OPINIÓN | Contratistas hacen fiesta en la cocina con los $4 billones de Biden para Centroamérica
La innovación y mejora de capacidad productiva de los países es a lo que se debe apuntar, pero no con dádivas y regalos de fondos públicos a procesos ineficientes o empresarios cómplices.
Por Dr. Carlos Ponce | Senior Lecturer, Columbia University - Senior Fellow, Victims of Communism Memorial Foundation | @ceponces
Una nueva crisis migratoria en la frontera de los Estados Unidos, un nuevo viaje de funcionarios del gobierno a Centroamérica y las gríngolas siguen afectado la visión para lograr mejores políticas públicas.La política exterior de Estados Unidos ha demostrado ser poco planificada y con mentalidad a muy corto plazo, eso lleva a repetir los errores una y otra vez. Las malas políticas de corto plazo traen muchas veces errores e impactos negativos a largo plazo. Ese es el caso de la política migratoria y el desarrollo de las políticas e iniciativas de varias administraciones con respecto al tema de los migrantes centroamericanos.
La combinación de funcionarios de gobierno improvisados, politiqueros de oficio en el Congreso o en muchas organizaciones, los gobiernos corruptos de Centroamérica y de postre los vampiros de fondos de cooperación o “Beltway Bandits”, han hecho de la tragedia de muchas familias un gran caos.
Varios de los grandes problemas es el sistema político-económico de los países centroamericanos son unos empresarios desalmados acostumbrados a vivir del estado, la inexistencia del estado de derecho y la falta de incentivos a la producción y la innovación, todo eso combinado con una élite política corrupta y cómplice de la destrucción de estos países y de su incapacidad de recuperarse. En las últimas dos décadas, Guatemala ha pasado de pseudo progresistas fracasados a ex militares corruptos, payasos ineptos y ahora un empresario incapaz, todos cobijados bajo banderas de corrupción y relaciones con grupos poderosos del narco-lavado. De Honduras, peor revisión histórica, más de dos décadas de presidentes corruptos con conexiones con el narcotráfico, ineficiencia y destrucción. El Salvador se ha debatido entre derechas, izquierdas y el oportunista autoritario que ahora gobierna. En lo que respecta a Daniel Ortega en Nicaragua, no haberlo enjuiciado más de tres décadas atrás ha tenido el precio de estos lodazales en los que se ha hundido el país entre represión y miseria.
La respuesta del presidente Biden a la tragedia de la frontera hasta el momento ha sido similar a la de las administraciones anteriores: una mirada de corto plazo. Una de las herramientas favoritas del fracaso ha sido la promesa o inversión de grandes sumas de dinero en supuestos proyectos de mejoras institucionales o de desarrollo. Ya administraciones anteriores fracasaron con el Milenium Challenge Corporation, numerosos programas financiados por USAID y otros, la Alianza para la Prosperidad de la administración Obama-Biden y pare de contar. Billones prometidos o gastados sin ver progreso alguno.
La diplomacia norteamericana tropieza múltiples veces con la misma piedra. A mediados del 2014, la administración del expresidente Barack Obama anunciaba con bombos y platillos la solución para el tema migratorio de Centroamérica, un nuevo plan de impulso al desarrollo económico e institucional de tres países prioritarios en Centroamérica, Guatemala, Honduras y El Salvador. Un programa mediante al cual se procuraba una inversión y trabajo conjunto entre Estados Unidos y esos países en procura de la generación de empleo, impulso del sector productivo, mejoras del capital humano, atención al tema de control migratorio, reducción de la violencia, fortalecimiento y reformas institucionales en temas de seguridad y justicia. Me tocó ver desde afuera como una de las contratistas o empresas de desarrollo (se les llama popularmente “Beltway Bandits”), implementaba uno de los programas en Honduras. En Honduras, luego de un año de implementación del programa y de haber invertido un cuarto del presupuesto millonario, una de esas empresas no había ni siquiera arrancado las actividades de reformas institucionales para la reducción de la violencia, habían solo invertido en personal, oficina, gastos administrativos y eventos. Cuando les pregunté a las instituciones que debían ser reformadas lo que encontré es que nunca fueron consultadas y que era una imposición de unas actividades y consultores. Luego de varios años de implementación de ese programa en particular, no hubo ningún resultado, fue puro gasto de los fondos (“burning-rate”) y cumplimiento de falsos indicadores que miden solo lo que a ellos le conviene, y no el impacto real. Numerosos fracasos en Honduras, El Salvador y Guatemala, sin cambios trascendentes en esos países. El gobierno del expresidente Donald Trump, sin haber evaluado los errores o aciertos en la implementación de estos 370 proyectos, y por motivos netamente políticos, decide “castigar” a los países del Triángulo Norte, por su poca efectividad controlando la migración, suspendiendo la ayuda en su primer año de gobierno. Nuevamente no existieron responsables del fracaso del programa ni seriedad en la toma de decisiones.
La Oficina para la Transparencia de Estados Unidos (United States Government Accountability Office) en su informe al Congreso en septiembre de 2019, GAO-19-590, encontró la falta de medición comprehensible y efectiva del impacto de los proyectos implementados en el Triángulo Norte desde el 2013 al 2018, unos 370 proyectos por más de $2.4 billones de dólares sin medir el impacto real.
Son décadas de fracasos, la oficina de USAID en Honduras opera desde 1961 y ha gastado mas de 3 billones de dólares, más lo invertido por la iniciativa del Milenio, inversión en formación de seguridad de otras agencias, Departamento de Estado y si sumamos la cooperación de la Unión Europea, Canadá y otros países a Honduras, hablamos de muchos BILLONES de dólares. Pensar que Honduras es un pequeño país de 9 millones de habitantes, y pensar que el plan de reconstrucción de toda Europa de post-guerra mundial o Plan Marshall costo $15 billones de dólares, eso representa una de las peores inversiones del Gobierno de los Estados Unidos y de la comunidad internacional. En Guatemala hablamos de una oficina de USAID operando desde 1950. Los grandes problemas detrás de este desangre del dinero de los contribuyentes norteamericanos son: la falta de planificación a largo plazo, la falta de memoria histórica, la incapacidad de sancionar la ineficiencia, los falsos indicadores de resultados y un sistema corrupto de la cooperación internacional que se aprovecha del sufrimiento humano.
Numerosos contratistas y ONGs hacen fiesta en la cocina cuando se anuncian las nuevas “políticas”, pues pensar que se quedarán en gastos, consultorías y administración por lo menos $2 billones de los $4 billones que Biden ha ofrecido a Centroamérica es una gran fortuna. Basta caminar por Washington, DC o sus alrededores para ver los edificios o complejos de edificios de estas consultoras o pseudo organizaciones sin fines de lucro. Muchos mencionan la necesidad de $10 billones o más para atender el tema migratorio y de los países del Triángulo Norte; la realidad es que las contratistas y falsas ONGs hacen fiesta y celebran cuando mencionan esos números porque al final serán las que “administren”, cobren “overhead” y se queden en sus bolsillos el cincuenta por ciento o más de esos fondos. No hay funcionarios responsables, no hay empresas u organizaciones culpables de la ineficiencia y no hay memoria histórica, solamente la obsesión por el “burning rate” o quemado del dinero, que es la forma de medir la inversión social, determinar cuanto gastas e inventar unos falsos indicadores para decir que han tenido impacto. La gran piñata con el sufrimiento humano.
Nuestros diplomáticos y especialistas en política internacional no terminan de entender que, no es el dinero, porque al final termina en las manos de Rent-Seekers o de narco-gobiernos corruptos; no son malas refacciones o parches de corto plazo, no son discursos, no son muros y no es mano dura. Lo que se necesita es revisar las causas de problema y buscar soluciones sistémicas.
Si en efecto, el tema de los menores no acompañados, la crisis en los centros de detención migratorios, las condiciones de la frontera y otros problemas urgentes necesitan atención, pero también se necesita ir a raíz del problema.
Yo escribí en el Tiempo Latino un artículo en noviembre de 2020 alertando de lo que seria la gran oleada migratoria de comienzos del 2021, era simple: varios huracanes y tormentas arrastraron las zonas agrarias productivas, COVID-19 y gobiernos ineptos/corruptos, la suma de esos elementos es pobreza y desesperación. No terminan de entender nuestros políticos y funcionarios de gobierno que la pobreza y carencia de oportunidades es lo que ocasiona estas olas migratorias. Nadie quiere migrar por gusto de su país de origen y arriesgarse a ser violado, robado y asesinado en el camino.
Ha sido las restricciones a las visas de trabajo temporales una de las mayores razones para que los inmigrantes decidieran quedarse en los Estados Unidos y no volver a sus países, y es uno de los mayores errores en la definición de estrategias para controlar el tema de las fronteras. Nadie quiere quedarse en el frio terrible del invierno, nadie quiere abandonar a sus familias por décadas, nadie quiere volverse un ilegal. Darles opciones a los migrantes de trabajar en las áreas donde hay mayores necesidades productivas en Estados Unidos y regresar a sus países por espacios de tiempo con la posibilidad de volver la siguiente primavera-verano, puede ser una forma de lograr que se generen oportunidades económicas para aquellos que migran por motivos netamente económicos. Otros migrantes escapan de la violencia, pero esos no son la mayoría de migrantes.
El tema de la violencia es un tema también de la inexistencia del estado de derecho y haberse convertido estos países en tierra de nadie. Una estrategia conjunta de seguridad que vaya más allá del financiamiento militar y sirva para fortalecer las comunidades.
Por otro lado, es a la innovación y mejora de capacidad productiva de los países es a lo que se debe apuntar, pero no con dádivas y regalos de fondos públicos a procesos ineficientes o empresarios cómplices. Es mejorar la educación y los procesos de innovación en los jóvenes y el desarrollo de una nueva generación emprendedora y darles las herramientas para avanzar en sus procesos productivos. Es pensar en la gente y no en los contratistas. Seguir pensando que con unos millones de dólares se logra el compromiso de gobiernos corruptos de reformar las instituciones que al final los protegen es una ilusión. Se debe trabajar con los dueños del circo y no con los payasos; la discusión debe ser abierta con los empresarios de Honduras, Guatemala, Nicaragua y El Salvador, para que dejen de proteger a funcionarios y sistemas corruptos, la falta de cooperación debe ser castigada con sanciones y la colaboración premiada con inversión.
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