Publicado en Justicia Viva, Julio 2012 Dr. Carlos E. Ponce S.
El 24 de Julio pasado una vez más el gobierno de Venezuela anunció su retiro del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, en efecto lo ha anunciado unas 17 veces en los últimos 9 años. De hecho cada vez que la Comisión o la Corte Interamericana emiten alguna recomendación, comunicado o fallo que involucre a Venezuela, de inmediato surge la amenaza del retiro del sistema. El 30 de abril de este año se emitió la misma amenaza y el Presidente Hugo Chávez encomendó al Consejo de Estado a revisar el procedimiento para el retiro de Venezuela del Sistema Interamericano.
Si bien el gobierno autoritario de Venezuela ha recibido diversas denuncias y hay diversos casos pendientes ante la CIDH, la razón real del posible retiro del Sistema Interamericano es la impunidad; el gobierno de Hugo Chávez sabe que actúa con total impunidad en las acciones que comete dentro de Venezuela por lo que no le interesa ningún tipo de posibilidad de responsabilidad por las violaciones a los derechos humanos que se vienen cometiendo. En palabras del presidente Hugo Chávez: "Ya basta. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo nosotros vamos a estar con esa espada de Damocles?". En efecto es una espada de Damocles por la posibilidad de seguir documentando las violaciones sistemáticas a los derechos humanos en Venezuela. No hablamos sólo del retiro del Sistema Interamericano, este sería sólo el primer paso, ya la Fiscal General de la Republica, Luisa Ortega Díaz, ha recomendado el retiro de Venezuela de la Corte, las Comisión y especialmente denunciar el Estatuto de Roma para retirar a Venezuela de la Corte Penal Internacional, cosa que es difícil, pero la idea es la impunidad.
El dictamen de la Corte Interamericana dos semanas atrás en el caso Díaz Peña vs Venezuela del 26 de Junio de 2012, que enfureció a Hugo Chávez, simplemente estableció que Venezuela es "internacionalmente responsable por la violación del derecho a la integridad personal y por los tratos inhumanos y degradantes en perjuicio" de Raúl José Díaz Peña durante su reclusión de seis (06 años). Según los jueces, las condiciones de encarcelamiento a los que fue sometido eran "sumamente deficientes" por "la falta de acceso a la luz y ventilación natural" y el encierro nocturno, y porque los servicios médicos "no se prestaron de manera oportuna, adecuada y completa", lo que contribuyó al deterioro de su salud. Díaz Peña, de 38 años, fue condenado a nueve años de cárcel acusado de participar en atentados terroristas ocurridos en 2003 contra la embajada de España y el consulado de Colombia en Caracas, pero realmente no fue juzgado por terrorismo sino por delitos comunes. Díaz Peña ha negado cualquier vinculación con actividades terroristas y asegura ser víctima de persecución del gobierno por sus posiciones políticas. De hecho el caso, de acuerdo a sus abogados, presentó diversos vicios como el extravío del expediente, la no presentación de pruebas, la sospecha de que fueron agentes del gobierno quienes pusieron las bombas por el uso de C-4 (explosivo militar), entre otras “extrañas” circunstancias.
Independientemente de la inocencia o culpabilidad de Díaz Peña, lo cierto es que el sistema judicial en Venezuela esta controlado directamente por el Poder Ejecutivo, actuando los jueces, fiscales y defensores públicos como focas aplaudiendo al gran líder. En otros casos muy sonados en Venezuela como el de la jueza María de Lourdes Afiuni, quien lleva desde el 17 de diciembre del 2009 detenida por orden directa del Presidente Hugo Chávez, sin juicio y sometida a diversos tratos denigrantes; o de muchos otros que “disfrutan” de la justicia bolivariana, se aprecia los tratos denigrantes y lo injusto del sistema. La Corte Interamericana simplemente hace un llamado para que esta situación mejore.
Pero para un Estado que es simplemente una hacienda propiedad de un individuo, todo lo que no apoye y aplauda es considerado una afrenta mortal. Para el presidente Chávez: "Ha vuelto la inefable llamada Corte IDH a atropellar a Venezuela, a atropellar el derecho internacional y a ofender la dignidad de todo un pueblo", eso por simplemente recomendar la Corte que el Gobierno de Venezuela “adopte las medidas necesarias para que las condiciones de detención en el control de aprehendidos, actualmente Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN) se adecuen a los estándares internacionales relativos a esa materia”. La pregunta lógica es: ¿quién está realmente atropellando al derecho internacional?
Para los venezolanos es normal que Hugo Chávez decida retirarse sin análisis de acuerdos regionales, como lo ha hecho con la Comunidad Andina cuando peleó con Toledo y Uribe o el retiro del Centro Internacional de Disputas de Inversiones (CIADI) porque Venezuela simplemente ha venido expropiando empresas extranjeras sin procedimiento o compensación, y por supuesto el Gobierno de Hugo Chávez viene amenazando durante los últimos 8 años de su intención de retirarse de la OEA.
A nivel de los impactos en Venezuela del posible retiro de Venezuela del Sistema Interamericano, realmente lo que se pueden es incrementar las violaciones por no existir el temor a la observación regional, pero en la práctica el gobierno viene impunemente ignorando las decisiones de la Corte o de la Comisión por ya casi una década. En el caso de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos son ya 9 años de denunciar su supuesta parcialidad y de conspirar contra el sistema. El Gobierno de Chávez incluso reconoce que negoció con José Miguel Insulza su voto y apoyo para la Secretaria General de la OEA con la condición de controlar la CIDH. La escusa de Venezuela para no permitir la visita de la Comisión Interamericana a Venezuela era: Santiago Cantón; ahora ya hay un nuevo Secretario Ejecutivo y ahora alegan una confabulación entre la Corte y la Comisión contra el “pobre gobierno de Venezuela”.
En cuanto a los impactos regionales, lo primero sería ver que Venezuela efectivamente se retire del Sistema Interamericano, hasta ahora sólo Trinidad y Tobago ha sido efectivo en ese cometido, porque Perú simplemente dejó de participar pensando que así no sería responsable. Ello le traería impactos a nivel de la violación de las clausulas democráticas de Mercosur, Celac y Unasur. De retirarse, el problema se encuentra en que le sigan los gobiernos autoritarios de Ecuador, Bolivia y Nicaragua, pero ya en la oportunidad del intento de destrucción de la Comunidad Andina no logró ese cometido. Realmente pareciera una nueva amenaza al Sistema para que se maneje con cuidado con respecto a los casos relativos a Venezuela.
No hay gobierno que dure para siempre y precisamente destruir o salirse del Sistema Interamericano puede ir en contra de los que ahora son Gobierno en Venezuela, porque será el mejor mecanismo de proteger sus derechos.
No comments:
Post a Comment