OPINIÓN: De las Sanciones a la Extracción de Nicolás Maduro y sus Cómplices

Las estrategias tradicionales para lidiar con regímenes autoritarios no aplican del todo a Venezuela

Dr. Carlos E. Ponce, Columnista e Investigador de El Tiempo Latino en casos de Corrupción

Publicado en: 3/10/2019 El Tiempo Latino

http://m.eltiempolatino.com/news/2019/mar/10/opinion-sanciones-extraccion-maduro-complices/

*Ponce es Director para América Latina de Victims of Communism Memorial Foundation y Profesor (Lecturer) Norhteastern University . El presente artículo incluye las opiniones del autor que no representan las opiniones de ninguna de las organizaciones con las cuales está afiliado. Las opiniones expresadas aquí son de entera responsabilidad del autor.

Luego de las elecciones fraudulentas e inconstitucionales del 20 de mayo de 2018, las cuales fueron rechazadas por la gran mayoría de países democráticos, Nicolás Maduro dejó de ser presidente de Venezuela el 10 de enero de 2019. La aplicación de la Constitución de Venezuela llevó a que asumiera el cargo de presidente interino el diputado Juan Guaidó, por ser el presidente de la Asamblea Nacional.

Pese a las numerosas sanciones, presión nacional e internacional y numerosas manifestaciones nacionales e internacionales, el régimen de Nicolás Maduro se ha negado a abandonar el poder y se mantiene gracias a un pequeño grupo de militares narco-corruptos leales y a diversos grupos violentos paramilitares.

Las estrategias tradicionales para lidiar con regímenes autoritarios no aplican del todo a Venezuela. En Venezuela no existe un gobierno sino una estructura criminal en poder apoyada por mafias de corrupción, narcotráfico, terrorismo y extracción ilegal de minerales. Venezuela es un estado fallido con una crisis humanitaria que ha llevado a millones de personas a emigrar, en la mayor crisis migratoria que ha experimentado Latinoamérica en su historia.

Estados Unidos ha venido apoyando a diversas fuerzas democráticas en Venezuela y a la diáspora, se han venido imponiendo sanciones a miembros del gobierno, militares y relacionados, se han impuesto sanciones a la industria petrolera y a las transacciones bancarias, se han eliminado visas, se ha intentado ingresar ayuda humanitaria y se ha amenazado de diversas formas al régimen de Nicolás Maduro y sus colaboradores. Numerosos países han apoyado a Juan Guaidó como presidente interino y desconocen a Maduro como presidente.

Hay diversos grupos que recomiendan una intervención militar en Venezuela, el problema es que pretenden que sea Estados Unidos quien asuma los costos económicos, políticos y de pérdidas humanas de una operación militar mientras los demás países observarán aliviados y luego criticarán. Pese a que la administración de Donald Trump ha anunciado que todas las opciones están abiertas, la opción militar no parece estar en el menú de la semana; todavía existen otras alternativas para incrementar la presión a la dictadura sanguinaria comunista de Nicolás Maduro.

Hemos venido por años apoyando las sanciones personales, las restricciones financieras, aplicación de Global Magnisky, las sanciones en diversos países y otras alternativas para acorralar a la narcodictadura que secuestró a Venezuela.

Algunas alternativas que podemos recomendar ahora son:

• Apertura de Juicios y Órdenes de Arresto: Continuar con las sanciones pero elevar la presión con la apertura de juicios en Estados Unidos y otros países contra Nicolás Maduro, militares y funcionarios activos de la dictadura. Ello permitiría la emisión de órdenes de arresto con la consecuente captura internacional. Hay suficiente evidencia en numerosos casos abiertos contra familiares de Nicolás Maduro y testaferros que dan claros indicios de lavado de dinero y otros crímenes en territorio norteamericano. Esta es una recomendación que hemos llevado en numerosas oportunidades al Departamento de Estado, National Security Council, Departamento de Justicia, Congreso, Comando Sur, Fiscales y otros. En diversas columnas y entrevistas en El Tiempo Latino se ha comentado de esta opción y se han enviado diversos documentos de apoyo. Nuestras fuentes indican que hay varios casos sellados (Sealed) en tribunales de Estados Unidos que incluyen a Nicolas Maduro, Cilia Flores, Diosdado Cabello, altos funcionarios del gobierno y militares venezolanos. Hemos venido presionando para que los abran e inicien las órdenes de arresto. Finalmente el Departamento de Justicia abrió el primer caso y es contra el Narcoterrorista Tareck Zaidan El Aissami Maddah, ex vicepresidente de Maduro y actual ministro. Ya se abrió la puerta y muchos otros están por venir. La ventaja de estos casos es que no son suspensiones de visas a Estados Unidos o bloqueos de cuentas o decomiso de propiedades en Estados Unidos, hablamos de juicios y cárcel para los narcos y corruptos del gobierno de Nicolás Maduro. Se abre un compás de espera para que ayuden a salir de la dictadura o acompañarán en la cárcel a los “narcosobrinos” o al Chapo Guzmán.

• Deportación y Remoción: La existencia de órdenes de arresto y subsecuentes requerimientos en Interpol obliga a la deportación de los implicados de cualquier país donde exista acuerdo de extradición con los Estados Unidos, lo cual reduce la movilidad de los funcionarios del régimen de Maduro y sus cómplices militares. La existencia de un estado fallido secuestrado por un individuo que carece de legitimidad permite también implementar estrategias de extracción de criminales. Numerosos procesos de extracción de criminales de guerra, violadores de derechos humanos y corruptos han sido efectivos en el pasado. En efecto a muchos criminales de guerra y violadores de derechos humanos se les ha extraído de diversos países. Ya la orden de arresto internacional obliga a cualquier país donde viajen a arrestarlos y deportarlos a Estados Unidos.

• Incremento de la presión internacional para la investigación de los casos de corrupción de funcionarios venezolanos, testaferros y familiares, así como el enjuiciamiento y arresto de los corruptos y la creación de un fondo para la recuperación de Venezuela con los fondos y bienes incautados.

• No se pueden aceptar testaferros y ladrones viejos o actuales, no importa si ya salieron de Venezuela, son todos co-responsables. Recomendamos a las fuerzas democráticas en Venezuela cuidarse de las ayudas y los fondos ofrecidos por estos corruptos. Se debe dejar bien claro que todos serán enjuiciados. Se deben revisar las cuentas en España, Rusia, Dubai (Emiratos Árabes), Portugal, Panamá, Perú, Argentina, República Dominicana y en muchos otros países y sancionar a los bancos que han comprado, que se han asociado o que permiten sus operaciones. De igual forma se deben incluir sus nombres en el caso ante la Corte Penal Internacional. Estos son co-responsables de la crisis humanitaria que también es un crimen de lesa humanidad.

• Los responsables del caos eléctrico de Venezuela deben ser incluidos dentro de la lista de sancionados.

• Los bonos, pagarés e instrumentos financieros emitidos por la dictadura de Nicolás Maduro sin aprobación de la Asamblea Nacional son nulos y no deben ser reconocidos y cualquier compromiso firmado por Maduro o sus cómplices debe ser nulo.

• Se debe avanzar en la prohibición de venta de armas y de insumos de “control de manifestaciones” así como en la emisión de sanciones a quienes las transporten. Se deben imponer requisitos a países fronterizos que prohíban y retengan cargamentos de armas hacia Venezuela.

• Se debe investigar y documentar plenamente la actuación de individuos del régimen cubano en Venezuela, su vinculación con el entrenamiento a torturadores de los cuerpos de seguridad en Venezuela, el envío de militares cubanos a Venezuela, su participación en crímenes de lesa humanidad, corrupción y narcotráfico en Venezuela. Si bien Cuba no es parte de la Corte Penal Internacional, la misma procesa a los individuos responsables sin importar la nacionalidad, es un buen momento para un buen caso y reporte de la contribución de estos individuos de la dictadura de Cuba en su contribución con los crímenes de lesa humanidad en Venezuela.

• Las sanciones a la industria petrolera de Venezuela deben incluir el tránsito de petróleo a Cuba y de buques con gasolina y disolventes a Venezuela, Estados Unidos debe exigir a los Gobiernos de Trinidad Tobago, Colombia, Guyana, Antillas Neerlandesas y otros países fronterizos con Venezuela que detengan los cargamentos de petróleo dirigidos a Cuba desde Venezuela e impidan el paso de buques que transportan gasolina y otros disolventes en violación a las sanciones.

• Se debe dejar claro a buques y aeronaves, así como sus tripulaciones que sean contratadas o presten servicios a personas sancionadas por los Estados Unidos que exponen su operación, sus registros y su futuro.

• Recomendamos a los países fronterizos con Venezuela la prohibición de tránsito de aeronaves o buques que transporten a sancionados, oficiales del gobierno usurpador de Nicolás Maduro o a militares de Venezuela.

• Se deben impulsar sanciones en otros países de la región, a la fecha en las Américas solo Estados Unidos, Canadá y Panamá han impuesto sanciones. Hay que impulsar legislaciones en los países similares a la Global Magnisky para facilitar la imposición de sanciones a violadores de derechos humanos y corruptos.

• Se debe avanzar en el cierre de la ruta del oro desde el Arco Minero mediante mayores controles a la compra ilegal en los países fronterizos, categorizar al oro de Venezuela como criminal y sancionar a Turquía por procesarlo y comercializarlo. Se debe prohibir considerar ese oro como parte de las reservas, así como se debe informar a los que lo procesan que están ejerciendo acciones ilegales. Recomendamos legislar en Estados Unidos sobre esta materia e incluir el oro de Venezuela dentro de las sanciones para así frenar el acceso a efectivo de la tiranía.

• La ruta del conflicto no violento pero activo en las calles con manifestaciones permanentes y la activación de los temas sindicales, jóvenes y la presión social debe incrementarse y apoyarse.

• Se debe avanzar en el desarrollo de estrategias de protección a las víctimas, de recolección de evidencias y de avance de estrategias que lleven a la implementación inmediata de Justicia Transicional una vez se logre que cese la usurpación de Nicolás Maduro.

Cuando preguntan qué estrategia se debe abordar con Venezuela, mi recomendación es que se debe hacer todo lo posible por acorralar al régimen, se debe generar la tormenta perfecta para salir de la pesadilla.

Les recordamos que cualquier denuncia la pueden enviar a: ponce@eltiempolatino.org

*El Dr. Carlos E. Ponce es Columnista e Investigador de El Tiempo Latino en casos de Corrupción. Ponce es Director para América Latina de Victims of Communism Memorial Foundation y Profesor (Lecturer) Norhteastern University . El presente artículo incluye las opiniones del autor que no representan las opiniones de ninguna de las organizaciones con las cuales está afiliado. Las opiniones expresadas aquí son de entera responsabilidad del autor.

Entrevista la Prensa (Nicaragua): Donald Trump firmará Nica Act antes que termine el 2018, de acuerdo a especialistas

Entrevista La Prensa (Nicaragua) a Carlos Ponce30/11/2018

Donald Trump firmará Nica Act antes que termine el 2018, de acuerdo a especialistas

Carlos Ponce, director de Freedom House para América Latina, dijo que del Congreso saldrá una versión única de la Nica Act, que incluirá la versión en octubre de 2017 y la versión aprobada por el Senado, el recién pasado 27 de noviembre.

Judith Flores / Miami 01/12/2018

LA PRENSA/AFP

Para la próxima semana está programada la aprobación (de las enmiendas) de la Ley Nica en el Congreso de Estados Unidos, para luego pasar al despacho del presidente Donald Trump y se convierta en una ley de sanciones contra la dictadura de Daniel Ortega, antes que concluya el 2018.

Carlos Ponce, director de Freedom House para América Latina, con sede en Washington, dijo que del Congreso saldrá una versión única de la Nica Act, que incluirá la versión aprobada en la Cámara Baja en octubre de 2017 y la versión aprobada por el Senado, el recién pasado 27 de noviembre.

“Es un Nica Act mejorado que incluye sanciones específicas por violaciones a los derechos humanos. La semana que viene le toca el segundo lugar de discusiones, martes o miércoles ya debe ser una realidad y una vez que llegue al escritorio del presidente no le veo ningún problema que se convierta en ley”, dijo Ponce.

La Ley Nica fue creada para sancionar los vejámenes y crímenes de la dictadura de Daniel Ortega. Se convertirá en una fuerte ley de sanciones dirigida a ese régimen, más fuerte que la Ley Global Magnitsky Act (Glomag), porque incluye sanciones individuales a nacionales y extranjeros involucrados en la represión desde abril del 2018, y establece restricciones al régimen para acceder a los créditos de la banca internacional. El fin es prevenir que dichos fondos sean empleados en la represión contra el pueblo nicaragüense.

Mensaje claro

Para el director de Freedom House, la Ley Nica será un instrumento adicional a la Magnitsky y envía un mensaje claro a la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

El mensaje es que “no se va a seguir aceptando violación a los derechos humanos y la corrupción del régimen de Daniel Ortega. Las sanciones individuales, muy particularmente a los cercanos a Daniel Ortega, les están diciendo que no van a poder movilizarse en las cuentas en Estados Unidos que poseen muchos de los que están trabajando con Daniel Ortega”, aseveró.

“Este es un mensaje que se le está enviando a la familia de Ortega, que si no buscan una salida rápida para que haya elecciones transparentes para que Nicaragua salga de la crisis, estas sanciones les van a ir llegando a cada uno de ustedes. Es un mensaje muy claro ante la terrible violación a los derechos humanos, una situación que no solo ha sido documentada por los organismos de derechos humanos nacionales, también por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)”, manifestó el director de Freedom House.

Indicó que los legisladores estadounidenses tienen pleno conocimiento sobre los actos de violencia que ejecuta el régimen, la mortandad, la violencia sexual a los opositores en las cárceles, y la persecución diaria contra cualquier persona que porte la bandera de Nicaragua.

El Ejército

Ponce sostiene que, de no rectificar Ortega, las sanciones continuarán avanzando con el propósito de activar una respuesta de ese gobierno.

Eso podría incluir al Ejército. “Hay un punto clave acá y es la conexión entre Estados Unidos y Nicaragua (que) siempre ha sido muy activa. Varios de los fondos de pensiones y de protección de los militares (Ejército de Nicaragua) están en los Estados Unidos”, confió, por lo que, a su juicio, la administración estadounidense podría tomar acciones sobre esos fondos, incluyendo las inversiones que funcionarios del gobierno de Ortega poseen en Estados Unidos.

“Hay muchas cosas que podrían avanzar en un esquema progresivo de presión”, acotó.

“Es tiempo de abandonar el barco, de buscar una salida y que paren la represión porque si continúan con la represión y con la persecución va a llegar un momento que va a ser irreversible”, afirmó.

La Ley Rico es otro mecanismo de sanción

Ponce explicó que la Nica Act no fue creada para abrir juicios en las cortes de Estados Unidos contra funcionarios y colaboradores del régimen de Ortega, pero asegura existen otros mecanismos.

“Con la Ley anticorrupción, Racketeer Influenced and Corrupt Organizations —conocida como Rico Act, Ley de Chantaje Civil, Influencia y Organizaciones Corruptas—, ya se podría abrir juicios contra funcionarios del régimen de Daniel Ortega por haber utilizado el territorio de Estados Unidos en algunas de las operaciones que utilizaron los recursos Albanisa y de Venezuela; los han utilizado y se ha visto que han utilizado el sistema bancario, ya tendrías suficientes herramientas, no necesitas el Nica Act para eso”, explicó.

Albanisa es la subsidiaria de Petróleos de Venezuela, Sociedad Anónima (PDVSA), señalada por narcotráfico y lavado de dinero.

Y agregó: “Hay muchos ciudadanos norteamericanos que tienen doble nacionalidad que habían regresado a Nicaragua y han tenido que escapar por ser perseguidos y que podrían utilizar los tribunales de su país, que también en Estados Unidos, para iniciar un caso (contra los opresores del régimen de Ortega). No necesitas la Nica Act para eso, y no fue creada para ese fin”.

La Ley Rico es federal y posee una de las normativas más severas dirigidas a personas o empresas involucradas en acciones criminales y corruptas. Las propiedades de los implicados son embargadas por el Gobierno de los Estados Unidos, de ser encontradas culpables.

Fue aprobada por el Congreso de Estados Unidos en 1970.

Trump ya declaró al régimen una amenaza

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este martes una orden ejecutiva en la que declara al Gobierno de Nicaragua “una amenaza para la seguridad nacional” de su país y autorizó, además, al Departamento del Tesoro a actuar contra los implicados en la crisis política nicaragüense.

El gobernante estadounidense ordenó que se bloqueen los bienes o intereses dentro de la jurisdicción de ese país de aquellos que son responsables o cómplices de graves abusos a los derechos humanos, el socavamiento de las instituciones y procesos democráticos, corrupción o acciones o políticas que amenazan la paz, la seguridad o la estabilidad del país centroamericano.

Tras la orden presidencial, el Departamento del Tesoro anunció sanciones contra la vicepresidente Rosario Murillo y contra el asesor de seguridad Néstor Moncada Lau, exmiembro de la Seguridad del Estado en los años ochenta, quien actúa como secretario personal de Ortega y ha enfrentado cargos en el pasado por terrorismo.

Ortega calla

Durante la inauguración del paso a desnivel de Las Piedrecitas, en Managua, el dictador Daniel Ortega guardó su discurso agresivo contra Estados Unidos y calló después que ese gobierno sancionó al primer miembro de su familia.

“Nicaragua como Dios manda seguirá caminando y sigue caminando”, proclamó rodeado de un enorme dispositivo de seguridad y de los principales funcionarios de la Alcaldía de Managua, entre ellos Fidel Moreno, quien también está sancionado por Estados Unidos.

El avance del populismo en El Salvador: Bukele bajo la sombra de Tony Saca

OPINIÓN - El avance del populismo en El Salvador: Bukele bajo la sombra de Tony Saca

De empresario capitalista, Bukele se transforma en político de izquierda

Publicado en El Tiempo Latino - 04 de Octubre de 2018

Nayib Bukele, habla ante jóvenes en San Salvador (El Salvador). Cientos de jóvenes se congregaron en enero en la capital de El Salvador para abogar por la "integración" de la sociedad salvadoreña para reducir los altos índices de violencia que registra el país. || FOTO: EFE/Rodrigo Sura EFE/Rodrigo Sura

Dr. Carlos E. Ponce, Director para las Américas de Freedom House y Profesor de Northeastern University - @ceponces

En El Salvador nuevamente el populismo muestra que no tiene colores ni ideologías, un día se despierta de izquierda para luego almorzar con botas militares y cenar de derecha. La región muestra cómo los populistas pueden tranquilamente sostener banderas progresistas y hasta comunistas y son similares a aquellos que se muestran conservadores, el objetivo es el mismo, tomar el poder a toda costa.

Ese pareciera el caso de Nayib Bukele en El Salvador: De empresario capitalista se transforma en político de izquierda. Bukele fue elegido gracias al FMLN como alcalde de Nuevo Cuscatlán en 2012 y de San Salvador en 2014, luego de numerosos conflictos internos y de no servirle más el Frente para sus aspiraciones políticas, Nayib muda su circo a la Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA), la derecha.

Lo interesante de GANA es que es el partido financiado y que apoyó al ex presidente Elías Antonio Saca (Tony Saca) en su fallida intención electoral en el 2014. Un partido que se define “partido conservador y de derecha popular”, donde muchos de sus miembros provienen de los círculos cercanos de Tony y ex miembros de Arena. La plataforma de derecha que acoge al empresario de supuesta izquierda.

El ahora candidato de GANA muestra sus verdaderos colores de populista tratando de adaptar un mensaje progresista a una estructura que defiende los intereses de Tony Saca, una persona condenada y confesa por masiva corrupción de por lo menos $300 millones de dólares, sentenciado a 10 años de prisión. Nayib corre por los dos canales. ¿Qué acuerdos podrán tener entre Saca y Bukele?

Recientes encuestas señalan una gran preferencia del elector por Nayib Bukele, muy por encima de Carlos Calleja (ARENA) y Hugo Martínez (FMLN). Su mensaje de “cambio” y anti-partido ha calado en los electores salvadoreños quienes, luego del fracaso de dos gestiones del FMLN y la decepción por ARENA, han optado por buscar al populista como alternativa. El peligro de este populista es que no parece mejor que lo que ha traído el pasado en El Salvador, las denuncias de corrupción y mal manejo de la Alcaldía de San Salvador lo preceden.

Pese a que aún faltan algunos meses para la elección en febrero de 2019, nuevamente el triunfo se le escapa a la Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), que se había revitalizado y lucía victoriosa después de las elecciones de medio término del 4 de marzo de este año. ARENA se muestra dividida luego de una sucia elección interna que dejó severas divisiones y en lugar de fortalecer las bases de ese partido, Carlos Calleja, representante de la élite político-económica salvadoreña, pareciera estar dirigiendo la campaña de la mano de una élite de allegados, dejando a un lado al partido. Igual error lo cometió ARENA en la elección presidencial de 2014 cuando dejó la campaña de Norman Quijano a manos de Francisco (Paco) Flores, expresidente de la República entre 1999 y 2004, luego enjuiciado por corrupción en medio de la misma campaña presidencial. El empresario Ricardo Poma, quien dirigió la estrategia detrás de bastidores olvidó que necesitaba de las bases del partido y de la unidad para poder ganar. “El hombre es el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra”, dice el proverbio, lo interesante es que la obsesión en la elección pasada fue derrotar a Tony Saca y GANA sin enfocarse en Salvador Sánchez Cerén con lo que perdieron. Hoy, nuevamente GANA pareciera atravesarse en el camino del triunfo.

Por parte del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), aún debilitado electoralmente, y sufriendo los efectos del gobierno desastroso de Sánchez Cerén y los escándalos de corrupción del ex presidente prófugo Mauricio Funes, sus opciones electorales dependen de un milagro. La ortodoxa del FMLN comandada por Medardo González y José Luis Merino (Comandante Ramiro) ha llevado las riendas de la campaña y del partido, imponiendo una estrategia electoral obsoleta. El problema es que nuevamente el Comandante Ramiro pareciera ser el gran elector. Merino controló todos los fondos de Alba Petróleo, las inversiones y ayudas desde la dictadura de Venezuela y se habla de diversos fondos no tan transparentes que ha manejado, mientras al mismo tiempo controla la base ideológica desde Cuba, siendo el gran artífice de Funes y Sánchez Cerén, el gran titiritero en El Salvador. Algunas fuentes señalan que participó activamente detrás de Bukele en la Alcaldía y tiene buenos negocios con algunos miembros de la élite. De ser eso verdad, Ramiro triunfa con GANA, gana con ARENA y gana con el FMLN.

Al final del día serán Antonio Saca y José Luis Merino quienes se perfilan como los grandes triunfadores de la elección presidencial en El Salvador.

Opinión por el Dr. Carlos E. Ponce, Director para las Américas de Freedom House y Profesor de Northeastern University - @ceponces

Juicio a Maduro en EE.UU.

Publicado en El Tiempo Latino 5/9/2018, 2:17 p.m.

Confirman la posibilidad de enjuiciar a Nicolás Maduro en los EE.UU. y varios países por violaciones a los DD.HH., entre otros crímenes

Por Dr. Carlos E. Ponce - Director para las Américas, Freedom House

Juicio a Nicolás Maduro: Hay que usar RICO y Palermo. Un análisis de la legislación y las posibilidades de enjuiciar a Maduro en EE.UU. demuestra que simplemente se requiere abrir el caso

La emergencia humanitaria compleja que atraviesa Venezuela es producto del desmantelamiento progresivo de la institucionalidad democrática en ese país, dos décadas de impunidad y violaciones sistémicas de derechos humanos; estos factores sumados a una red de narcotráfico y corrupción cuya cabeza es directamente el presidente de Venezuela Nicolás Maduro. El dictador Hugo Chávez inició la revolución de la exclusión y el favoritismo a su círculo cercano en lo que puede ser uno de los más grandes desfalcos del Hemisferio Occidental en las últimas décadas. Su elegido Nicolás Maduro simplemente empeoró la crisis con la consolidación de una opresión generalizada contra los ciudadanos y la población ha llegado a sufrir profundas y sistemáticas violaciones a sus derechos humanos.

Recientemente Freedom House colaboró con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la elaboración de la primera Resolución a nivel regional que establece el vínculo directo entre la corrupción y la violación de derechos humanos. La organización viene también estudiando las diversas redes de corrupción y narcolavado que surgen de Venezuela y su impacto en Estados Unidos y en la región. El gobierno de Nicolás Maduro ha venido sistemáticamente violando los derechos humanos pero también ha venido liderando una red de corrupción y lavado de dinero proveniente de fuentes ilícitas que ha tenido impacto más allá de Venezuela.

Desde el uso del Estado como gran maquinaria de trafico de drogas y lavado de dinero, el uso de la empresa petrolera del Estado, Petróleos de Venezuela (PDVSA) como mampara de operaciones de grupos guerrilleros de Colombia o de organizaciones terroristas o simplemente como gran plataforma para el lavado de activos provenientes del crimen organizado. Esto sumado a la creación de empresas mixtas en el Caribe (Petrocaribe), en Nicaragua (Albanisa), o en El Salvador (Alba Petróleo), es decir, redes de corrupción y lavado que se escapan de las fronteras de Venezuela.

La inmensa voracidad de testaferros y funcionarios del régimen de Chávez-Maduro han llevado a contaminar cientos de mercados financieros con fondos de dudosa procedencia. No hay duda de la vinculación del gobierno de Venezuela en esta industria criminal en un entramado de relaciones que involucran desde el presidente de la república, Nicolás Maduro y a otros altos funcionarios de gobierno en graves actos de corrupción y actividades ilícitas conexas como narcotráfico y lavado de dinero.

Violencia y control

La violación sistemática de DDHH ocurre en un escenario en el que Maduro y los aliados de la coalición dominante, quieren mantener a toda costa el poder que les ha servido para cometer los mayores actos de corrupción en la historia republicana de Venezuela y se han valido de la violencia y el control de todas las instituciones, así como de grupos ilegales para mantener el control social. De igual forma se han aprovechado de una débil oposición y en muchos casos han comprado a la oposición para hacerla dócil al tirano y sus operaciones criminales.

El impacto de la crisis humanitaria de Venezuela va mucho más allá de las fronteras, no solo por la migración de millones de Venezolanos y su impacto en los países vecinos, sino también por el uso de un gobierno como mampara de un esquema de lavado y corrupción que se ha venido aprovechando de sistemas financieros y de las estructuras internacionales.

La inexistencia de independencia de poderes, en particular el Poder Judicial, el Ministerio Publico o la Contraloría General de la República, así como el desmantelamiento del Poder Legislativo deja al delito de narcotráfico, lavado y de corrupción del gobierno con total impunidad.

Crimen y castigo
No puede haber delito sin castigo, en el caso de Estados Unidos existe la posibilidad real de enjuiciar a Nicolás Maduro y a su clan de criminales haciendo uso de una ley precisamente creada para perseguir criminales y estructuras criminales como las que opera en Venezuela. Se debe hacer uso de la ley RICO (The Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act, RICO Act), una ley federal en los Estados Unidos que persigue al crimen organizado y permite al Departamento de Justicia y a Fiscales Federales perseguir y abrir casos contra criminales, corruptos y narcotraficantes.

En el caso de Maduro y su estructura criminal, está el uso del sistema bancario de Estados Unidos para el lavado de capitales producto de corrupción o lavado de dinero proveniente del narcotráfico. También como lo indicaron en el caso de los “narcosobrinos”, existe la vinculación de Nicolás Maduro con el tráfico de drogas hacia los Estados Unidos.

Hemos venido analizando la legislación y las posibilidades de enjuiciar a Maduro en Estados Unidos y simplemente se requiere abrir el caso. Las pruebas están en los numerosos testigos protegidos, variados expedientes de funcionarios y testaferros sancionados por el Departamento del Tesoro, y los casos ya abiertos contra varios narcotraficantes y corruptos ligados a la estructura criminal de Maduro.

Juicio en varias naciones

No solo en Estados Unidos es enjuiciable Maduro y su estructura criminal, el anuncio realizado en mayo por Departamentos del Tesoro Integrantes del Departamento del Tesoro de Estados Unidos señala un acuerdo con 15 naciones para localizar y decomisar bienes de funcionarios venezolanos acusados de corrupción. Este acuerdo brinda la oportunidad para abrir casos contra el régimen de maduro en: Alemania, Argentina, Brasil, Canadá, Colombia, España, Francia, Guatemala, Italia, Japón, México, Panamá, Paraguay, Perú y el Reino Unido.

El uso de una Convención internacional para perseguir el crimen organizado abre la puerta para enjuiciar a Maduro en diversos países donde las redes de corrupción y narcotráfico han impactado, como es el caso de Argentina, Panamá, España y Colombia, entre muchos otros. La Convención de Palermo (Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional) puede marcar el camino. Se requiere analizar los instrumentos internacionales, legislación de países afectados, tribunales y mecanismos internacionales, y las posibles sanciones extraterritoriales que pueden aplicarse a funcionarios de Venezuela incursos en actos de corrupción, lavado y violaciones sistemáticas a los DDHH. En particular se requiere de fiscales que tomen la legislación nacional y a Palermo para enjuiciar a Nicolás Maduro y su esquema de corrupción regional.

¿Qué pasa con la inmunidad?

Con respecto a la inmunidad, hablamos de un sujeto que ejerce ilegalmente una presidencia luego de unas elecciones fraudulentas. La Asamblea Nacional de Venezuela ha autorizado el enjuiciamiento de Nicolás Maduro el 18 de abril de 2018 y el desconocimiento del Gobierno de Maduro elimina la inmunidad de los funcionarios del gobierno y facilita esquemas de enjuiciamiento extraterritorial.

Partiendo de estas consideraciones, quiero plantear la necesidad de fortalecer el monitoreo, documentación y reporte que evidencie la vinculación entre los actos de corrupción gubernamental y narcolavado del gobierno de Nicolás Maduro para impulsar la activación de un caso federal en los Estados Unidos usando RICO. Además, al mismo tiempo, deben utilizarse los mecanismos regionales y dentro de los países afectados para el uso de la documentación y así facilitarles la activación de los mecanismos judiciales, sancionatorios o de investigación que permitan abrir juicios a Maduro y sus cómplices.

Objetivo: Vencer la impunidad
El objetivo es enjuiciar a Maduro en Estados Unidos y en diferentes países donde su cartel ha venido impactando. Las sanciones que se han implementado hasta el momento por parte del Departamento de Estado y Departamento del Tesoro son excelentes, y hay que seguir sancionando a funcionarios de una administración corrupta, pero al mismo tiempo se requiere avanzar con formas adicionales que permitan vencer la impunidad que existe en Venezuela y su impacto en Estados Unidos.

En conclusión, a Nicolás Maduro hay que enjuiciarlo en suelo estadounidense así como también a sus ministros, militares y testaferros por sus actividades criminales que han vuelto Venezuela en un estado fallido, pero que han impactado negativamente a los países de la región y países de la Unión Europea. En particular existe la obligación de proteger al pueblo americano de esta empresa criminal. No se puede permitir la impunidad del cartel de Nicolás Maduro en los Estados Unidos.

2018 el año del colapso: se profundiza la crisis de Venezuela

2018 el año del colapso: se profundiza la crisis de Venezuela

Un gobierno criminal que opera como un cartel de droga y una oposición complaciente solo retrasa la inminente salida de Maduro.
Dr. Carlos E. Ponce, Director para Latinoamérica y el Caribe Freedom House | 1/13/2018, 6:29 a.m.
Publicado en "El Tiempo Latino"



No hay que ser “iluminado” para avizorar la caída libre de Venezuela este año. Ya la situación viene desmejorando exponencialmente con grados de crisis poco vistas en la región. Lo peor está por venir. Enero es siempre el mes de mayor insatisfacción, en un país con escasez de alimentos, medicinas o bienes, terribles servicios de agua o electricidad, sistema de salud ineficiente o inexistente, violaciones graves de los derechos humanos, falta de libertades fundamentales, una inflación del 2,735% anual, una contracción de 14,7 PIB, crimen masivo, inseguridad y un salario mínimo mensual por debajo de US $ 3 por mes, es explosivo. Entonces la crisis humanitaria se expandirá a un nivel sin precedentes, llevando al país a una "Somalización". Un país petrolero que ha estado reduciendo la producción de petróleo en más de 1,2 millones diarios debido a la ineficiencia y que necesita importar gasolina para cubrir el mercado interno no tiene lugar para la recuperación, incluso si los precios del petróleo aumentan nuevamente no hay capacidad de recuperación bajo las condiciones actuales.

El país entró oficialmente en default, con sanciones internacionales contra los bonos venezolanos, sanciones contra funcionarios del gobierno y una preocupación compartida en los gobiernos de casi todos los países democráticos sobre la crisis política y humanitaria. El sistema bancario venezolano y la industria petrolera se han utilizado como vehículos para el tráfico de drogas en todo el mundo, las operaciones de la mafia y el lavado de dinero. Un estimado de 700 mil millones de dólares se robaron funcionarios corruptos del gobierno, militares, empresarios corruptos, opositores corruptos, bolichicos y testaferros. El problema es que ya se les han venido reduciendo las fuentes amplias de robo y entre ellos se han tenido que robar. La mala noticia para todos estos grupos es que nuestra organización sigue trabajando arduamente para lograr más sanciones, y les puedo confirmar que ya están en camino tanto aquí en Washington como en Europa y Canadá. Sanciones que van hacia los familiares, una lista de militares y muchas sorpresas más. Incluso es recurrente la solicitud de sanciones para miembros de la oposición que están en colusión con el gobierno de Nicolás Maduro.

Venezuela experimentó tres meses de violenta manifestación política en 2017, más de 120 personas murieron y miles de manifestantes y líderes de la oposición fueron arrestados y más de 240 permanecen en la cárcel. Algunas falsas promesas con programas sociales falsos y represión evitaron manifestaciones masivas en barrios pobres. Ello sumado al control social con la violencia de grupos armados ilegales controlados por el Gobierno, que aterrorizan a los barrios para evitar manifestaciones. Pero 2018 será diferente, el asesinato de una pobre joven embarazada por parte de una Guardia Nacional el 31 de diciembre, porque ella se estaba manifestando por la falta de alimentos o las protestas por comida que se van multiplicando, van indicando el próximo escenario para la crisis venezolana y la confrontación masiva y diaria. Las próximas semanas el país experimentará un aumento exponencial de manifestaciones esporádicas, violencia callejera, disturbios y saqueos en barrios pobres y que crecerá a nivel nacional, podemos anticipar que la reacción violenta del régimen autocrático traerá más asesinatos y detenciones. Los controles de precios y saqueos coordinados por el régimen contra mercados y abastos en zonas de clase media solamente agravaran el problema. Venezuela experimentará una nueva ola de manifestaciones masivas en una combinación de disturbios por alimentos / medicinas / escasez en barrios pobres y manifestaciones políticas en carreteras y otras áreas. Lamentablemente ocurrirá un derramamiento de sangre.




Hugo Chávez desarrolló un plan de control de la fuerza armada. Y Maduro dejo avanzar este control hacia el manejo directo del negocio de la droga, oro, tráfico y otros negocios ilegales. Él y sus familiares, así como muchos de sus ministros y seguidores se han vinculado directamente con el narcotráfico y las mafias, lo cual ha secuestrado por completo el gobierno. Pero darle la industria petrolera a la Guardia Nacional, nombrando un General corrupto y violador de derechos Humanos como “Presidente” de la estatal petrolera PDVSA simplemente rompió el balance establecido por Chávez y ha dejado una gran fisura en la fuerza armada y en la industria petrolera. Ruidos militares son comunes en grupos que ya no tienen acceso al poder o en otros que no llegaron a tiempo a la fiesta.

Millones de armas distribuidas a mafias, pranes, colectivos y otros grupos armados complican una salida no violenta en Venezuela, con una policía corrompida hasta sus tuétanos, fuerzas especiales creadas solo para reprimir a la oposición y una fuerza armada como parte del problema, es difícil ver una capacidad de control de la violencia en Venezuela sin asistencia militar internacional.

PDVSA ahora esta acorralada entre la brutalidad de la gerencia militar corrupta y los familiares de Maduro. Por ende la producción seguirá cayendo y la mayor fuente de ingreso disminuyendo. Las molestias internas dentro de la industria son tales que se teme una paralización total de la industria petrolera de Venezuela en los próximos días.

No es posible frenar una crisis migratoria. Un estimado de 2.5 millones de personas emigraron de Venezuela en los últimos 5 años, la mayoría profesionales y clases medias, ahora es el momento de que los pobres busquen mejores oportunidades. Este año, una oleada masiva de migrantes complicará las fronteras con Brasil, Colombia, Curazao y Trinidad y Tobago. Miles de colonos-venezolanos y venezolanos pobres crearán una crisis migratoria humanitaria masiva fronteriza y nadie está preparado para eso.

La capacidad de hacer frente a esta crisis esta mermada. Por un lado un gobierno que opera como un cartel de droga y por otro lado una oposición complaciente. La oposición "formal", representada de alguna manera por la Mesa de Unidad Democrática (MUD), es una plataforma electoral, no un movimiento de oposición, sólo representa un grupo de partidos políticos débiles minimizados sin representación en los sindicatos, parcialmente en la sociedad civil, en los sectores privados o en la academia. No esta tampoco representada la diáspora que ya supera las 3 millones de personas. La MUD ha sido efectiva para ganar algunas elecciones, como las elecciones parlamentarias en 2016, pero totalmente ineficaces en el diseño e implementación de un verdadero plan de oposición contra el régimen dictatorial. Algunos de los miembros de la MUD han estado conspirando e incrustados con la corrupción dentro del régimen. La única alternativa para este grupo ha sido jugar el juego del gobierno de un falso "dialogo" que extendió la vida del gobierno de Maduro. Este grupo tratará de vender las elecciones presidenciales como la única alternativa viable y un candidato de oposición unitario único como la solución a todos los problemas. Ya han elegido a un presidente de la debilitada Asamblea Nacional que representa los intereses de un grupo en colusión con la dictadura. Un régimen que tiene poco respeto a la ley y cuya intención es manipular y reprimir para quedarse en el poder, intentará manipular a la oposición con algunas pequeñas concesiones electorales pero manteniendo el control del proceso, una elección presidencial será solo una "Crónica de una muerte anunciada".

Qué hacer con respecto a Venezuela:

• No es dialogo, y no es negociación electoral. Se debe negociar un gobierno de transición inmediata y la salida del poder de Nicolás Maduro y todos sus colaboradores. Uno no negocia una elección para la entrega de rehenes. Los criminales no “dialogan” a los criminales se les obliga. No se trata de negociar una elección con "mejores" condiciones, en las circunstancias actuales es imposible una solución electoral pura para Venezuela. La comunidad internacional necesita obligar a la dictadura a negociar un gobierno de transición con un amplio grupo de líderes de la oposición. No se trata de lograr una elección, se trata de una operación internacional para salvar a millones de venezolanos.

• Se ha comprobado que las sanciones son efectivas contra el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. Más sanciones y mayor número de sancionados es necesario, incluso extender a familiares y amigos. Se requiere también incluir en las listas a “opositores” que colaboran con el régimen. Las sanciones de Estados Unidos deben continuar y además se debe evitar que algún cabildero comprometido con la corrupción de Maduro pida negociar o levantar las sanciones. Ahora que la Asamblea Nacional (Congreso) de Venezuela ha caído en manos de colaboradores de oficio con la narcodictadura, veremos cómo tratarán de liberar las sanciones a los bonos de Venezuela y la emisión de deuda autorizada por el Congreso. Eso debe ser rechazado y deslegitimado. Son esfuerzos de estos “opositores” comprometidos con la dictadura.

• Deben incrementarse las sanciones de Canadá y de la Unión Europea, así como sumarse otros países. De igual forma se deben incrementar las sanciones a colaboradores del régimen de Venezuela en otros países, como es el caso de Nicaragua, St. Vincent y las Granadinas, Republica Dominicana, Haití, El Salvador, Bolivia, entre otros.

• Además de las sanciones, la comunidad internacional debe llevar ante la justicia el narcotráfico y violaciones a derechos humanos del régimen de Nicolás Maduro, con un caso criminal formal en una corte federal en los EE.UU. contra Maduro, sus ministros, generales, militares y colaboradores, debido a su participación activa en las actividades del narcotráfico. Un caso Federal y su réplica en otros países podría permitir una orden de captura internacional. Más sanciones y casos criminales específico obligarán a un compromiso con el régimen a una verdadera negociación para una transición.

• Mayores restricciones y monitoreo debe existir del sistema bancario internacional a los bancos y operaciones desde y hacia Venezuela y de aquellas llevadas adelante por el gobierno, sus funcionarios y relacionados. De igual forma a las fórmulas de narcolavado que desarrolla el régimen con criptomonedas o fraudes en la colocación de bonos en mercados no regulados. Hay que restringir transacciones internacionales con el nuevo invento monetario de Maduro: el Petro.

• Otra prioridad, basada en las pruebas existentes y el informe de la Organización de Estados Americanos, es la prioridad de que un Estado parte del Estatuto de Roma debe denunciar al gobierno de Venezuela y crímenes sistemáticos contra la humanidad ante la Fiscal de la Corte Penal Internacional para iniciar inmediatamente una investigación contra los abusos de Maduro.

• Lograr una restricción de vuelo internacional para Maduro y sus oficiales. Restringir la movilidad de los criminales les restaría posibilidades de seguir negociando acuerdos dañinos para el país.

• La oposición venezolana necesita encontrar un terreno común entre una MUD depurada, el resto de los movimientos / dirigentes internos de oposición, los movimientos estudiantiles / sindicales / de otro tipo y la diáspora. La comunidad internacional necesita abrir los ojos de que la oposición venezolana es más que la MUD y el mejor apoyo para ellos es ayudarlos a crear un movimiento de oposición real que vaya más allá de una plataforma electoral. Una opción real que incluya fuerzas internas y la diáspora.

• Se debe crear un Fondo Internacional para la recuperación de Venezuela. Hay que negociar con factores del Chavismo que conoce el paradero del botín robado, pero sin ofrecer protagonismos. Un movimiento internacional para perseguir a funcionarios / militares corruptos venezolanos, sus socios comerciales, familiares y sus operaciones en todo el mundo y recuperar los miles de millones de dólares robados e invertidos en un fondo especial para la reconstrucción de Venezuela. La recuperación de los 700 Billones robados serviría para una inmediata atención a la crisis alimentaria y de salud y un buen capital para reconstruir un país desbastado por una falsa revolución. Se debe avanzar en un plan de consenso de recuperación económica, social e institucional, que atienda las necesidades inmediatas pero que también construya un modelo económico y político óptimo. Avanzar con la cooperación y mecanismos internacionales es fundamental en estos momentos porque la asistencia debe llegar de inmediato.

• Debe haber una reconstrucción de emergencia, y un plan humanitario con asistencia militar y diplomática de la comunidad internacional para llenar el vacío después de la caída del régimen.

• Los falsos canales humanitarios pueden ser contraproducentes. Cualquier comida o medicina que la comunidad internacional entregue a Venezuela sin que exista una transición, será utilizada por el régimen de Maduro para propaganda y para mantener el control político con listas especiales de distribución o "carnet de la Patria". Un "Canal humanitario" mal planificado y mal implementado solo beneficiará a ganancias indirectas de los contratistas o de las agencias de la ONU, y al final será utilizado por el régimen para mayor control social. La prioridad debe ser un gobierno de transición y, mientras tanto, mejorar los mecanismos de apoyo de persona a persona, así como mecanismos fronterizos de ayuda. Se necesita un rol más organizado y activo de la diáspora venezolana para encontrar formas innovadoras de apoyar a la gente en Venezuela.

• El ACNUR (La Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados) y los gobiernos de Colombia, Brasil y Trinidad, así como otros países de América Latina y el Caribe y la comunidad internacional deben estar preparados para la crisis de refugiados venezolanos y desarrollar un Proyecto de Auxiliar de Refugiados Venezolanos.

• Mayor solidaridad y ayuda debería existir en los países de la región con los miles de perseguidos y refugiados que se han ido de Venezuela.

• El Gobierno de Trump debe iniciar un esfuerzo de arrestos de funcionarios venezolanos, corruptos ligados al régimen, testaferros, militares y sus familiares para evitar que sigan usando el país como santuario.

• Mayor atención internacional a los presos y perseguidos políticos en Venezuela, presos de conciencia y los miles de venezolanos con causas abiertas por pensar diferente.

• El Comando Sur de los EEUU y las fuerzas armadas y de seguridad de los países vecinos deben estar listos con un plan de acción coherente debido al impacto de un estado fallido con millones de armas en manos de delincuentes, numerosos carteles y guerrillas que operan en el país, un sector militar corrupto involucrado en el tráfico de drogas y la incapacidad de las fuerzas internas para prevenir y controlar el caos masivo y la violencia en el momento del colapso.

• Debe existir una prohibición internacional de venta de armamentos, repuestos militares, mecanismos de control de manifestaciones, bombas lacrimógenas o cualquier otro componente que pueda ser usado por el régimen para reprimir a la población civil. De igual forma los países deben prohibir el tránsito de estos armamentos por sus países.

• Estados Unidos necesita mejorar la negociación con los dos únicos socios fuertes del régimen de Maduro, China y Rusia, para llevarlos a un esfuerzo común por terminar con la dictadura. Algunas personas incluyen a Cuba en los esfuerzos, pero Cuba es parte del problema, no la solución. Cortar el flujo de dinero de China es fundamental para que el régimen no evada las sanciones.

• Estados Unidos debe continuar la presión a la ONU para que el Consejo de Seguridad tome acciones inmediatas respecto a Venezuela y prevenir la mayor crisis humanitaria y de violencia en la región. De igual forma se debe incrementar el apoyo a la OEA para que continúe buscando estrategias que tiendan a desenmascarar a la dictadura y procurar salidas no violentas.

• Una negociación para una transición debe tener como requisito previo la liberación plena de todos/as los presos/as políticos y la eliminación de las causas a todos/as, el desarme de los grupos ilegales, la renuncia en pleno de todos los funcionarios de las instituciones represivas, incluir Presidentes activos con capacidad negociadora de países democráticos y expertos en negociaciones complicadas, un esquema de sanciones por incumplimientos y tiempos pre-establecidos de acuerdos inmediatos. Debe incluir elementos de justicia transicional y de castigo a los narco-criminales.

Debe existir una negociación acordada por consenso entre los diferentes factores de oposición y no un secuestro de la voluntad colectiva. Para los funcionarios del régimen será la única alternativa porque el cerco internacional y las dificultades internas hacen inviable su permanencia. El ejército, las empresas de las telecomunicaciones, la industria petrolera y los medios de comunicación se plegarán al que llegué y bloquearán al que salga.

No queda duda que llegará el colapso, y en Washington ya estamos preparados. Maduro y sus secuaces negociarán su salida. El chavismo originario que intenta protagonizar una disidencia que logre popularidad, algunos factores políticos de oposición crecidos en popularidad y decididos a no ceder ni dialogar con el narco-régimen, y uno que otro líder activista, también popular, con ambiciones al estilo Rambo Patriota, serán junto al pueblo y la asistencia militar internacional la fuerza que destronará al gobierno criminal de Venezuela. Sin darnos cuenta, sin personalismos nos une un mismo objetivo de guerra. La única opción que tiene Maduro es retrasar el colapso.

Addressing the Crisis in Venezuela: Policy Recommendations

Overview
Venezuela is at a critical inflection point as 2018 begins, with its humanitarian crisis poised to deteriorate further, fomenting ongoing lawlessness and violence. There is widespread global concern about this crisis, evidenced by the United States’ and Europe’s decisions to impose sanctions on Venezuelan bonds and government officials, but the international community must do more. Now is the time to act to lessen the impact of a worsening crisis and potentially failed state.

Dr. Carlos E. Ponce, Latin American and Caribbean Director 

Freedom House

2017 Recap

During the final months of 2017, unrest rose sharply in Venezuela, spurred by acute food and medicine shortages; unreliable access to water, electricity, and health care; rampant crime; and major human rights violations. Venezuela ended 2017 in default as inflation soared to 2,735 percent, GDP contracted by 14.7 percent, and monthly minimum salaries plummeted to less than US $3 per month – an economic crisis that has compounded the ongoing human rights and humanitarian emergency.

Inefficiency has driven the state-run oil company to reduce oil production by more than 1.2 million barrels per day, forcing the government to import gasoline to satisfy domestic demand and signaling bleak prospects for economic recovery in 2018. The appointment of a corrupt National Guard General at the national Oil Industry PDVSA has made production challenges worse and increased the possibility of an oil strike.

In the midst of political and economic turmoil, illegal groups and corrupt officials co-opted the Venezuelan banking system and oil industry as vehicles for drug trafficking, mafia operations, and money laundering, with a reach far beyond Venezuelan borders. By some estimates, corrupt Venezuelan officials and their frontmen throughout the region have laundered roughly $700 billion.

Moreover, violent political demonstrations battered Venezuela in 2017, resulting in more than 120 deaths and thousands arrests of demonstrators and opposition leaders. More than 240 people remain in prison. Throughout much of last year, the Maduro regime successfully mollified unrest in some of the country’s poorest regions with false promises of improved social programs.

Rising tensions by the year’s end, however, augur a less tractable public and heightened violent resistance. For instance, the December 31 killing by a National Guardsman of a poor pregnant woman protesting in a long line for food sparked unprecedented outrage in one of Caracas’ poorest neighborhoods.

Outlook for Early 2018

After 17 years, the Chavez Revolution has brought Venezuela violence, inefficiency, poverty, and gross abuses of power, which become ever more challenging to address. The coming weeks will bring an exponential rise in sporadic demonstrations, mob violence, riots, and looting in poor neighborhoods. Localized violence will likely spread quickly to the national level. The regime will respond with additional arbitrary detentions of people demanding access to basic necessities, which will foment a new wave of massive and violent demonstrations.

An estimated 2.5 million people have emigrated from Venezuela over the past five years, most of them middle class professionals. This year, increased desperation will drive even the poorest Venezuelans to seek relief outside of Venezuela. Migrants will flood borders with Brazil, Colombia, and Trinidad and Tobago, generating a humanitarian migratory crisis for which the region is poorly prepared.

Without a more coherent, credible, and inclusive opposition party, little will improve on the political front in 2018. The Mesa de Unidad Democratica (MUD), which represents the “formal”opposition is an electoral platform rather than an opposition movement. It is a collection of relatively weak political parties and lacks key representation from labor unions, civil society, the private sector, and other entities that oppose the Maduro regime. While the MUD has been effective in winning some elections, like the parliamentary election in 2015, it has failed to design and implement an effective opposition strategy to combat the dictatorial regime. Moreover, some MUD members have colluded on corruption inside the regime, further damaging the platform’s credibility and cohesion. So far, the MUD’s only strategy has been to engage in a series ineffective dialogues, while the regime has continued to tighten its grip on power. In 2018, the MUD will champion a presidential election as the only viable alternative and will put forth a single opposition candidate. Yet, the Maduro regime has proven itself adroit at manipulating the opposition with small electoral concessions, while maintaining control of the electoral process itself. Unless the opposition can organize, Venezuela will remain a country with a drug-cartel in control and an opposition too weak and divided to fight alone with the scarce democratic tools remaining.

Now is the time to act if the international community is interested in helping prevent the crisis in Venezuela from worsening. If implemented, the recommendations below could force the regime into a true negotiation that brings actual relief to the Venezuelan people.

Policy Recommendations:

· Increase direct pressure on Maduro and his cronies.

• Individual sanctions have been effective against Maduro’s regime and its allies. Additional sanctions from a greater number of countries will continue to build pressure on the regime and its corrupt, criminal affiliates. 
• An international no-fly restriction for Maduro and his officials would further increase pressure. 
• The international community should seek the initiation of formal criminal cases against Maduro, his ministers, and his generals for their active participation in drug trafficking. The U.S. Department of Justice should open a case against Maduro in a federal U.S. court and other countries should do the same in their respective court systems. 
• A state party to the Rome Statute should bring the Venezuelan government’s systematic crimes against the humanity to the International Criminal Court’s Prosecutor for immediate investigation. 

· Press for a negotiated solution.

• In discussions of a negotiated solution for Venezuela, the international community should prioritize forcing a negotiation that will mitigate the humanitarian crisis over pushing for a transitional government. 
• The United Nations should increase pressure on Venezuela. The US should request an emergency meeting at the UN Security Council, and an international monitor, such as a Special Envoy for Venezuela, should be designated to monitor corruption, handle negotiations, and recommend a transitional justice process. 

· Investigate corruption and use seized assets to create a special fund for the reconstruction of Venezuela.

• The international community should develop strategies to prosecute corrupt Venezuelan officials, their business partners, and front men, and recover the billions of laundered dollars. Recovered money should be placed in a special fund for the reconstruction of Venezuela. 

· Do not recognize elections under current conditions.

• The international community should not recognize any elections in Venezuela without a total change in the independence of the electoral authority and electoral process or without independent international election monitoring. 

· Ensure effective humanitarian aid.

• No humanitarian aid should be given without first commencing firm negotiations to address political and economic changes – the regime will use any food aid for political purposes. 
• The international community should prioritize person-to-person humanitarian support, including a more active role for the Venezuelan diaspora. Broader humanitarian efforts can be easily manipulated by the Maduro regime. 

· Refrain from selling weapons to Venezuela, which could be used against peaceful protesters.

• China and Russia keeps selling weapons to the dictatorship to control street demonstrations. Other countries sell weapons to the Venezuelan military and those weapons ended in the hands of illegal groups or used against civilians. A total ban to sale or to transport weapons to Venezuela is necessary.

· Encourage a unified opposition.

• The Venezuelan opposition needs to find a common ground among a depleted MUD, other internal opposition movements, student groups, labor unions, and the diaspora. The international community has an important role to play in supporting a coherent opposition movement that goes beyond an electoral platform. 

· Support independent media.

• Major support to investigative and independent journalists must be part of any aid to Venezuela. The international community should implement programs to support printed newspapers and other media that are still operating completely alone – they are the last hope of accurate, independent information on the situation in Venezuela. 

· Prepare for both a worsening crisis if nothing changes and for the immediate aftermath of a negotiated transition.

• International legislative bodies including the US Congress should hold hearings on a potential transition of power in Venezuela. 
• The US Southern Command should coordinate with security forces in neighboring countries to address the potential power vacuum if Venezuela becomes a failed state. Illegal armed groups, cartels, and guerrillas will exploit this vacuum as they gain strength and raise the specter of increased transnational crime. 
• The international community should develop a reconstruction and humanitarian plan to fill the vacuum if the regime falls. 
• The UNHCR and the governments of Colombia, Brazil, Curacao and Trinidad, as well as other neighboring countries, must prepare for a Venezuelan refugee crisis and develop a Venezuelan Refugee Assistant Project.

2018: The end of the dictatorship in Venezuela

Unrest spurred by acute food and medicine shortages, unreliable access to water, electricity, and health care, rampant crime, and major human rights violations rose sharply in Venezuela during the final months of 2017. As inflation soared to 2,735%, GDP contracted by 14.7%, and monthly minimum salaries plummeted to less than US $3 per month, an Economic crisis has compounded the human rights and humanitarian emergency, setting Venezuela at a critical point of inflection to begin the New Year. In 2018, the country’s humanitarian crisis is poised to deteriorate further, fostering lawlessness and violence. 

Inefficiency has driven the state-run oil company to reduce oil production by more than 1.2 million barrels per day, forcing the government to import gasoline to satisfy domestic demand, offering bleak prospects for any economic recovery this year. Maduro's mistake appointing a corrupt general from the National Guard as president of the Venezuelan Oil Industry (PDVSA) will destroy the industry and force to a national oil strike.

Venezuela ended 2017 in default, while the United States and Europe levelled sanctions on Venezuelan bonds and government officials, demonstrating widespread global concern about the political and humanitarian crisis. In the midst of political and economic turmoil, illegal groups and corrupt officials co-opted the Venezuelan banking system and oil industry as vehicles for drug trafficking, and mafia and money laundering operations, with reach far beyond Venezuelan borders. By some estimates, corrupt Venezuelan officials and their front-men throughout the region have laundered some $700 billion. In response to corruption, political prisoners and human rights violations, the EU, Canada, and U.S. have announced further sanctions.

Moreover, violent political demonstrations battered Venezuela in 2017, resulting in more than 120 deaths and thousands arrests of demonstrators and opposition leaders. More than 240 people remain in prison in the wake of the demonstrations. For much of last year, the Maduro regime successfully mollified unrest in some of the country’s poorest regions with false promises of improved social programs. However rising tensions by the year’s end augur a less tractable public and heightened violent resistance. For instance, the December 31 killing by a National Guardsman of a poor pregnant woman protesting in a long line for food, sparked unprecedented outrage in one of Caracas’ poorest neighborhoods.

The coming weeks will bring and exponential rise in sporadic demonstrations, mob violence, riots, and looting in poor neighborhoods and we can expect localized violence to spread quickly to the national level. The regime will respond with more arbitrary detentions of people demanding access to basic necessities, which will nourish a new wave of massive and violent demonstrations.

An estimated 2.5 million people have emigrated from Venezuela over the past five years, most of them middle class professionals. This year, increased desperation will drive even the poorest Venezuelans to seek relief outside of Venezuela. Migrants will flood borders with Brazil, Colombia, and Trinidad and Tobago, generating a humanitarian migratory crisis for which the region is poorly prepared.

After 17 years, the Chavez Revolution has brought Venezuela violence, inefficiency, poverty, and gross abuses of power, which become ever more challenging to address.

In the other side, the “formal” opposition, represented by the Mesa de Unidad Democratica (MUD), is an electoral platform rather than an opposition movement that represents a collection of relatively weak political parties. It lacks key representation from labor unions, civil society, the private sector, and other important political movements that oppose the Maduro regime. It has been effective winning some elections, like the parliamentarian election in 2015, but has failed to design and implement implementing an effective opposition strategy to combat the dictatorial regime. Moreover, some MUD members have colluded corruption inside the regime, further damaging the platform’s credibility and cohesion. So far, the MUD’s only strategy has been to engage in a series ineffective “dialogues,” while the regime has continued to tighten its grip on power. In 2018, the MUD will champion a presidential election as the only viable alternative and will put forth a single opposition candidate. Yet, the Maduro regime has proven itself adroit at manipulating the opposition with small electoral concessions, while maintaining control of the process. Without a more coherent, credible, and inclusive opposition party a presidential election will become a “Chronicle of A Death Foretold”.

We are talking of a “Catch 22” situation with a country with a drug-cartel in control and an opposition too week and divided to fight alone with the scare democratic tools remaining.

What to do with respect to Venezuela:

• Individual sanctions have been proven effective against Maduro’s regime and its allies. More sanctions from more countries will continue to build pressure on the regime and its corrupt and criminal affiliates. A no-fly restriction for Maduro and his officials would further increase pressure.

• The international community should press for a formal criminal case against Maduro, his ministers, and his generals for their active participation in drug trafficking in a federal U.S. court.

• A state party to the Rome Statute should bring the Venezuelan government’s systematic crimes against the humanity to the International Criminal Court’s Prosecutor for immediate investigation. Together with increased sanctions, targeted criminal cases could force the regime to a true negotiation.

• The Venezuelan opposition needs to find a common ground among a depleted MUD, other internal opposition movements, student groups, labor unions, and the diaspora. The international community has important role to play in supporting a coherent opposition movement that goes beyond an electoral platform.

• The international community should prioritize forcing a negotiation that will mitigate the humanitarian crisis over pushing for an electoral transition.

• The international community should develop strategies to prosecute corrupt Venezuelan officials, their business partners, and front men, and recover the billions of laundered dollars. Recovered money should be placed in a special fund for the reconstruction of Venezuela. The international community should also develop a reconstruction and humanitarian plan to fill the vacuum when the regime falls.

• The international community should prioritize person-to-person humanitarian support, including a more active role for the Venezuelan diaspora. Broader humanitarian efforts can be easily manipulated by the Maduro regime.

• UNHCR and the governments of Colombia, Brazil and Trinidad, as well as other neighboring countries must prepare for Venezuelan refugee crisis and develop a Venezuelan Refugee Assistant Project.

• The US Southern Command should coordinate with security forces in neighboring countries, as armed illegal groups, cartels, and guerrillas gain strength raise the specter of increased transnational crime.

• The U.S. must improve negotiations with the Maduro regime’s last remaining global partners—China and Russia, to draw them into a common effort to end the dictatorship.