunidad internacional entregue a Venezuela sin que exista una transición, será utilizada por el régimen de Maduro para propaganda y para mantener el control político con listas especiales de distribución o "carnet de la Patria". Un "Canal humanitario" mal planificado y mal implementado solo beneficiará a ganancias indirectas de los contratistas o de las agencias de la ONU, y al final será utilizado por el régimen para mayor control social. La prioridad debe ser un gobierno de transición y, mientras tanto, mejorar los mecanismos de apoyo de persona a persona, así como mecanismos fronterizos de ayuda. Se necesita un rol más organizado y activo de la diáspora venezolana para encontrar formas innovadoras de apoyar a la gente en Venezuela.

• El ACNUR (La Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados) y los gobiernos de Colombia, Brasil y Trinidad, así como otros países de América Latina y el Caribe y la comunidad internacional deben estar preparados para la crisis de refugiados venezolanos y desarrollar un Proyecto de Auxiliar de Refugiados Venezolanos.

• Mayor solidaridad y ayuda debería existir en los países de la región con los miles de perseguidos y refugiados que se han ido de Venezuela.

• El Gobierno de Trump debe iniciar un esfuerzo de arrestos de funcionarios venezolanos, corruptos ligados al régimen, testaferros, militares y sus familiares para evitar que sigan usando el país como santuario.

• Mayor atención internacional a los presos y perseguidos políticos en Venezuela, presos de conciencia y los miles de venezolanos con causas abiertas por pensar diferente.

• El Comando Sur de los EEUU y las fuerzas armadas y de seguridad de los países vecinos deben estar listos con un plan de acción coherente debido al impacto de un estado fallido con millones de armas en manos de delincuentes, numerosos carteles y guerrillas que operan en el país, un sector militar corrupto involucrado en el tráfico de drogas y la incapacidad de las fuerzas internas para prevenir y controlar el caos masivo y la violencia en el momento del colapso.

• Debe existir una prohibición internacional de venta de armamentos, repuestos militares, mecanismos de control de manifestaciones, bombas lacrimógenas o cualquier otro componente que pueda ser usado por el régimen para reprimir a la población civil. De igual forma los países deben prohibir el tránsito de estos armamentos por sus países.

• Estados Unidos necesita mejorar la negociación con los dos únicos socios fuertes del régimen de Maduro, China y Rusia, para llevarlos a un esfuerzo común por terminar con la dictadura. Algunas personas incluyen a Cuba en los esfuerzos, pero Cuba es parte del problema, no la solución. Cortar el flujo de dinero de China es fundamental para que el régimen no evada las sanciones.

• Estados Unidos debe continuar la presión a la ONU para que el Consejo de Seguridad tome acciones inmediatas respecto a Venezuela y prevenir la mayor crisis humanitaria y de violencia en la región. De igual forma se debe incrementar el apoyo a la OEA para que continúe buscando estrategias que tiendan a desenmascarar a la dictadura y procurar salidas no violentas.

• Una negociación para una transición debe tener como requisito previo la liberación plena de todos/as los presos/as políticos y la eliminación de las causas a todos/as, el desarme de los grupos ilegales, la renuncia en pleno de todos los funcionarios de las instituciones represivas, incluir Presidentes activos con capacidad negociadora de países democráticos y expertos en negociaciones complicadas, un esquema de sanciones por incumplimientos y tiempos pre-establecidos de acuerdos inmediatos. Debe incluir elementos de justicia transicional y de castigo a los narco-criminales.

Debe existir una negociación acordada por consenso entre los diferentes factores de oposición y no un secuestro de la voluntad colectiva. Para los funcionarios del régimen será la única alternativa porque el cerco internacional y las dificultades internas hacen inviable su permanencia. El ejército, las empresas de las telecomunicaciones, la industria petrolera y los medios de comunicación se plegarán al que llegué y bloquearán al que salga.

No queda duda que llegará el colapso, y en Washington ya estamos preparados. Maduro y sus secuaces negociarán su salida. El chavismo originario que intenta protagonizar una disidencia que logre popularidad, algunos factores políticos de oposición crecidos en popularidad y decididos a no ceder ni dialogar con el narco-régimen, y uno que otro líder activista, también popular, con ambiciones al estilo Rambo Patriota, serán junto al pueblo y la asistencia militar internacional la fuerza que destronará al gobierno criminal de Venezuela. Sin darnos cuenta, sin personalismos nos une un mismo objetivo de guerra. La única opción que tiene Maduro es retrasar el colapso.

Addressing the Crisis in Venezuela: Policy Recommendations

Overview
Venezuela is at a critical inflection point as 2018 begins, with its humanitarian crisis poised to deteriorate further, fomenting ongoing lawlessness and violence. There is widespread global concern about this crisis, evidenced by the United States’ and Europe’s decisions to impose sanctions on Venezuelan bonds and government officials, but the international community must do more. Now is the time to act to lessen the impact of a worsening crisis and potentially failed state.

Dr. Carlos E. Ponce, Latin American and Caribbean Director 

Freedom House

2017 Recap

During the final months of 2017, unrest rose sharply in Venezuela, spurred by acute food and medicine shortages; unreliable access to water, electricity, and health care; rampant crime; and major human rights violations. Venezuela ended 2017 in default as inflation soared to 2,735 percent, GDP contracted by 14.7 percent, and monthly minimum salaries plummeted to less than US $3 per month – an economic crisis that has compounded the ongoing human rights and humanitarian emergency.

Inefficiency has driven the state-run oil company to reduce oil production by more than 1.2 million barrels per day, forcing the government to import gasoline to satisfy domestic demand and signaling bleak prospects for economic recovery in 2018. The appointment of a corrupt National Guard General at the national Oil Industry PDVSA has made production challenges worse and increased the possibility of an oil strike.

In the midst of political and economic turmoil, illegal groups and corrupt officials co-opted the Venezuelan banking system and oil industry as vehicles for drug trafficking, mafia operations, and money laundering, with a reach far beyond Venezuelan borders. By some estimates, corrupt Venezuelan officials and their frontmen throughout the region have laundered roughly $700 billion.

Moreover, violent political demonstrations battered Venezuela in 2017, resulting in more than 120 deaths and thousands arrests of demonstrators and opposition leaders. More than 240 people remain in prison. Throughout much of last year, the Maduro regime successfully mollified unrest in some of the country’s poorest regions with false promises of improved social programs.

Rising tensions by the year’s end, however, augur a less tractable public and heightened violent resistance. For instance, the December 31 killing by a National Guardsman of a poor pregnant woman protesting in a long line for food sparked unprecedented outrage in one of Caracas’ poorest neighborhoods.

Outlook for Early 2018

After 17 years, the Chavez Revolution has brought Venezuela violence, inefficiency, poverty, and gross abuses of power, which become ever more challenging to address. The coming weeks will bring an exponential rise in sporadic demonstrations, mob violence, riots, and looting in poor neighborhoods. Localized violence will likely spread quickly to the national level. The regime will respond with additional arbitrary detentions of people demanding access to basic necessities, which will foment a new wave of massive and violent demonstrations.

An estimated 2.5 million people have emigrated from Venezuela over the past five years, most of them middle class professionals. This year, increased desperation will drive even the poorest Venezuelans to seek relief outside of Venezuela. Migrants will flood borders with Brazil, Colombia, and Trinidad and Tobago, generating a humanitarian migratory crisis for which the region is poorly prepared.

Without a more coherent, credible, and inclusive opposition party, little will improve on the political front in 2018. The Mesa de Unidad Democratica (MUD), which represents the “formal”opposition is an electoral platform rather than an opposition movement. It is a collection of relatively weak political parties and lacks key representation from labor unions, civil society, the private sector, and other entities that oppose the Maduro regime. While the MUD has been effective in winning some elections, like the parliamentary election in 2015, it has failed to design and implement an effective opposition strategy to combat the dictatorial regime. Moreover, some MUD members have colluded on corruption inside the regime, further damaging the platform’s credibility and cohesion. So far, the MUD’s only strategy has been to engage in a series ineffective dialogues, while the regime has continued to tighten its grip on power. In 2018, the MUD will champion a presidential election as the only viable alternative and will put forth a single opposition candidate. Yet, the Maduro regime has proven itself adroit at manipulating the opposition with small electoral concessions, while maintaining control of the electoral process itself. Unless the opposition can organize, Venezuela will remain a country with a drug-cartel in control and an opposition too weak and divided to fight alone with the scarce democratic tools remaining.

Now is the time to act if the international community is interested in helping prevent the crisis in Venezuela from worsening. If implemented, the recommendations below could force the regime into a true negotiation that brings actual relief to the Venezuelan people.

Policy Recommendations:

· Increase direct pressure on Maduro and his cronies.

• Individual sanctions have been effective against Maduro’s regime and its allies. Additional sanctions from a greater number of countries will continue to build pressure on the regime and its corrupt, criminal affiliates. 
• An international no-fly restriction for Maduro and his officials would further increase pressure. 
• The international community should seek the initiation of formal criminal cases against Maduro, his ministers, and his generals for their active participation in drug trafficking. The U.S. Department of Justice should open a case against Maduro in a federal U.S. court and other countries should do the same in their respective court systems. 
• A state party to the Rome Statute should bring the Venezuelan government’s systematic crimes against the humanity to the International Criminal Court’s Prosecutor for immediate investigation. 

· Press for a negotiated solution.

• In discussions of a negotiated solution for Venezuela, the international community should prioritize forcing a negotiation that will mitigate the humanitarian crisis over pushing for a transitional government. 
• The United Nations should increase pressure on Venezuela. The US should request an emergency meeting at the UN Security Council, and an international monitor, such as a Special Envoy for Venezuela, should be designated to monitor corruption, handle negotiations, and recommend a transitional justice process. 

· Investigate corruption and use seized assets to create a special fund for the reconstruction of Venezuela.

• The international community should develop strategies to prosecute corrupt Venezuelan officials, their business partners, and front men, and recover the billions of laundered dollars. Recovered money should be placed in a special fund for the reconstruction of Venezuela. 

· Do not recognize elections under current conditions.

• The international community should not recognize any elections in Venezuela without a total change in the independence of the electoral authority and electoral process or without independent international election monitoring. 

· Ensure effective humanitarian aid.

• No humanitarian aid should be given without first commencing firm negotiations to address political and economic changes – the regime will use any food aid for political purposes. 
• The international community should prioritize person-to-person humanitarian support, including a more active role for the Venezuelan diaspora. Broader humanitarian efforts can be easily manipulated by the Maduro regime. 

· Refrain from selling weapons to Venezuela, which could be used against peaceful protesters.

• China and Russia keeps selling weapons to the dictatorship to control street demonstrations. Other countries sell weapons to the Venezuelan military and those weapons ended in the hands of illegal groups or used against civilians. A total ban to sale or to transport weapons to Venezuela is necessary.

· Encourage a unified opposition.

• The Venezuelan opposition needs to find a common ground among a depleted MUD, other internal opposition movements, student groups, labor unions, and the diaspora. The international community has an important role to play in supporting a coherent opposition movement that goes beyond an electoral platform. 

· Support independent media.

• Major support to investigative and independent journalists must be part of any aid to Venezuela. The international community should implement programs to support printed newspapers and other media that are still operating completely alone – they are the last hope of accurate, independent information on the situation in Venezuela. 

· Prepare for both a worsening crisis if nothing changes and for the immediate aftermath of a negotiated transition.

• International legislative bodies including the US Congress should hold hearings on a potential transition of power in Venezuela. 
• The US Southern Command should coordinate with security forces in neighboring countries to address the potential power vacuum if Venezuela becomes a failed state. Illegal armed groups, cartels, and guerrillas will exploit this vacuum as they gain strength and raise the specter of increased transnational crime. 
• The international community should develop a reconstruction and humanitarian plan to fill the vacuum if the regime falls. 
• The UNHCR and the governments of Colombia, Brazil, Curacao and Trinidad, as well as other neighboring countries, must prepare for a Venezuelan refugee crisis and develop a Venezuelan Refugee Assistant Project.

2018: The end of the dictatorship in Venezuela

Unrest spurred by acute food and medicine shortages, unreliable access to water, electricity, and health care, rampant crime, and major human rights violations rose sharply in Venezuela during the final months of 2017. As inflation soared to 2,735%, GDP contracted by 14.7%, and monthly minimum salaries plummeted to less than US $3 per month, an Economic crisis has compounded the human rights and humanitarian emergency, setting Venezuela at a critical point of inflection to begin the New Year. In 2018, the country’s humanitarian crisis is poised to deteriorate further, fostering lawlessness and violence. 

Inefficiency has driven the state-run oil company to reduce oil production by more than 1.2 million barrels per day, forcing the government to import gasoline to satisfy domestic demand, offering bleak prospects for any economic recovery this year. Maduro's mistake appointing a corrupt general from the National Guard as president of the Venezuelan Oil Industry (PDVSA) will destroy the industry and force to a national oil strike.

Venezuela ended 2017 in default, while the United States and Europe levelled sanctions on Venezuelan bonds and government officials, demonstrating widespread global concern about the political and humanitarian crisis. In the midst of political and economic turmoil, illegal groups and corrupt officials co-opted the Venezuelan banking system and oil industry as vehicles for drug trafficking, and mafia and money laundering operations, with reach far beyond Venezuelan borders. By some estimates, corrupt Venezuelan officials and their front-men throughout the region have laundered some $700 billion. In response to corruption, political prisoners and human rights violations, the EU, Canada, and U.S. have announced further sanctions.

Moreover, violent political demonstrations battered Venezuela in 2017, resulting in more than 120 deaths and thousands arrests of demonstrators and opposition leaders. More than 240 people remain in prison in the wake of the demonstrations. For much of last year, the Maduro regime successfully mollified unrest in some of the country’s poorest regions with false promises of improved social programs. However rising tensions by the year’s end augur a less tractable public and heightened violent resistance. For instance, the December 31 killing by a National Guardsman of a poor pregnant woman protesting in a long line for food, sparked unprecedented outrage in one of Caracas’ poorest neighborhoods.

The coming weeks will bring and exponential rise in sporadic demonstrations, mob violence, riots, and looting in poor neighborhoods and we can expect localized violence to spread quickly to the national level. The regime will respond with more arbitrary detentions of people demanding access to basic necessities, which will nourish a new wave of massive and violent demonstrations.

An estimated 2.5 million people have emigrated from Venezuela over the past five years, most of them middle class professionals. This year, increased desperation will drive even the poorest Venezuelans to seek relief outside of Venezuela. Migrants will flood borders with Brazil, Colombia, and Trinidad and Tobago, generating a humanitarian migratory crisis for which the region is poorly prepared.

After 17 years, the Chavez Revolution has brought Venezuela violence, inefficiency, poverty, and gross abuses of power, which become ever more challenging to address.

In the other side, the “formal” opposition, represented by the Mesa de Unidad Democratica (MUD), is an electoral platform rather than an opposition movement that represents a collection of relatively weak political parties. It lacks key representation from labor unions, civil society, the private sector, and other important political movements that oppose the Maduro regime. It has been effective winning some elections, like the parliamentarian election in 2015, but has failed to design and implement implementing an effective opposition strategy to combat the dictatorial regime. Moreover, some MUD members have colluded corruption inside the regime, further damaging the platform’s credibility and cohesion. So far, the MUD’s only strategy has been to engage in a series ineffective “dialogues,” while the regime has continued to tighten its grip on power. In 2018, the MUD will champion a presidential election as the only viable alternative and will put forth a single opposition candidate. Yet, the Maduro regime has proven itself adroit at manipulating the opposition with small electoral concessions, while maintaining control of the process. Without a more coherent, credible, and inclusive opposition party a presidential election will become a “Chronicle of A Death Foretold”.

We are talking of a “Catch 22” situation with a country with a drug-cartel in control and an opposition too week and divided to fight alone with the scare democratic tools remaining.

What to do with respect to Venezuela:

• Individual sanctions have been proven effective against Maduro’s regime and its allies. More sanctions from more countries will continue to build pressure on the regime and its corrupt and criminal affiliates. A no-fly restriction for Maduro and his officials would further increase pressure.

• The international community should press for a formal criminal case against Maduro, his ministers, and his generals for their active participation in drug trafficking in a federal U.S. court.

• A state party to the Rome Statute should bring the Venezuelan government’s systematic crimes against the humanity to the International Criminal Court’s Prosecutor for immediate investigation. Together with increased sanctions, targeted criminal cases could force the regime to a true negotiation.

• The Venezuelan opposition needs to find a common ground among a depleted MUD, other internal opposition movements, student groups, labor unions, and the diaspora. The international community has important role to play in supporting a coherent opposition movement that goes beyond an electoral platform.

• The international community should prioritize forcing a negotiation that will mitigate the humanitarian crisis over pushing for an electoral transition.

• The international community should develop strategies to prosecute corrupt Venezuelan officials, their business partners, and front men, and recover the billions of laundered dollars. Recovered money should be placed in a special fund for the reconstruction of Venezuela. The international community should also develop a reconstruction and humanitarian plan to fill the vacuum when the regime falls.

• The international community should prioritize person-to-person humanitarian support, including a more active role for the Venezuelan diaspora. Broader humanitarian efforts can be easily manipulated by the Maduro regime.

• UNHCR and the governments of Colombia, Brazil and Trinidad, as well as other neighboring countries must prepare for Venezuelan refugee crisis and develop a Venezuelan Refugee Assistant Project.

• The US Southern Command should coordinate with security forces in neighboring countries, as armed illegal groups, cartels, and guerrillas gain strength raise the specter of increased transnational crime.

• The U.S. must improve negotiations with the Maduro regime’s last remaining global partners—China and Russia, to draw them into a common effort to end the dictatorship.

Presidentes y Ex Presidentes Enjuiciados en Latinoamérica

La lista de Presidentes o Ex Presidentes Latinoamericanos que han sido denunciados o enjuiciados por corrupción es larga, e incluye diversos casos de presidentes en ejercicio. No importa si son de izquierda o derecha, si crecieron humildes o son empresarios ricos, todos han sucumbido a los encantos del poder y se han enriquecido o han enriquecido a sus amigos y familiares.

Procesados e investigados en sus países:

Brasil llevo adelante un procedimiento de juicio político de “impeachment” y la consecuente destitución de la expresidenta Dilma Rousseff el 31 de Agosto de 2016. Similar destino en el mismo país lo tuvo Fernando Collor de Mello, cuyo impeachment fue aprobado por el Senado el 2 de octubre de 1992 y su renuncia el 29 de diciembre de 1992 y perdió sus derechos políticos por ocho años al haber sido declarado culpable de lavado de dinero y tráfico de influencias. Por el escándalo de corrupción de la operación Lava Jato también se encuentra investigado el ex presidente Luis Ignacio (lula) da Silva, el líder del Partido de los Trabajadores enfrenta cinco procesos derivados del caso. Por otro lado hay diversos medios en Brasil que han adelantado informacion de posibiles financiamientos desde Venezuela para la reelección de Lula. El actual presidente Michel Temer se salvó, gracias a la manipulación política, del enjuiciamiento. Otros expresidentes han sido mencionados dentro de la trama de Odebrecht.

En Venezuela Carlos Andrés Pérez en su segundo mandato fue acusado de malversación de fondos por apoyo a la estabilidad democrática en Nicaragua y la Corte Suprema dio trámite al antejuicio o “impeachment” el 20 de mayo de 1993 y el Senado suspendió al presidente mientras duraba el proceso, siendo destituido el 31 de agosto de 1993. Pérez había salido ileso de un fallido antejuicio en el Congreso en 1978 por el caso Sierra Nevada. Otro expresidente que se salvó de ser enjuiciado por corrupción fue el expresidente Jaime Lusinchi, en 1989 se le abren dos casos de corrupción con suficientes pruebas y este escapa a Costa Rica donde se residencia y elude la justicia hasta la prescripción de los casos. El Ex Dictador de Venezuela, Marcos Pérez Jiménez, a su salida del poder en 1958 fue enjuiciado pero se encontraba exiliado en España donde murió unas décadas después.

En Colombia Ernesto Samper Pizano fue acusado de recibir 3.7 millones de dólares del cártel de Cali para financiar su campaña y en 1995 se le trato de enjuiciar, pero Samper manipulo sus aliados en el Congreso para ser absuelto, pero a todos sus complices se les encontro culpables. En varios medios se ha especulado de la relación entre el presidente Juan Manuel Santos y le empresa Odebrecht, hay una investigación abierta en el Ministerio Público.

En Chile, luego de su arresto por 17 meses en Londres por una orden de captura de España en el año 2000, el ex dictador de Chile, Augusto Pinochet, volvió a Chile en marzo de 2001 y se inicia un proceso en su contra en el Congreso y en tribunales chilenos que seguiría hasta el día de su muerte y evita la prisión a través de argucias legales y su posterior enfermedad. La corrupción ha estado cerca del entorno de la Presidenta Michelle Bachelet con el caso contra su hijo.

En Paraguay, Fernando Lugo, luego de una masacre por enfrentamiento entre campesinos y policías, es destituido por mal ejercicio de sus funciones el 22 de junio de 2012 por el Congreso Paraguayo. Ya el 28 de marzo de 1999 existía el precedente cuando el presidente Raúl Cubas, para evitar el juicio, renuncia después de meses de conflicto abierto con los poderes legislativo y judicial a raíz de su decisión de liberar y rehabilitar al general golpista Lino Oviedo. El expresidente de Paraguay Federico Franco han sido investigados por la Fiscalía Paraguaya por supuestos actos de corrupción.

Otto Pérez Molina en Guatemala, luego de una investigación de la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Guatemala (Cicig) y el Ministerio Publico sobre el escándalo de corrupción llamado la Línea, es separado del Cargo y autorizado su enjuiciamiento el 1 de septiembre de 2015 y este renuncia el día después. Alfonso Portillo expresidente de Guatemala entre 2000 – 2004 fue acusado de conspiración por lavado de $70 millones.

En Ecuador, Abdalá Bucaram el 7 de febrero de 1997, con 44 votos a favor, 34 en contra y dos abstenciones, el Congreso unicameral de aquel país declaró que Bucaram estaba mentalmente incapacitado para gobernar. Jorge Jamil Mahuad, fue presidente del 10 de agosto de 1998 al 21 de enero de 2000, responsable de la crisis financiera en Ecuador de 1999 y la quiebra de numerosos bancos que llevaron a numerosas protestas de calle y un posterior golpe de estado encabezado por el coronel Lucio Gutiérrez. Mahuad escapa de Ecuador hacia Estados Unidos (donde vive actualmente) y en un juicio en ausencia fue sentenciado en el 2013 a 12 años de prisión por el delito de peculado y su sentencia fue reducida luego de su apelación en el 2017 a 8 años de prisión. Similar destino ocurrió a Lucio Gutiérrez, famoso por la rebelión del 21 de Enero y juramentado a la presidencia el 15 de enero de 2003 luego de unas elecciones pero enjuiciado por el Congreso de Ecuador y removido del cargo. Gutiérrez decreta el 15 de abril de 2005 un estado de emergencia, destitución de Jueces de la Corte Suprema de Justicia y suspensión de derechos constitucionales, ello incrementa la violencia de las protestas, saqueos y malestar generalizado. El Congreso Nacional de Ecuador el 20 de abril de 2005 decidió la destitución de Lucio Gutiérrez, basados en una cláusula de la Constitución que permitía al Congreso remover al presidente del país por “abandono del cargo”, justificando su decisión en que, Gutiérrez, al haber ordenado el cese de funciones de los magistrados de la Función Judicial, había intervenido en otro poder del estado, por lo que había violado la Constitución y roto el orden constitucional, decisión que fue ratificada por la Procuraduría General del Estado. Espera su turno Rafael Correa, ya su ex vice presidente y colaborador,  Jorge Glas,se encuentra bajo juicio.

En Panamá, un juicio en Estados Unidos y una posterior invasión, llevaría al final de la dictadura del dictador Manuel Antonio Noriega y su posterior encarcelamiento el 20 de diciembre de 1989. El expresidente panameño Ricardo Martinelli se encuentra detenido por corrupción. Asimismo la expresidenta de Panamá Mireya Moscoso quien gobernó ese país entre 1999-2004 fue investigada en el año 2004 por la justicia panameña por el uso de partidas secretas durante su gobierno y el destino de 45 millones de dólares donados por Taiwán.

El salvadoreño Mauricio Funes, se encuentra prófugo de la justicia y escondido en Nicaragua, y su predecesor Antonio Saca ha sido acusado de dirigir una red que habría lavado 246 millones de dólares durante su gobierno (2004-2009) y de enriquecerse ilícitamente en casi cuatro millones. El también ex presidente Francisco Flores, antes de su muerte fue investigado por el paradero de varios millones donados por Taiwán.

El expresidente de Nicaragua que gobernó ese país entre 1997 y 2002, Arnoldo Alemán, fue condenado a 20 años de cárcel en el año 2003 por los delitos de lavado de dinero, fraude, malversación de fondos del Estado. En el 2009 fue sobreseído definitivamente de los delitos que se le acusaban gracias a su colaboración activa con la dictadura de Daniel Ortega en lo que ha sido llamado el pacto Ortega-Alemán. Otro de los expresidentes que ha sido investigado por delitos de corrupción fue el expresidente Enrique Bolaños que gobernó Nicaragua entre el 2002-2007 a quien la Fiscalía de ese país lo acusó de malversación fondos del erario público sin haber podido probar ninguna malversación. lamentablemente el gran corrupto de Nicaragua se encuentra en el Poder. Daniel Ortega merece sin duda pagar por sus crimenes.  Daniel Ortega ha sido señalado en numerosos casos de corrupción, aprovechamiento de fondos públicos y manejo del estado como una gran hacienda a su nombre. Diversas dudas existen sobre los fondos que han llegado de Venezuela y la posibilidad de que han pasado a sus cuentas personales y de sus familiares.

En Perú, tras meses de protestas en el Parlamento y en la calle, el presidente Alberto Fujimori renuncia al cargo desde Japón el 19 de Noviembre de 2000, tras diez años en el poder. A su regreso a Perú extraditado desde Chile, Fujimori es condenado a prisión por corrupción y por violaciones a derechos humanos. El escándalo de Odebrecht se encuentran enjuiciados en Perú el ex presidente Ollanta Humala y su esposa, Nadine Heredia, asi como el ex presidente Alejandro Toledo. Pero al mismo tiempo han sido mencionados el ex presidente Alan García, la ex candidato Keiko Fujimori y el actual presidente Pedro Pablo Kuczynski se ha salvado recientemente de ser removido por una negociación política que llevo al perdón y liberación de Alberto Fujimori. Ya Alejandro Toledo y Alan García, fueron investigados por la Fiscalía y la Procuraduría Anticorrupción de ese país acusados por el supuesto delito de corrupción.

Un expresidente Hondureño se encuentra detenido en Estados Unidos, el 28 de marzo del 2016, el expresidente de Honduras Rafael Callejas (1990-1994) se declaró culpable de participar en una trama de sobornos en la Concacaf cuando dirigía el futbol de su país. Se ha especulado mucho de los vínculos de los familiares de Mel Zelaya con grupos del Narcotráfico pero su salida del poder en el 2009 fue por un Golpe de Estado al haber este intentado violar la constitución y forzar su reelección.

En Argentina, el 19 de diciembre de 2001 el presidente Fernando de la Rúa renuncia al cargo en medio de un fuerte estallido social por una grave situación económica. El también ex presidente Carlos Menem (1989-1999) fue condenado a siete años de prisión por corrupción y tráfico de armas. Por otro lado la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015) está procesada por administración fraudulenta y lavado de activos de origen ilícito y negocios incompatibles con sus funciones, entre otros actos de corrupción.

En Bolivia, luego de numerosas protestas y abusos de cuerpos de seguridad, el presidente Gonzalo Sánchez de Lozada dimite y abandona el país el 17 de octubre de 2003.

El expresidente costarricense Miguel Ángel Rodríguez que fungió como jefe de Estado entre 1998 y 2002 fue condenado a 5 años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos durante 12 años, por haber recibido $14 millones de dólares de la empresa de telecomunicaciones ALCATEL a cambio de contratos públicos. Su juicio afectó su nombramiento como Secretario General de la OEA y en su lugar nombraron José Miguél Insulsa. El también ex presidente costarricense Rafael Ángel Calderón fue hallado culpable de beneficiarse con 440.000 dólares en un negocio de equipos médicos.

En México Luis Echeverría (1970-1976), el único exmandatario de la historia moderna mexicana que enfrentó los tribunales, fue acusado de genocidio por dos hechos históricos: la matanza de Tlatelolco y el ataque armado a estudiantes conocido como El Halconazo. En el 2006, a los 84 años, fue detenido por el caso Tlatelolco. Por su edad, le dieron prisión domiciliaria, pero en el 2009 fue exonerado por falta de pruebas. Al actual presidente Enrique Pena Nieto lo han tratado de vincular y enjuiciar por varios casos pero no han avanzado. Una investigación ordenada por el mismo Peña Nieto concluyó en que no existió conflicto de intereses y la investigación fue archivada.

Corrupción sin fronteras

Los “Papeles de Panamá”, los “Papeles del Paraíso”, el escándalo Odebretch y lo que pareciera ser el mayor escándalo de todos que es los papeles de PDVSA y el uso de los bancos, fondos e industria petrolera de Venezuela como una maquina regional y global de lavado de dinero proveniente de la droga, del terrorismo y de actividades de corrupción y numerosos políticos, gobernantes, empresarios y financistas vinculados a este escándalo, no solo en Venezuela sino en diversos países.

Odebrecht traerá sin duda muchos más casos de Presidentes y Ex Presidentes investigados y enjuiciados, otro gran escándalo serán los “Papeles de PDVSA” donde muchos gobiernos que se han aprovechado de los fondos de Venezuela estarán investigados por su relación con el lavado de activos del narcotrafico, la corrupción y multimillonarias sumas de sobornos.

No tienen como explicar su relación con Odebrecht o con Chávez-Maduro los Expresidentes de Republica Dominicana y su actual Presidente y algunos de sus ministros o los gobernantes de diversas islas del caribe y en particular la corrupción de Daniel Ortega y sus allegados con los recursos de Venezuela y Albanisa. Que decir de El Salvador y las relaciones de corrupción con Albapetroleo o el FMLN y las FARC. de igual forma las relaciones con grupos de carteles de droga y con operaciones de la FARC o del ELN.

Juicios a Presidentes o Ex Presidentes Latinoamericanos en otras jurisdicciones

Uno de los famosos casos de juicios en otras jurisdicciones a dictadores y violadores de derechos humanos se dio con el exdictador de Chile Augusto Pinochet el cual fue enjuiciado en España, en 1998, por delitos de genocidio, terrorismo y tortura, declarándose la competencia de la jurisdicción española en virtud del principio de justicia universal. El juez de la Audiencia Nacional de España, Baltasar Garzón, admite la denuncia y procede a solicitar su detención en Inglaterra (donde se encontraba Pinochet realizándose una operación de hernia discal lumbar) el 10 de octubre de 1998. Iniciaba así la persecución del hombre que persiguió a miles de chilenos. La Audiencia Española también ordeno el bloqueo de cuentas de Pinochet en diversos países. Diversos gobiernos sumaron peticiones de extradición a Pinochet para tratar de enjuiciarlo. Pese a que un tribunal británico ordena la extradición a España de Pinochet para que fuera enjuiciado, la manipulaciones legales, las mentira médicas y la manipulación política logra que sea enviado es a Chile. Pero lo interesante es que Pinochet paso 17 meses perseguido, no pudo salir de Inglaterra y escondido en una clínica para que no lo metieran en un calabozo común y al regresar a Chile se le abrió un proceso judicial que sin el juicio internacional hubiera sido imposible, el gran hombre imbatible de Chile, el dictador, pasaría el resto de sus días defendiéndose y escondiéndose en clínicas y fingiendo enfermedades para evitar la justicia y sin poder salir más nunca de Chile.

También relacionado con Pinochet, tenemos el caso de la aplicación de la Ley Patriota en Estados Unidos y el “caso Riggs”. Luego de una denuncia del Washington Post, el día 14 de julio de 2004, sobre las dudosas cuentas de diversos dictadores y terroristas y la investigación que adelantaba el Subcomité Permanente de Investigación del Senado de los Estados Unidos, sobre “movimientos sospechosos en el Banco Riggs”. Los movimientos de cuentas revelaron que el exdictador chileno Augusto Pinochet habría mantenido varias cuentas secretas con millones de dólares en el banco Riggs desde 1994 estimadas en 27 millones de dólares, con una inusual movilización de transferencias en 1998 tratando de evadir el bloqueo de cuentas exigido por la Audiencia Española. A partir de entonces, empezaron a aparecer numerosas investigaciones en la prensa nacional chilena, sobre las diversas cuentas, empresas ficticias e inversiones millonarias que Pinochet mantenía en el extranjero. Gracias a la denuncia del Washington Post y la actuación del Senado de los Estados Unidos, muchos medios de Chile recogieron la noticia y el Consejo de Defensa del Estado de Chile entabló una querella contra Augusto Pinochet el 21 de julio de 2004, cuyo juicio seguiría hasta su muerte en diciembre de 2006.

Otro caso interesante ha sido el de la investigación y el escándalo “FIFAGATE”, en el cual el Expresidente de Honduras Rafael Callejas ha sido enjuiciado y condenado. El tribunal dictara su pena en abril de 2018, pero se encuentra en prisión en Estados Unidos.

El gran hombre “fuerte” de Panamá, Manuel Antonio Noriega murió luego de pasar muchos años en prisión por sus crímenes. En febrero de 1988, en las ciudades de Tampa y Miami en Florida, EE. UU., luego de varias denuncias de la relación de Noriega con el Cartel de Medellín y de que este asesinara a algunos de los denunciantes, inicio un juicio donde fueron presentados cargos formales por narcotráfico y narcolavado contra el entonces dictador Manuel Noriega. De igual forma los Estados Unidos inicia un bloqueo abierto contra Panamá que agrava la situación económica del país. En lugar de reflexionar y buscar una salida a la crisis, el dictador declara la guerra a los Estados Unidos y el 19 de diciembre de 1989 Estados Unidos invade Panamá. Noriega es llevado a los Estados Unidos y en 1992 fue juzgado en los Estados Unidos y condenado a una pena de 40 años de prisión. Francia también le abre un juicio de blanqueo de dinero por Narcotrafico y lo condenan en 2010 a siete años de cárcel por blanquear dinero del narcotráfico. Luego lo extraditan a Panamá en diciembre de 2011 donde se le continúan los procesos por numerosos crímenes y muere el 29 de mayo de 2017.

Son diversos los casos del uso de tribunales internacionales para juzgar a narcotraficantes, terroristas y presidentes en ejercicio. La legislación de Estados Unidos lo permite por violaciones a derechos humanos, en casos de narcotráfico y en otros casos. No nos extrañemos de ver pronto a Nicolás Maduro, sus ministros, sus militares y otros de sus cómplices de Venezuela con causas abiertas en tribunales de Estados Unidos o de otros países por narcotráfico, lavado de dinero y violaciones de derechos humanos.

Ya el proceso de sanciones contra Nicolás Maduro, su Vice Presidente, sus Ministros, testaferros, militares y colaboradores en Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea abre un camino para lo que debe ser el próximo paso que son los juicios en cortes federales.

Ello sin dejar afuera la posibilidad del caso ante la Corte Penal Internacional. Con solamente que un estado parte del estatuto de Roma haga la rogatoria, veremos a Maduro enjuiciado.

Estos dictadores se sienten vulnerables cuando tienen un juicio abierto y bajo requerimiento del tribunal pueden ser detenidos y extraditados de cualquier país donde se tengan acuerdos de extradición.

Si duda la lista se extiende y demuestra la tentación del poder y la debilidad ante la corrupción en las altas esferas. Juicios internos e internacionales para muchos/as. Por supuesto que el gran criminal y narcotraficante Nicolás Maduro y sus secuaces terminaran enjuiciados, no me queda duda de ello, ahora o en un tiempo, pero su destino es la carcel.