Saturday, October 24, 2020

¿Avanza Estados Unidos hacia un modelo político y económico Socialista?

OPINIÓN | ¿Avanza Estados Unidos hacia un modelo político y económico Socialista?

El “socialismo” o lo que los entrevistados asumen por ese término, es un modelo favorable para un 40% de los encuestados por Victims of Communism Memorial Foundation (VOC)

Publicado/Published El Planeta/El Tiempo Latino  October 23, 2020

Dr. Carlos Ponce - Académico de Columbia University, Senior Fellow de Victims of Communism Memorial Foundation


Ha sido publicada la nueva encuesta de la organización Victims of Communism Memorial Foundation (VOC) sobre las preferencias de la sociedad norteamericana sobre el socialismo, comunismo y el colectivismo (U.S. Attitudes Toward Socialism, Communism, and Collectivism). Esta encuesta procura evaluar las preferencias de la población mayor de 16 años sobre modelos políticos y económicos, mediante la entrevista directa a 2 mil 100 estadounidenses.

La encuesta refleja que el término "capitalismo" todavía se considera más favorable, pero ha venido disminuyendo ligeramente en cuanto a las preferencias de modelos económicos. En general, el término "capitalismo" se considera mucho más favorable que los términos que describen a otros sistemas económicos, sin embargo, ha tendido a disminuir en 6% desde el 2018 cuando un 61% de los encuestados indicaba que era su modelo de preferencia, contra un 55% en el 2020.

En cuanto al “socialismo” o lo que los entrevistados asumen por ese término, es un modelo favorable para un 40% de los encuestados, un crecimiento del 4% desde el 2019. En particular ha crecido entre la llamada generación Z (16-23 años) en 9 puntos, generación X (40-55 años) en 6 puntos, y los baby boomers (56-74 años) en 5 puntos.


Un gran porcentaje de los que se consideran socialistas opinan en un 53% que se les insulta si les llaman “marxistas” y 67% se sienten insultados si se les llama “comunista”, en este último caso el porcentaje que opina esto ha subido 6 puntos desde el 2019.

La encuesta revela un dato preocupante, la favorabilidad del término “marxismo” está disminuyendo entre los millennials (24-39 años) y aumentando para la generación Z. El “marxismo” todavía tiene la mayor preferencia entre la generación Z (30%) y los millennials (27%), en comparación con otras generaciones. Sin embargo, la favorabilidad del “marxismo” ha bajado 9 puntos para los millennials, mientras que ha subido 6 puntos para la generación Z desde 2019. El 26% de la generación Z cree que el marxismo se parece más a un estado totalitario que suprime la libertad de sus ciudadanos, en comparación con el 72% de la generación silenciosa (mayores de 75 años) y 58% de los boomers.

En general, el 85% dice que sabe al menos un poco sobre socialismo. Sin embargo, el 68% de los estadounidenses no define el socialismo como el gobierno y no entiende los términos de control estadal y de controles económicos y sociales.

El problema no es la búsqueda de una sociedad mas igualitaria o el sentido de justicia social dentro del discurso socialista, es el populismo que surge de la dialéctica lo que representa un riesgo para la sociedad estadounidense. Los extremismos de izquierda y derecha son peligrosos para toda sociedad, representan gríngolas divisorias que traen la ineficiencia de los gobiernos, violencia y la pérdida del sentido de comunidad.

El segundo problema es el abuso del mensaje socialista para esconder ineficiencias de políticos incapaces. Bajo las banderas del gasto social se esconden múltiples ineficiencias y corrupción en el manejo de programas sociales y beneficios colectivos. La alternativa a la ineficiencia siempre resulta en políticas erradas de incremento de impuestos supuestamente a los más ricos, pero la realidad es que los más ricos no pagan impuestos porque se protegen con estructuras financieras internacionales que les dan la posibilidad de un máximo de 15% impositivo antes de descuentos por deudas y pérdidas. Al final es la clase media trabajadora la que tiene que pagar todas las ineficiencias de los sistemas burocráticos y del populismo de políticas sociales mal elaboradas. Sistemas de salud a medias que resultan al final más costosos, rentseeking estructural, abusos de operadores de programas sociales, estructuras de redistribución que son abusadas por los que menos las necesitan, estafas con programas gubernamentales… y para usted de contar.

La piñata del COVID-19 que benefició más a los campos de golf que a familias más necesitadas es una prueba de los errores de diseño de las políticas públicas. La intervención del estado no es garantía de éxito en sistemas de redistribución.

En Estados Unidos hay una clara percepción de lo injusto del sistema actual. En la encuesta de VOC, más de la mitad (68%) de los estadounidenses piensan que los que más ganan no están pagando su parte justa en impuestos, el 49% dice que un cambio completo de nuestro sistema económico es parte de la solución.

Pero decir que Estados Unidos tiene un modelo 100% capitalista es un grave error, eso representaría una sociedad estructurada solo en el libre mercado, sin ninguna intervención del Estado. Tenemos un gobierno que vigila nuestras actuaciones, que controla la movilidad por motivos de seguridad y que activamente interviene en nuestras libertades. Realmente tenemos un gobierno que interviene en los mercados asignando tasas de interés, que regula el comportamiento de los operadores financieros, que interviene comprando las deudas de hipotecas, que financia programas sociales como el Medicare, Medicaid, Food-Stamps (SNAP), Affordable Care Act, Dissaster Relieve Funds, fondos de desempleo, entre muchos otros.

De hecho, si nos ponemos a calcular, un ciudadano de clase media paga casi el 50% de sus ingresos entre Federal Income Tax, Fica Tax, State Tax, Property Tax, Local Tax, Luxury Tax y Sales Tax. A ellos sumamos nuestras contribuciones con el sector sin fines de lucro con donaciones a las iglesias, organizaciones sociales y organizaciones con causas específicas. En otros países los sistemas de salud y educación universitaria se incluyen dentro de los beneficios del pago de impuesto, en Estados Unidos no sucede esto, así que a todo el arcoíris de impuestos que pagamos debemos sumarle el costo de los seguros de salud (que pagamos directamente o que pagan nuestros empleadores) y los costos de pago de matrícula de los Colleges/Universidades de nuestos hijos. Al final pagamos igual o más en impuestos y gastos supuestamente orientados al funcionamiento del Estado, prestación de servicios y la redistribución social que algunos países que se definen como socialistas.

Después de todo eso, ¿realmente se piensa que estamos en un país 100% capitalista?.

Es interesante en la encuesta cómo una sociedad individualista, usa libremente mensajes colectivistas y cuando le preguntan la mejor forma de solucionar sus problemas, la encuesta de VOC refleja un incremento en 7 puntos desde el 2019 en individuos que confían solamente en sí mismos para solucionar sus intereses (generación Z de 66-77%, millenials 66-82% y Gen X 86-91%). Si bien la preferencia a modelos socialistas crece, la desconfianza hacia el estado está en sus niveles más altos. Pero aun así un 26% de la población se inclina por cambiar el modelo político hacia un socialismo.





La encuesta también incluye las percepciones de diversos sistemas socialistas y comunistas, evaluación de preferencias políticas, así como otros datos muy interesantes.

Claro, lo anterior no quita que estemos en una sociedad que conserva grandes divisiones raciales, inequidades, abusos y desigualdades. Un país con grandes fallas estructurales y deficiencias en los sistemas educativos, así como con problemas en los valores de muchas comunidades. Pero eso no se cambia con el mero discurso político o con mayor intervención del Estado.

Los cambios estructurales no vienen de la mano de canticos, discursos o pintas en las calles; se requiere un cambio del contrato social y de revisar las causas reales de las inequidades. Asumir modelos políticos o económicos no soluciona el racismo. El cambio del discurso de los políticos hacia mensajes más progresistas no soluciona las barreras educativas. Es eliminar el rent-seeking y las ineficiencias en el modelo político-económico actual. No es cobrar más impuestos, lo que necesitamos es que se usen bien los impuestos excesivos que pagamos y se eliminen las trampas fiscales que muchos aprovechan para no pagar nada. Es muy fácil prometer un universo de programas sociales y crear la ficción de que “alguien” pagará, pero ese es el camino claro a seguir con la división actual. Es fácil proteger intereses y prerrogativas de grupos poderosos con discursos religiosos o sembrando el temor en la población.

La ineficiencia de los políticos, no importa si se venden de progresistas o conservadores, en promover políticas publicas adecuadas, en legislar sin priorizar sus intereses y en lograr consensos, no se va a cambiar con discursos ideológicos.

Tuesday, October 13, 2020

Venezuelan Theory of Chaos Against Tyranny

 Published in Spanish at  El Tiempo Latino and El Planeta 10/12/2020:

Teoria del Caos Venezuela ETL

Teoria del Caos Venezuela El Planeta



Venezuelan Theory of Chaos Against Tyranny 

Dr. Carlos Ponce 

Senior Fellow, Victims of Communism Memorial Foundation
Senior Lecturer at Columbia University


The result of two decades of "Socialism of the XXI Century" in Venezuela is a failed country, plagued by corruption, lack of services, hunger, misery, violence, crime, destruction, and on the road to a food catastrophe. A country that forces millions of "walkers" (refugees) to flee seeking to survive walking for days among different countries. A country controlled by drug traffickers, thieves, mafias, guerrillas, and terrorist groups. The communism of Chávez-Maduro and his Cuban puppeteers who achieved the reverse effect of King Midas, transforming an oil-rich country into a calamity. A country without medicines, health services, gasoline, food, running water, communications, and electricity. 

The false egalitarianism to hide a large drug trafficking business, money laundering, mineral trafficking, prostitution, and corruption. A socialist message full of blood of systemic human rights violations. It is no longer only the reports of numerous non-profit organizations in Venezuela and global human rights organizations like Amnesty International or Human Rights Watch, warning of the complete destruction of the democratic model and of the systematic violation of human rights and crimes against humanity. There are also the reports from the Inter-American Commission on Human Rights and recently the harsh report of the Independent International Mission to Determine the Facts about the Bolivarian Republic of Venezuela by the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR). All these reports cite instances of crimes against humanity, torture, persecution, forced disappearances, repression and systemic violations of human rights by the regime of Nicolas Maduro and his accomplices.

Maduro's dictatorship has been sustained in power thanks to repression, the iron control of police and para-police violence, the purchase of “opposition leaders”, the Cuban intelligence apparatus, and the support of other totalitarian regimes such as those of China, Russia, Turkey, and Iran. Despite the fact that the opposition leader and president of the Venezuelan Congress, Juan Guaido, has achieved the support and recognition of the United States and approximately 60 countries, who recognize him as the legitimate president of Venezuela, after almost 2 years, his popular support has declined and the lack of a clear medium-term strategy and the contradictions of his actions and of the weak leadership of the four main opposition parties (G4) that support him, they have failed in their attempt to remove Nicolas Maduro from his usurpation of power. Various unsuccessful and inexperienced negotiation strategies and contradictory positions have marked this failure. The complicity of various corrupt economic operators (front men) of the regime with many opposition leaders has also made it easier for inertia to allow Maduro to stay in power.

The United States government has been increasing pressure against Maduro and his criminal environment through declarations, pressure, sanctions, trials, and economic restrictions. Although the sanctions have been effective because they have weakened the Maduro dictatorship, their progressiveness has prevented a sudden shock impact, instead the regime has been looking for alternatives and various ways to evade the sanctions. On the other hand, the unrestricted and unidirectional support from the Donald Trump administration to Guaido and the G-4 has prevented the US from seeing the different game boards where the Maduro regime operates, and the criminal groups that co-govern with him. The United States government must open itself to various actors and also bet on the strengthening of territorial works and the consolidation of strategic social movements such as the active protest of student, labor, religious, and community sectors. The lack of services, gasoline, health, income, and food is a time bomb that can explode in the regime hands. A long-term strategy that includes planning and scenario analysis has been lacking. This should be a priority for US foreign policy towards Venezuela. The short-term policy has not led to any major successes.

Once again, the “electoral” discussion opens in Venezuela, with a farce of parliamentary elections on December 6 without guarantees and with expected fraud. Some opposition factors have fallen into the trap and others are defoliating the daisy; but it is the chronicle of a death foretold. Mr. Guaido called for a citizen electoral “consultation” instead of the election, to ask about the election, something absurd by all means. Elections under a criminal totalitarian regime only produce benefits for the dictatorship. A citizen consultation with unmotivated population, no gasoline and a repressive regime is not a smart move. There is no way out of iron dictatorships with pure elections, nor does the dictatorship come out with citizen consultations or other face-lifting strategies for corrupt opposition leaders.

The exit from the dictatorship is neither electoral nor miraculous. The regime's paid clowns play the game of an "electoral opportunity" for regime change. Others expect an international invasion to "rescue" Venezuela, but that will not happen in a country controlled by criminal groups, the cost is very high and there is no one to bear the political cost. After 21 years of failures due to the expectation of easy and miraculous way-out, something should be learned.

In the same way, Venezuelans play the political debate of the United States election as it will really help to get out of the tyranny. Donald Trump has already shown his cards and the tyrant is still there, manipulating the Venezuelan communist threat and challenging openly the regime doesn’t substitute long-term strategic planning. Joe Biden brings in his team for Latin America many repeaters of the failed policies towards Cuba and Venezuela of the Obama administration. Venezuela has fallen into a destructive anomie that leaves a scorched earth, a process that leaves great uncertainty about the future and the possibilities of getting out of this nightmare.

However, there is a factor that cannot be neglected in scenarios like these—chaos. Chaos theory rationalizes the impact of seemingly disordered and disconnected dynamic systems and the actual synchronized effect to achieve change. But even chaos requires strategic planning. The dictatorship's ability to maneuver must be reduced. It is impossible for a government to suppress millions of people in multiple communities, states and neighborhoods at the same time and at the same time try to survive fighting against the sanctions or the scarcity of all the products and services. Much of the social protest must be spontaneous, with coordination among grassroots elements. The protest must have its natural leadership. A mistake would be to let the same people who have been putting out the protests with negotiations or marches, for their own benefits, to continue their collaboration with social control.

It is clear that the exit from the dictatorship depends on a perfect storm, which has to include coordinated and continuous systemic demonstrations / protests throughout the country, a complete international siege (maximum coordinated pressure), legal actions in various countries, no fly zone, and an attitude coherent within opposing factors. Perhaps the cycle of chaos has already started, and what Venezuelans have to do is keep pushing for one day to pick up the glasses of a regime that seems very solid and strong, but the reality is a regime that it is very fragile.

Teoría del Caos contra la Tiranía de Venezuela

 Published/Publicado  El Tiempo Latino y El Planeta 10/12/2020:

Teoria del Caos Venezuela ETL

Teoria del Caos Venezuela El Planeta

Teoría del Caos contra la Tiranía de Venezuela


La teoría del caos racionaliza el impacto de sistemas dinámicos aparentemente desordenados y desconectados, y el efecto sincronizado real para lograr procesos de cambios



Dr. Carlos Ponce, Académico de Columbia University, Senior Fellow de Victims of Communism Memorial Foundation

El resultado de dos décadas del “Socialismo del Siglo XXI” en Venezuela es un país fallido, plagado de corrupción, carencia de servicios, hambre, miseria, violencia, criminalidad, destrucción y camino a una catástrofe alimentaria. Un país que obliga a millones de “caminantes” a huir buscando sobrevivir. Un país controlado por narcotraficantes, ladrones, mafias, guerrillas y grupos terroristas. El comunismo de Chávez-Maduro y sus titiriteros cubanos que lograron el efecto reverso del Rey Midas, transformar un país petrolero rico en una calamidad. Un país sin medicinas, sin servicios de salud, sin gasolina, sin comunicaciones y sin electricidad.

El falso igualitarismo para esconder un gran negocio de narcotráfico, lavado ilegal de fondos, tráfico de minerales, prostitución y corrupción. Un mensaje socialista plagado de sangre, de violaciones sistémicas de derechos humanos. Ya no solo son los informes de numerosas organizaciones sin fines de lucro de Venezuela y del mundo alertando de la completa destrucción del modelo democrático y de la sistemática violación de derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad. Son también los informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y recientemente el duro informe de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela por parte de la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas. Todos estos informes coinciden en los crímenes de lesa humanidad, torturas, persecuciones, desapariciones forzosas, represión y violaciones sistémicas de los derechos humanos por parte del régimen de Nicolas Maduro y sus cómplices.

La dictadura de Maduro se ha venido sosteniendo en el poder gracias a la represión, el control férreo de la violencia policial y parapolicial, la compra de “líderes de oposición”, el aparato de inteligencia de Cuba y el apoyo de otros regímenes totalitarios como lo son el de China, Rusia, Turquía e Irán.

A pesar de que el líder de oposición y presidente del Congreso de Venezuela, Juan Guaidó, ha logrado el apoyo y reconocimiento de Estados Unidos y aproximadamente 60 países, quienes lo reconocen como el presidente legitimo de Venezuela, luego de casi 2 años, su apoyo popular ha mermado y la falta de una estrategia clara de mediano plazo y las contradicciones de sus acciones y de la cúpula de los 4 partidos de oposición principales (G4) han fracasado en sus intentos por una salida de Nicolás Maduro de su usurpación del poder. Diversas estrategias de negociaciones fallidas e impericia han marcado este fracaso. La complicidad de diversos operadores económicos (testaferros) del régimen con muchos liderazgos de oposición también han facilitado que la inercia permita a Maduro mantenerse en el poder.

El Gobierno de Estados Unidos ha venido incrementando la presión contra Nicolás maduro y su entorno criminal mediante declaraciones, presiones, sanciones, juicios y restricciones económicas. Si bien las sanciones han sido efectivas porque han debilitado la dictadura de Maduro, su progresividad ha impedido un impacto de choque fulminante, en su lugar el régimen ha venido buscando alternativas y diversas vías de eludir las sanciones. Por otro lado, el apoyo irrestricto y unidireccional de la administración de Donald Trump a Guaidó y el G-4 ha impedido ver los diferentes tableros de juego donde opera el régimen de Nicolás Maduro y los grupos criminales que cogobiernan con él. El Gobierno de Estados Unidos debe abrirse a diversos actores y apostar también por el fortalecimiento de trabajos territoriales y la consolidación de movimientos estratégicos como lo son la protesta activa de sectores estudiantiles, laborales, religiosos y comunitarios. La falta de servicios, de gasolina, de salud, de ingresos y de comida es una bomba de tiempo que le puede estallar a maduro en sus manos. Ha faltado una estrategia de largo alcance con planificación y análisis de escenarios. Esto debe ser una prioridad para la política exterior de estados unidos hacia Venezuela. La política del corto -plazo no ha llevado a mayores éxitos.

Nuevamente se abre la discusión “electoral” en Venezuela, con una farsa de elecciones parlamentarias el 6 de diciembre, sin garantías y con un 100% de probabilidades de fraude. Algunos factores de oposición han caído en la trampa y otros están deshojando la margarita; pero es la crónica de una muerte anunciada. Unas elecciones bajo un régimen totalitario criminal solo producen beneficios para la dictadura. No hay forma de salir de férreas dictaduras con puras elecciones. Tampoco se sale de la dictadura con consultas ciudadanas u otras estrategias de lavado de cara de oposiciones gastadas.

La salida de la dictadura no es electoral y tampoco milagrosa. Los payasos tarifados del régimen le hacen el juego a una “oportunidad electoral”. Otros esperan una invasión internacional para “rescatar” a Venezuela, pero eso no se va a dar en un país controlado por grupos criminales, el costo es muy alto y no hay quien asuma el costo político. Luego de 21 años de fracasos por salidas fáciles y milagrosas se debería hacer aprendido algo.

De igual forma los venezolanos juegan al debate político de la elección de Estados Unidos como si ello realmente ayudara a salir del tirano. Donald Trump ya mostró sus cartas y el tirano sigue allí, Joe Biden trae en su equipo para Latinoamérica muchos repitientes de políticas fracasadas hacia Cuba y Venezuela de la administración Obama.

Venezuela ha caído en una anomia destructiva que deja tierra arrasada, un proceso que deja una gran incertidumbre del futuro y de las posibilidades de que salga de esta pesadilla. Sin embargo, hay un factor que no se puede despreciar en escenarios como estos, es el factor del caos. La teoría del caos racionaliza el impacto de sistemas dinámicos aparentemente desordenados y desconectados y el efecto sincronizado real para lograr procesos de cambios. Pero incluso el caos requiere de planificación estratégica.

Se debe reducir la capacidad de maniobra de la dictadura. Es imposible para un gobierno el reprimir a millones de personas en múltiples zonas y al mismo tiempo tratar de sobrevivir. Mucha de la protesta social debe ser espontanea, pero coordinada entre elementos de base. La protesta debe tener sus liderazgos naturales, el error sería dejar que los mismos que han venido apagando las protestas con negociaciones o marchas para sus propios beneficios continúen su colaboración con el control social.

Hay que estar claros que la salida de la dictadura depende de una tormenta perfecta, que tiene que incluir demostraciones/protestas sistémicas coordinadas y continuas en todo el país, un cerco internacional completo (máxima presión), acciones judiciales en diversos países, y una actitud coherente de los factores de oposición. Tal vez el ciclo del caos ya arrancó y lo que hay es que seguir empujando para un día recoger los vidrios de un régimen que parece muy duro, pero es muy frágil.



Por Dr. Carlos Ponce, Académico de Columbia University, Senior Fellow de Victims of Communism Memorial Foundation

Jose Marti Media Award


 

Complicidad de Guatemala con la explotación de cubanos

 Published/Printed in El Tiempo Latino 10/21/2020: Complicidad de Guatemala con Cuba


Complicidad de Guatemala con la explotación de cubanos

Existe un número estimado de 450 funcionarios cubanos en las Brigadas Médicas Cubanas en Guatemala

Dr. Carlos E. Ponce - Académico de Columbia University, Senior Fellow de Victims of Communism Memorial Foundation

Guatemala lamentablemente se ha convertido en colaboradora del régimen totalitario de Cuba y colaboradora en la explotación de cubanos que son llevados de esclavos a prestar servicios de salud en áreas remotas en ese nación centroamericana.

Existe un número estimado de 450 funcionarios cubanos en las Brigadas Médicas Cubanas en Guatemala, entre médicos, asistentes y espías. La presencia de Cuba en Guatemala se rige bajo varios convenios, en particular uno firmado el 4 de octubre del 2012, que toca su renovación este año. Este convenio y la presencia de esta brigada en Guatemala es clara violación de acuerdos internacionales en materia de derechos humanos y la complicidad con el tráfico humano. Pareciera que ser cubano es sinónimo de explotación y violación de sus derechos.

De nuevo la doble moral en materia de derechos humanos, que se confunde con falsas ideologías con la explotación de un pueblo, en el caso de Cuba la negación de unos académicos trasnochados y unas falsas organizaciones de “justicia” social que siguen defendiendo el modelo de tiranía cubano.

Las misiones supuestamente “humanitarias” cubanas han sido expuestas por numerosas organizaciones, múltiples denuncias y además por gobiernos y organismos internacionales. En comunicación del 6 de noviembre del 2019 de la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre las formas contemporáneas de la esclavitud, incluidas sus causas y consecuencias; y de la Relatora Especial sobre la trata de personas, especialmente mujeres y niños, donde señalan los presuntos abusos de derechos humanos sufridos por médicos de Cuba que participan en “misiones de internacionalización”, donde además expone que el gobierno de Cuba explota a los médicos, se queda “con alrededor del 75% de los salarios de los médicos cubanos que trabajan en el exterior” y que “estarían expuestos a condiciones de trabajo y de vida explotadoras”. Por supuesto, el régimen cubano nunca contestó la comunicación e ignoró la solicitud de información.

La Organización de Estados Americanos también ha alzado su voz sobre la violación de derechos humanos en Cuba, en el Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Cuba, presentado el 3 de febrero de 2020 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que relata la terrible situación de los derechos humanos en Cuba y los diversos mensajes de la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos sobre la explotación de los médicos y personal de salud por parte de Cuba bajo el programa de Brigadas Médicas.

No es de extrañarse que Cuba sea uno de los peores países en cuanto a tráfico humano, en el informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos sobre Tráfico de Personas (2020 US Trafficking in Persons Report, TIP) publicado en junio de 2020, se incluye a Cuba en una lista de países que favorecen el tráfico humano y denuncia la política gubernamental o patrón gubernamental del Gobierno de Cuba para beneficiarse de los programas de exportación de mano de obra con fuertes indicios de trabajo forzoso y explotación, particularmente su programa de misiones médicas en el extranjero. De igual forma el proyecto de ley presentado en Junio de 2020 en el Congreso de los Estados Unidos denominado “Terminar las Ganancia del Régimen Cubano” (Cut Profits to the Cuban Regime Act), el cual le requerirá al Departamento de Estado publicar la lista de países que tienen contrato con el régimen cubano para su programa de “misiones médicas” y que el Departamento de Estado considere esto como un factor en la clasificación del país en el reporte anual de Trata de Personas del Departamento de Estado (TIP, por sus siglas en inglés).

En todos los países donde Cuba presta estos servicios, los médicos son explotados y el régimen se queda con el 70% y 80% de lo que pagan los países por los médicos, en algunos casos pagan $10,000 mensual y el otros $1,000 mensual por cada integrante de la brigada médica. Se les vigila las 24 horas del día, se les retienen los pasaportes y se les obliga a mentir informes médicos y falsas prescripciones para generar más ingresos al régimen cubano. Mas de 1/3 del ingreso de Cuba viene por la explotación de estos trabajadores.

Guatemala no es diferente que el resto de países, las supuestas misiones humanitarias son un reflejo de falsas complicidades y abusos a los participantes de las Misiones, beneficios económicos para la dictadura cubana y sin también incluir que los pobres no tienen derecho a servicios de calidad.

En el acuerdo entre Cuba y Guatemala es evidente que los Gobiernos de Cuba y Guatemala violaron los Pactos internacionales de Derechos Humanos, la Convención de Viena de Tratados Internacionales, Leyes Laborales y la Constitución de Guatemala.

Si revisa el convenio, los doctores son esclavos, obligados a trabajar bajo la supervisión/control directo del jefe de la brigada, no pueden dejar la brigada y cualquier comportamiento contra el programa puede ser considerado "indisciplina" y el médico pasa a ser severamente sancionado por el Jefe de Brigada (Art 8). La realidad en Guatemala es terrible y sufrieron múltiples abusos. A parte de las pésimas condiciones laborales y la supervisión 24/7 del Jefe de Brigada, sus familias se quedan en Cuba como una clara práctica extorsiva del régimen.

Los médicos no pueden salir de la brigada y no pueden quedarse en Guatemala y no pueden seguir ejerciendo su profesión médica si escapan de su secuestrador. El convenio establece que el Gobierno de Guatemala no puede contratar ni permitir que los médicos y miembros de la salud de las Brigadas practiquen la medicina en Guatemala si abandonan las misiones o después de finalizado su tiempo en la misión (artículo 3 del acuerdo). Según los testimonios de las víctimas, no siempre se les permite viajar de vacaciones a Cuba (como dice el convenio).

El señor Javier Larrondo de Prisoners Defenders, experto en la materia, tiene más de 622 testimonios de víctimas de estas prácticas, y 7 de ellos de Guatemala (médicos cubanos). De esos 7 médicos, 3 de ellos están dispuestos a testificar en nuestro Congreso en cualquier audiencia sobre las terribles condiciones, abusos y explotación. El testimonio de esos médicos, diferente a los alegatos del régimen cubano, es claro respecto a los abusos a los cuales fueron víctimas.

Sí, es cierto que el convenio estableció el pago de Q 7.000 (US $1.000) mensuales por médico más movilización y vivienda / alimentación, pero la realidad es que el Régimen cubano se queda con el 70% y 80% de esos pagos y el médico solo recibe entre US $200 y US $300 mensual, que usa para cubrir sus gastos en Guatemala. En otros países el medico recibe lo mismo ($200) pero el régimen se queda con $9,000 mensuales. Al multiplicar eso por 45,000 esclavos, vemos la importancia a nivel de ingreso para la tiranía cubana.

El gobierno de Guatemala no tiene una política para retener sus pasaportes, pero de los testimonios de las 7 víctimas se repite el patrón de que el Jefe de Brigada cubano les confiscó los pasaportes y solo los devolvió al terminar la misión y de regreso a Cuba, eso para evitar que se fuguen. Cuando ingresaron a Guatemala, la autoridad migratoria entregó los pasaportes al Jefe de Brigada. Es cierto lo que alega el Gobierno: el gobierno de Guatemala no confisca el pasaporte a las víctimas, pero colabora ​​con la retención entregando los pasaportes al Jefe de Brigada y sin prestar atención a las condiciones de los médicos en su país.

Varios miembros del Congreso de Guatemala han alertado del trafico humano de estas misiones y recientemente se ha presentado una solicitud de amparo ante la Corte de Constitucionalidad de Guatemala para terminar con el convenio y la explotación.

No estoy en contra de los médicos, estoy en contra de la explotación. El gobierno de Cuba los usa como productos para mantener la corrupción del régimen. Incluso ha admitido que no les da la remuneración completa bajo la excusa de que estos fondos sirven para contribuir con los servicios de salud en Cuba. Cualquier cubano puede atestiguar la mala calidad o inexistencia de esos servicios.

Ante la posible extensión del Convenio Básico de Cooperación para el Desarrollo entre Guatemala y Cuba y de otros acuerdos con la Republica de Cuba en materia de salud y en particular en lo relacionado a Brigadas Médicas y otros contratos y acuerdos relacionados, el Gobierno de Guatemala estaría entrando en un grave error y en complicidad con el tráfico humano.

Nos preocupa el posible impacto en la relación comercial con los Estados Unidos y las consecuencias políticas y económicas negativas contra Guatemala. De ser aprobada la legislación pendiente, Guatemala entraría en la lista de países que favorecen el trafico humano y la explotación.

Los tratados con la República de Cuba violan diversos artículos de la Constitución guatemalteca y tratados internacionales, en particular el Convenio para la Represión de la Trata de Personas y de la Explotación de la Prostitución Ajena.

Igual riesgo se corre con la posible incorporación de funcionarios del Gobierno de Guatemala y otras personas y empresas que colaboren con las Brigadas Medicas Cubanas con la posibles denuncias y sanciones del Departamento de Estado y del Departamento del Tesoro bajo la ley Norteamericana Global Magnitsky Human Rights Accountability Act (Global Magnitsky Act) y su Orden Ejecutiva 13818, que sanciona los casos de corrupción y abusos a los derechos humanos. Esta ley ha sido aplicada a diversos funcionarios públicos y personas de diversos países que han colaborado con acciones que el Gobierno Norteamericano ha considerado violaciones de derechos humanos con restricciones de visas, sanciones del Departamento del Tesoro y otros procesos que en el caso de Guatemala podrían ser contraproducentes con el operar del gobierno.

Es importante alertar de la posibilidad de acciones legales en Guatemala y a nivel internacional del personal de las misiones medicas cubanas contra el Gobierno de Guatemala, y contra otros gobiernos que participan en estos programas, por su colaboración en la violación de sus derechos laborales, derechos humanos y corresponsabilidad con el tráfico humano del cual son víctimas, eso llevará a un alto costo en procesos legales, reparaciones y la posible indemnización a las víctimas.

Hay numerosos médicos, enfermeras y profesionales de la salud en Guatemala que pueden prestar el mismo o un mejor servicio y se pueden beneficiar de la alta remuneración y beneficios que el Gobierno de Guatemala le está regalando al Gobierno de Cuba.

Los Gobiernos de Brasil, Ecuador, Perú y Bolivia han terminado los convenios de cooperación con la República de Cuba para evitar la colaboración de sus países con el tráfico humano y la violación de derechos humanos de los médicos, enfermeras y personal de salud que participaba en sus países en las Brigadas Médicas. Todos estos gobiernos han denunciado la poca transparencia de estos programas, los abusos, explotación, y de que el Gobierno de Cuba incluye cientos de funcionarios del gobierno no relacionados con la prestación de servicios de salud dentro de las misiones y de la posibilidad de que las cifras de atención a la población no sean reales. De igual forma algunos expertos han alertado de validez de títulos y poca preparación de algunos miembros de estas brigadas, esa es básicamente la razón por la cual Perú elimino su participación para atender el COVID-19.

Es recomendable que el Gobierno de Guatemala abstenga de renovar, prorrogar o extender el Convenio Básico de Cooperación para el Desarrollo entre Guatemala y Cuba y de otros acuerdos con la Republica de Cuba en materia de salud y en particular en lo relacionado a Brigadas Médicas y otros contratos y acuerdos relacionados por sus posibles impactos negativos en torno a los derechos humanos y tráfico humano, así como su impacto negativo en torno a las relaciones comerciales de Guatemala, posibles daños patrimoniales al estado y la violación a la Constitución de Guatemala y a tratados internacionales.

Detrás del mensaje “humanitario” de las Brigadas Cubanas se encuentre un negocio muy lucrativo de millones de dólares anuales en beneficio del gobierno de Cuba, un negocio que va en contra de los intereses de Guatemala, pero ayuda a financiar la corrupción de los altos funcionarios cubanos y mantener la represión en la isla.