OPINIÓN: Nicaragua merece atención

No podemos dejar que el ruido de la crisis de Venezuela calle las voces de auxilio desde Nicaragua.

Por Dr. Carlos E. Ponce, Columnista e Investigador de El Tiempo Latino en casos de Corrupción | 3/20/2019, 12:31 p.m.

Publicado en El Tiempo Latino: http://eltiempolatino.com/news/2019/mar/20/opinion-nicaragua-merece-atencion/

*Ponce es Director para América Latina de Victims of Communism Memorial Foundation y Profesor (Lecturer) Norhteastern University. El presente artículo incluye las opiniones del autor que no representan las opiniones de ninguna de las organizaciones con las cuales está afiliado. Las opiniones expresadas aquí son de entera responsabilidad del autor.

Sin importar las amenazas y la violencia del gobierno, los nicaragüenses siguen manifestando pacíficamente en busca de libertad contra la dictadura comunista de Daniel Ortega. Luego de las protestas masivas del 19 de abril de 2018 y los meses subsiguientes y los más de 500 muertos, miles de perseguidos, exiliados, torturados y cientos de presos políticos de manos de la dictadura sanguinaria, los jóvenes y el pueblo de Nicaragua no se rinden al tirano. Este fin de semana vimos cómo miles de personas tomaron las calles y fueron reprimidos violentamente por la dictadura y apresaron a más de 100 líderes de oposición.

Un régimen que ha expulsado a los organismos internacionales de derechos humanos y va impune luego de grotescas violaciones de derechos humanos de parte de las fuerzas policiales y grupos paramilitares armados comandados por Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo. Ante este escenario la economía ha sufrido y la crisis en el país se extiende.

El régimen de Ortega viene aplicando similares estrategias a las dictaduras de Cuba y Venezuela. Por un lado el control férreo centralizado de todas las instituciones, la persecución a la prensa libre, violencia generalizada, torturas, violencia sexual, desapariciones y muerte. Bajo un discurso de falsas revoluciones “socialistas” y elecciones fraudulentas han tratado de ocultar sus crímenes ante la opinión internacional.

Nuevamente el régimen de Daniel Ortega ha convencido a un bloque de oposición, llamado Alianza Cívica de Nicaragua, a sentarse en una mesa de “negociación” sin condiciones previas. Bajo una supuesta excarcelación de algunos presos políticos, algunos delegados de factores de la oposición se sentaron en varias reuniones con el régimen sin lograr ningún resultado. Los liberados fueron menos de los que se esperara que salieran libres y siguen detenidos en sus casas mientras el gobierno no da muestras de querer ceder en resolver la crisis, adelantar unas elecciones libres y cesar la violencia. Negociaciones similares ha implementado en Venezuela la dictadura por más de 20 años simplemente te para ganar tiempo y bajar la presión internacional.

Y es que la crisis dramática que vive Venezuela ha hecho que la atención de Cuba o Nicaragua baje y estos regímenes aprovechan la oportunidad. La dictadura cubana logró que pasara desapercibido el fraude del 24 de febrero de este año, donde se aprobó una “nueva” Constitución que simplemente extiende la tragedia del pueblo cubano, y al mismo tiempo ha incrementado los arrestos a líderes de la oposición y de movimientos de derechos humanos.

Cuba trata de adaptar su fachada constitucional ante la crisis que les espera con la caída de su benefactor Venezuela y los impactos que tendrá la aplicación del Título III de la ley conocida como la Helms-Burton (Cuban Liberty and Democratic Solidarity) que permite a los ciudadanos y empresas norteamericanas demandar a Cuba por las expropiaciones cometidas por el régimen. Esta ley hasta ahora había sido suspendida pero la Administración Trump ha decidido aplicarla.

Venezuela se mantiene como el mayor benefactor de las dictaduras de Cuba y Nicaragua con millones de dólares prácticamente donados en efectivo y en petróleo. Se señala que existen algunas mafias de lavado de dinero proveniente de tráfico droga y corrupción que opera en los tres países.

Al haber terminado el periodo presidencial dudoso de Nicolás Maduro, el 10 de enero, lo que vemos en Venezuela es una dictadura usurpadora aferrada al poder gracias a la violencia de sus grupos policiales, de seguridad y paramilitares (colectivos), muchos de ellos entrenados en Cuba. El país se encuentra secuestrado por una mafia que basa su poder en actividades ilegales y la fuerza. Pese a que la Constitución de Venezuela señala que a la ausencia del presidente de la república será el presidente del Congreso, Juan Guaidó, quien asume la presidencia, Maduro y su pequeño grupo de colaboradores se niegan a ceder el poder.

La solución a la crisis de Venezuela mediante el arresto y deportación de Nicolás Maduro por crímenes de lesa humanidad o narcotráfico, o cualquier otra solución que permita que Venezuela salga de la pesadilla, va a tener un gran impacto en la búsqueda por la democracia en Cuba y en Nicaragua.

Si bien es importante seguir presionando por la salida de Nicolás Maduro del poder, no se puede bajar la atención a los otros dos países del triángulo autoritario. Se deben incrementar las sanciones a ambos países, en particular a familiares, socios y testaferros de Daniel Ortega, comandantes de la policía, empresarios cercanos al régimen y militares. La Nica Act da la posibilidad de incrementar sanciones efectivas que debiliten al régimen. De igual forma se debe evitar apoyar falsas negociaciones y sobre todo evitar que la Organización de Estados Americanos (OEA) caiga en una nueva trampa de Ortega avalando una supuesta reforma electoral.

Recomendamos que el mandato del Special Envoy to Venezuela debe ser ampliado para incluir Cuba y Nicaragua, así como se le debe dar recursos y personal calificado para atender el cáncer de estas dictaduras totalitarias. Latinoamérica no va a salir de la sombra del totalitarismo si no se le da libertad a Cuba. Se debe avanzar con juicios contra perpetradores de violaciones de derechos humanos, narcotraficantes, blanqueadores de activos y corruptos de esos tres países para vencer la impunidad. No se debe bajar la presión internacional contra estos tres países.

La única salida para Nicaragua debe ser la salida de Daniel Ortega, Rosario Murillo y sus cómplices, no podemos dejar que el ruido de la crisis de Venezuela calle las voces de auxilio desde Nicaragua.

OPINIÓN - Dominica: Autoritarismo Competitivo y Corrupción

Su primer ministro, Roosevelt Skerrit, está estrechamente vinculado con la sangrienta dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela

Por Carlos Ponce, Director para Latinoamerica y el Caribe  de Freedom House | 2/8/2019, 12:18 p.m.

Publicado originalmente en El Tiempo Latino: http://eltiempolatino.com/news/2019/feb/08/opinion-dominica-autoritarismo-corrupcion/

El mejor secreto en el Caribe es Dominica, una pequeña isla de 70.000 habitantes gobernada por el mismo primer ministro por los últimos 15 años mediante dudosas elecciones que han sido altamente criticadas por la Organización de Estados Americanos (OEA).

Su primer ministro, Roosevelt Skerrit, está estrechamente vinculado con la sangrienta dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela y es activo protector de ese régimen en la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y en la OEA. La razón de esa protección es simple: millones de dólares en petróleo y muchas dudosas inversiones del régimen de Venezuela, funcionarios y testaferros en Dominica y con su aliado en el poder.

El Sr. Skerrit se ha negado a hacer los cambios electorales necesarios para unas elecciones transparentes y persigue a los líderes de la oposición, muy similar a sus colegas autoritarios de la región. Lo más problemático es su negativa a rendir cuentas del destino de los millones de dólares que se ha recibido de Venezuela y los sospechosos aviones cargados de paquetes que están llegando desde Venezuela.

Dada la vinculación del régimen de Nicolás Maduro con el narcotráfico, la corrupción, grupos terroristas y el lavado de dinero ilegal, son muchas cosas que el gobierno del Sr. Skerrit debe explicar. Existe igual preocupación por los fondos que han llegado desde Venezuela por dos décadas a San Vicente y las Granadinas y cuyo primer ministro Ralph Gonsalves también lleva desde el 2001 en el poder y procura ahora heredárselo a su hijo. Ambos casos demuestran la poca transparencia, posible corrupción con dineros provenientes de actividades ilegales desde Venezuela y la complicidad con el régimen asesino y criminal de Venezuela. Debido a esto, los votos de estas dos islas siempre son para proteger la dictadura de Venezuela en organismos internacionales.

Otro problema adicional de Dominica es la venta de ciudadanías, pasaportes y pasaportes diplomáticos, nos indican diferentes fuentes que se han emitido más de 400 pasaportes diplomáticos para una cancillería que tiene menos de 30 embajadores y funcionarios diplomáticos.



Desde Freedom House se está adelantando una investigación de la posible corrupción en Dominica.

OPINION: From Sanctions to the Indictment and Extraction of Nicolas Maduro

OPINION: From Sanctions to the Indictment and Extraction of Nicolas Maduro

Dr. Carlos E. Ponce, El Tiempo Latino Anti-Corruption Reseracher and Columnist

Published: 3/10/2019 El Tiempo Latino

http://m.eltiempolatino.com/news/2019/mar/10/opinion-sanciones-extraccion-maduro-complices/

*Ponce is the Senior Fellow and Director for Latin American Programs at Victims of Communism Memorial Foundation (VOCMF). He is also a part-time Lecturer at Northeastern University. El Tiempo Latino newspaper Anti-Corruption Source/Columnist.

After the fraudulent and unconstitutional elections on May 20, 2018, which were rejected by the vast majority of democratic countries, Nicolas Maduro ceased to be president of Venezuela on January 10, 2019. The application of the Constitution of Venezuela required the head of the National Assembly, Juan Guaido, to take office as the interim president of Venezuela. Guaido has been recognized as interim president by 50 democratic countries.

However, despite numerous sanctions, national and international pressure, and numerous national and international demonstrations, Nicolas Maduro's regime has refused to relinquish power. The regime is supported by a small group of loyal corrupt soldiers and various violent paramilitary groups.

Unfortunately, traditional strategies to deal with authoritarian regimes do not apply to Venezuela. In Venezuela, rather than a government, there is a criminal structure in power supported by mafias of corruption, drug trafficking, terrorism, and the illegal extraction of minerals. The country is a failed state with a humanitarian crisis that has led millions of people to emigrate in the biggest migration crisis in Latin America.

Many countries do not recognize Maduro as president. The United States has been supporting various democratic forces in Venezuela and the diaspora. Sanctions have been imposed on members of the government, military and related family members, on the oil industry, and on banking transactions. Visas have been eliminated, attempts have been made to send humanitarian aid into the country, and threats made by the USG and other countries against the Maduro regime the regime of Maduro and his collaborators have been clear.

As a solution to the ongoing crisis, several groups recommend military intervention in Venezuela. The problem is that they want the United States to assume the economic, political, and human losses of a military operation. A military intervention in Venezuela will bring major impact in human lives and maybe it will be counterproductive to eliminate the communist seed in Venezuela. Although the Trump administration has announced that all options are open, other alternatives to increase pressure on Maduro's communist bloodthirsty dictatorship merit attention.

Some non-violent alternatives recommended are:

• Opening of Trials, indictments and Arrest Orders: Continue with the sanctions but raise the pressure by opening trials in the United States and other countries against Nicolas Maduro and military and active officials in the dictatorship. This would allow the issuance of indictments or arrest warrants with the consequent international capture. There is enough evidence in numerous cases already opened against relatives of Maduro and front-people (Testaferros) that indicates money laundering and other crimes in the United States. This is a recommendation that we have taken numerous times to the Department of State, National Security Council, Department of Justice, Congress, Southern Command, Prosecutors and others. In several columns and interviews in El Tiempo Latino, this option has been commented on and various supporting documents have been sent. Our sources indicate that there are several sealed cases at United States courts that included Nicolas Maduro, Cilia Flores, Diosdado Cabello, senior government officials and Venezuelan military. We have been pressing to open them and initiate indictments and arrests. Finally the Department of Justice opened the first case and it is against the Narcoterrorist Tareck Zaidan El Aissami Maddah, former vice president of Maduro and current minister. The door is open and many others are coming. The advantage of these cases is that they are not suspension of visas to the United States or blockades of accounts or confiscation of properties in the United States, we speak of trials and jail time for the drug traffickers, money launder and corrupt individuals from Nicolás Maduro regime. They need to accompany the nephews "narcosobrinos" or Chapo Guzmán in jail.
• Deportation and Removal: The existence of arrest warrants and subsequent requirements in Interpol requires the deportation of those involved in any country where there is an extradition agreement with the United States. This reduces the mobility of officials of the Maduro regime and its military accomplices. The existence of a failed state sequestered by an individual that lacks legitimacy also allows the implementation of strategies to extract criminals. Numerous processes of extracting war criminals, violators of human rights, and corrupt have been effective in the past in different countries by governments and interested parties. 
• Increased international pressure to investigate cases of corruption among Venezuelan officials, front men, and Maduro’s relatives and to pursue the prosecution and arrest of the corrupt. The creation of a fund for the recovery of Venezuela with funds and assets seized. 
• Those responsible for Venezuela's electric chaos should be included in the list of sanctions. 
• The bonds, promissory notes and financial instruments issued by the dictatorship of Nicolás Maduro without the approval of the National Assembly are null and void and should not be recognized and any commitment signed by Maduro or his accomplices must be null and void.
• Progress must be made in the prohibition of the sale of weapons and supplies to "control of demonstrations", as well as in the issuance of sanctions to those who transport them. Requirements should be imposed on border countries that prohibit and retain arms shipments to Venezuela. 
• The actions of individuals of the Cuban regime in Venezuela must be fully investigated and documented, their links with the training of torturers of the security forces in Venezuela, the sending of Cuban military personnel to Venezuela, their participation in crimes against humanity, corruption and drug trafficking in Venezuela. Although Cuba is not part of the International Criminal Court, it processes responsible individuals regardless of nationality, it is a good time for a good case and report of the contribution of these individuals of the Cuban dictatorship in their contribution with the crimes against humanity in Venezuela. 
• Sanctions placed on the Venezuelan oil industry must include the transit of oil to Cuba and ships with gasoline and solvents to Venezuela. The United States must demand the governments of Trinidad and Tobago, Colombia, Guyana, Curacao, Aruba, and other countries bordering Venezuela to stop oil shipments directed to Cuba from Venezuela and to prevent the passage of ships that transport gasoline and other solvents in violation of sanctions. A clear message must be sent to the operators of different vessels, personnel and insurance companies about the risk of violating US sanctions. 
• The US government needs to limit the operations of Russian Banks and banks controlled by Maduro regime cronies in different countries and monitor the operations to and from Venezuela. 
• New sanctions against gold mining and illegal mineral exports from Venezuela to neighboring countries and the collaboration from Turkey selling that blood-gold must be in place to reduce the cash flow to the Maduro regime. 
• Sanctions should be promoted in other countries of the region. To date, in the Americas, only the United States, Canada, and Panama have imposed sanctions. New country-based sanctions similar to US Global Magnitsky need to be promoted and implemented in LAC countries.
• There are numerous clandestine airports and border roads in Venezuela that can be used to get the humanitarian aid into the country. Reducing the exposure, including an element of surprise and planning strategically can help alleviate the humanitarian crisis. Numerous faith-based groups can help with the distribution of food and medicines. 
• Progress must be made in the development of strategies to protect the victims of the humanitarian crisis and crimes against the humanity in Venezuela, such as the gathering of evidence and the advancing of strategies that lead to the immediate implementation of transitional justice and persecution of the perpetrators once the usurpation of Maduro ends. 

When anyone asked me what strategy should be implemented with Venezuela, my recommendation is “everything”, all the options and at the same time to end the tragedy for millions of Venezuelans and the impact in neighboring countries, the perfect storm must be generated to get out of the nightmare.

OPINIÓN: De las Sanciones a la Extracción de Nicolás Maduro y sus Cómplices

Las estrategias tradicionales para lidiar con regímenes autoritarios no aplican del todo a Venezuela

Dr. Carlos E. Ponce, Columnista e Investigador de El Tiempo Latino en casos de Corrupción

Publicado en: 3/10/2019 El Tiempo Latino

http://m.eltiempolatino.com/news/2019/mar/10/opinion-sanciones-extraccion-maduro-complices/

*Ponce es Director para América Latina de Victims of Communism Memorial Foundation y Profesor (Lecturer) Norhteastern University . El presente artículo incluye las opiniones del autor que no representan las opiniones de ninguna de las organizaciones con las cuales está afiliado. Las opiniones expresadas aquí son de entera responsabilidad del autor.

Luego de las elecciones fraudulentas e inconstitucionales del 20 de mayo de 2018, las cuales fueron rechazadas por la gran mayoría de países democráticos, Nicolás Maduro dejó de ser presidente de Venezuela el 10 de enero de 2019. La aplicación de la Constitución de Venezuela llevó a que asumiera el cargo de presidente interino el diputado Juan Guaidó, por ser el presidente de la Asamblea Nacional.

Pese a las numerosas sanciones, presión nacional e internacional y numerosas manifestaciones nacionales e internacionales, el régimen de Nicolás Maduro se ha negado a abandonar el poder y se mantiene gracias a un pequeño grupo de militares narco-corruptos leales y a diversos grupos violentos paramilitares.

Las estrategias tradicionales para lidiar con regímenes autoritarios no aplican del todo a Venezuela. En Venezuela no existe un gobierno sino una estructura criminal en poder apoyada por mafias de corrupción, narcotráfico, terrorismo y extracción ilegal de minerales. Venezuela es un estado fallido con una crisis humanitaria que ha llevado a millones de personas a emigrar, en la mayor crisis migratoria que ha experimentado Latinoamérica en su historia.

Estados Unidos ha venido apoyando a diversas fuerzas democráticas en Venezuela y a la diáspora, se han venido imponiendo sanciones a miembros del gobierno, militares y relacionados, se han impuesto sanciones a la industria petrolera y a las transacciones bancarias, se han eliminado visas, se ha intentado ingresar ayuda humanitaria y se ha amenazado de diversas formas al régimen de Nicolás Maduro y sus colaboradores. Numerosos países han apoyado a Juan Guaidó como presidente interino y desconocen a Maduro como presidente.

Hay diversos grupos que recomiendan una intervención militar en Venezuela, el problema es que pretenden que sea Estados Unidos quien asuma los costos económicos, políticos y de pérdidas humanas de una operación militar mientras los demás países observarán aliviados y luego criticarán. Pese a que la administración de Donald Trump ha anunciado que todas las opciones están abiertas, la opción militar no parece estar en el menú de la semana; todavía existen otras alternativas para incrementar la presión a la dictadura sanguinaria comunista de Nicolás Maduro.

Hemos venido por años apoyando las sanciones personales, las restricciones financieras, aplicación de Global Magnisky, las sanciones en diversos países y otras alternativas para acorralar a la narcodictadura que secuestró a Venezuela.

Algunas alternativas que podemos recomendar ahora son:

• Apertura de Juicios y Órdenes de Arresto: Continuar con las sanciones pero elevar la presión con la apertura de juicios en Estados Unidos y otros países contra Nicolás Maduro, militares y funcionarios activos de la dictadura. Ello permitiría la emisión de órdenes de arresto con la consecuente captura internacional. Hay suficiente evidencia en numerosos casos abiertos contra familiares de Nicolás Maduro y testaferros que dan claros indicios de lavado de dinero y otros crímenes en territorio norteamericano. Esta es una recomendación que hemos llevado en numerosas oportunidades al Departamento de Estado, National Security Council, Departamento de Justicia, Congreso, Comando Sur, Fiscales y otros. En diversas columnas y entrevistas en El Tiempo Latino se ha comentado de esta opción y se han enviado diversos documentos de apoyo. Nuestras fuentes indican que hay varios casos sellados (Sealed) en tribunales de Estados Unidos que incluyen a Nicolas Maduro, Cilia Flores, Diosdado Cabello, altos funcionarios del gobierno y militares venezolanos. Hemos venido presionando para que los abran e inicien las órdenes de arresto. Finalmente el Departamento de Justicia abrió el primer caso y es contra el Narcoterrorista Tareck Zaidan El Aissami Maddah, ex vicepresidente de Maduro y actual ministro. Ya se abrió la puerta y muchos otros están por venir. La ventaja de estos casos es que no son suspensiones de visas a Estados Unidos o bloqueos de cuentas o decomiso de propiedades en Estados Unidos, hablamos de juicios y cárcel para los narcos y corruptos del gobierno de Nicolás Maduro. Se abre un compás de espera para que ayuden a salir de la dictadura o acompañarán en la cárcel a los “narcosobrinos” o al Chapo Guzmán.

• Deportación y Remoción: La existencia de órdenes de arresto y subsecuentes requerimientos en Interpol obliga a la deportación de los implicados de cualquier país donde exista acuerdo de extradición con los Estados Unidos, lo cual reduce la movilidad de los funcionarios del régimen de Maduro y sus cómplices militares. La existencia de un estado fallido secuestrado por un individuo que carece de legitimidad permite también implementar estrategias de extracción de criminales. Numerosos procesos de extracción de criminales de guerra, violadores de derechos humanos y corruptos han sido efectivos en el pasado. En efecto a muchos criminales de guerra y violadores de derechos humanos se les ha extraído de diversos países. Ya la orden de arresto internacional obliga a cualquier país donde viajen a arrestarlos y deportarlos a Estados Unidos.

• Incremento de la presión internacional para la investigación de los casos de corrupción de funcionarios venezolanos, testaferros y familiares, así como el enjuiciamiento y arresto de los corruptos y la creación de un fondo para la recuperación de Venezuela con los fondos y bienes incautados.

• No se pueden aceptar testaferros y ladrones viejos o actuales, no importa si ya salieron de Venezuela, son todos co-responsables. Recomendamos a las fuerzas democráticas en Venezuela cuidarse de las ayudas y los fondos ofrecidos por estos corruptos. Se debe dejar bien claro que todos serán enjuiciados. Se deben revisar las cuentas en España, Rusia, Dubai (Emiratos Árabes), Portugal, Panamá, Perú, Argentina, República Dominicana y en muchos otros países y sancionar a los bancos que han comprado, que se han asociado o que permiten sus operaciones. De igual forma se deben incluir sus nombres en el caso ante la Corte Penal Internacional. Estos son co-responsables de la crisis humanitaria que también es un crimen de lesa humanidad.

• Los responsables del caos eléctrico de Venezuela deben ser incluidos dentro de la lista de sancionados.

• Los bonos, pagarés e instrumentos financieros emitidos por la dictadura de Nicolás Maduro sin aprobación de la Asamblea Nacional son nulos y no deben ser reconocidos y cualquier compromiso firmado por Maduro o sus cómplices debe ser nulo.

• Se debe avanzar en la prohibición de venta de armas y de insumos de “control de manifestaciones” así como en la emisión de sanciones a quienes las transporten. Se deben imponer requisitos a países fronterizos que prohíban y retengan cargamentos de armas hacia Venezuela.

• Se debe investigar y documentar plenamente la actuación de individuos del régimen cubano en Venezuela, su vinculación con el entrenamiento a torturadores de los cuerpos de seguridad en Venezuela, el envío de militares cubanos a Venezuela, su participación en crímenes de lesa humanidad, corrupción y narcotráfico en Venezuela. Si bien Cuba no es parte de la Corte Penal Internacional, la misma procesa a los individuos responsables sin importar la nacionalidad, es un buen momento para un buen caso y reporte de la contribución de estos individuos de la dictadura de Cuba en su contribución con los crímenes de lesa humanidad en Venezuela.

• Las sanciones a la industria petrolera de Venezuela deben incluir el tránsito de petróleo a Cuba y de buques con gasolina y disolventes a Venezuela, Estados Unidos debe exigir a los Gobiernos de Trinidad Tobago, Colombia, Guyana, Antillas Neerlandesas y otros países fronterizos con Venezuela que detengan los cargamentos de petróleo dirigidos a Cuba desde Venezuela e impidan el paso de buques que transportan gasolina y otros disolventes en violación a las sanciones.

• Se debe dejar claro a buques y aeronaves, así como sus tripulaciones que sean contratadas o presten servicios a personas sancionadas por los Estados Unidos que exponen su operación, sus registros y su futuro.

• Recomendamos a los países fronterizos con Venezuela la prohibición de tránsito de aeronaves o buques que transporten a sancionados, oficiales del gobierno usurpador de Nicolás Maduro o a militares de Venezuela.

• Se deben impulsar sanciones en otros países de la región, a la fecha en las Américas solo Estados Unidos, Canadá y Panamá han impuesto sanciones. Hay que impulsar legislaciones en los países similares a la Global Magnisky para facilitar la imposición de sanciones a violadores de derechos humanos y corruptos.

• Se debe avanzar en el cierre de la ruta del oro desde el Arco Minero mediante mayores controles a la compra ilegal en los países fronterizos, categorizar al oro de Venezuela como criminal y sancionar a Turquía por procesarlo y comercializarlo. Se debe prohibir considerar ese oro como parte de las reservas, así como se debe informar a los que lo procesan que están ejerciendo acciones ilegales. Recomendamos legislar en Estados Unidos sobre esta materia e incluir el oro de Venezuela dentro de las sanciones para así frenar el acceso a efectivo de la tiranía.

• La ruta del conflicto no violento pero activo en las calles con manifestaciones permanentes y la activación de los temas sindicales, jóvenes y la presión social debe incrementarse y apoyarse.

• Se debe avanzar en el desarrollo de estrategias de protección a las víctimas, de recolección de evidencias y de avance de estrategias que lleven a la implementación inmediata de Justicia Transicional una vez se logre que cese la usurpación de Nicolás Maduro.

Cuando preguntan qué estrategia se debe abordar con Venezuela, mi recomendación es que se debe hacer todo lo posible por acorralar al régimen, se debe generar la tormenta perfecta para salir de la pesadilla.

Les recordamos que cualquier denuncia la pueden enviar a: ponce@eltiempolatino.org

*El Dr. Carlos E. Ponce es Columnista e Investigador de El Tiempo Latino en casos de Corrupción. Ponce es Director para América Latina de Victims of Communism Memorial Foundation y Profesor (Lecturer) Norhteastern University . El presente artículo incluye las opiniones del autor que no representan las opiniones de ninguna de las organizaciones con las cuales está afiliado. Las opiniones expresadas aquí son de entera responsabilidad del autor.

Entrevista la Prensa (Nicaragua): Donald Trump firmará Nica Act antes que termine el 2018, de acuerdo a especialistas

Entrevista La Prensa (Nicaragua) a Carlos Ponce30/11/2018

Donald Trump firmará Nica Act antes que termine el 2018, de acuerdo a especialistas

Carlos Ponce, director de Freedom House para América Latina, dijo que del Congreso saldrá una versión única de la Nica Act, que incluirá la versión en octubre de 2017 y la versión aprobada por el Senado, el recién pasado 27 de noviembre.

Judith Flores / Miami 01/12/2018

LA PRENSA/AFP

Para la próxima semana está programada la aprobación (de las enmiendas) de la Ley Nica en el Congreso de Estados Unidos, para luego pasar al despacho del presidente Donald Trump y se convierta en una ley de sanciones contra la dictadura de Daniel Ortega, antes que concluya el 2018.

Carlos Ponce, director de Freedom House para América Latina, con sede en Washington, dijo que del Congreso saldrá una versión única de la Nica Act, que incluirá la versión aprobada en la Cámara Baja en octubre de 2017 y la versión aprobada por el Senado, el recién pasado 27 de noviembre.

“Es un Nica Act mejorado que incluye sanciones específicas por violaciones a los derechos humanos. La semana que viene le toca el segundo lugar de discusiones, martes o miércoles ya debe ser una realidad y una vez que llegue al escritorio del presidente no le veo ningún problema que se convierta en ley”, dijo Ponce.

La Ley Nica fue creada para sancionar los vejámenes y crímenes de la dictadura de Daniel Ortega. Se convertirá en una fuerte ley de sanciones dirigida a ese régimen, más fuerte que la Ley Global Magnitsky Act (Glomag), porque incluye sanciones individuales a nacionales y extranjeros involucrados en la represión desde abril del 2018, y establece restricciones al régimen para acceder a los créditos de la banca internacional. El fin es prevenir que dichos fondos sean empleados en la represión contra el pueblo nicaragüense.

Mensaje claro

Para el director de Freedom House, la Ley Nica será un instrumento adicional a la Magnitsky y envía un mensaje claro a la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

El mensaje es que “no se va a seguir aceptando violación a los derechos humanos y la corrupción del régimen de Daniel Ortega. Las sanciones individuales, muy particularmente a los cercanos a Daniel Ortega, les están diciendo que no van a poder movilizarse en las cuentas en Estados Unidos que poseen muchos de los que están trabajando con Daniel Ortega”, aseveró.

“Este es un mensaje que se le está enviando a la familia de Ortega, que si no buscan una salida rápida para que haya elecciones transparentes para que Nicaragua salga de la crisis, estas sanciones les van a ir llegando a cada uno de ustedes. Es un mensaje muy claro ante la terrible violación a los derechos humanos, una situación que no solo ha sido documentada por los organismos de derechos humanos nacionales, también por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)”, manifestó el director de Freedom House.

Indicó que los legisladores estadounidenses tienen pleno conocimiento sobre los actos de violencia que ejecuta el régimen, la mortandad, la violencia sexual a los opositores en las cárceles, y la persecución diaria contra cualquier persona que porte la bandera de Nicaragua.

El Ejército

Ponce sostiene que, de no rectificar Ortega, las sanciones continuarán avanzando con el propósito de activar una respuesta de ese gobierno.

Eso podría incluir al Ejército. “Hay un punto clave acá y es la conexión entre Estados Unidos y Nicaragua (que) siempre ha sido muy activa. Varios de los fondos de pensiones y de protección de los militares (Ejército de Nicaragua) están en los Estados Unidos”, confió, por lo que, a su juicio, la administración estadounidense podría tomar acciones sobre esos fondos, incluyendo las inversiones que funcionarios del gobierno de Ortega poseen en Estados Unidos.

“Hay muchas cosas que podrían avanzar en un esquema progresivo de presión”, acotó.

“Es tiempo de abandonar el barco, de buscar una salida y que paren la represión porque si continúan con la represión y con la persecución va a llegar un momento que va a ser irreversible”, afirmó.

La Ley Rico es otro mecanismo de sanción

Ponce explicó que la Nica Act no fue creada para abrir juicios en las cortes de Estados Unidos contra funcionarios y colaboradores del régimen de Ortega, pero asegura existen otros mecanismos.

“Con la Ley anticorrupción, Racketeer Influenced and Corrupt Organizations —conocida como Rico Act, Ley de Chantaje Civil, Influencia y Organizaciones Corruptas—, ya se podría abrir juicios contra funcionarios del régimen de Daniel Ortega por haber utilizado el territorio de Estados Unidos en algunas de las operaciones que utilizaron los recursos Albanisa y de Venezuela; los han utilizado y se ha visto que han utilizado el sistema bancario, ya tendrías suficientes herramientas, no necesitas el Nica Act para eso”, explicó.

Albanisa es la subsidiaria de Petróleos de Venezuela, Sociedad Anónima (PDVSA), señalada por narcotráfico y lavado de dinero.

Y agregó: “Hay muchos ciudadanos norteamericanos que tienen doble nacionalidad que habían regresado a Nicaragua y han tenido que escapar por ser perseguidos y que podrían utilizar los tribunales de su país, que también en Estados Unidos, para iniciar un caso (contra los opresores del régimen de Ortega). No necesitas la Nica Act para eso, y no fue creada para ese fin”.

La Ley Rico es federal y posee una de las normativas más severas dirigidas a personas o empresas involucradas en acciones criminales y corruptas. Las propiedades de los implicados son embargadas por el Gobierno de los Estados Unidos, de ser encontradas culpables.

Fue aprobada por el Congreso de Estados Unidos en 1970.

Trump ya declaró al régimen una amenaza

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este martes una orden ejecutiva en la que declara al Gobierno de Nicaragua “una amenaza para la seguridad nacional” de su país y autorizó, además, al Departamento del Tesoro a actuar contra los implicados en la crisis política nicaragüense.

El gobernante estadounidense ordenó que se bloqueen los bienes o intereses dentro de la jurisdicción de ese país de aquellos que son responsables o cómplices de graves abusos a los derechos humanos, el socavamiento de las instituciones y procesos democráticos, corrupción o acciones o políticas que amenazan la paz, la seguridad o la estabilidad del país centroamericano.

Tras la orden presidencial, el Departamento del Tesoro anunció sanciones contra la vicepresidente Rosario Murillo y contra el asesor de seguridad Néstor Moncada Lau, exmiembro de la Seguridad del Estado en los años ochenta, quien actúa como secretario personal de Ortega y ha enfrentado cargos en el pasado por terrorismo.

Ortega calla

Durante la inauguración del paso a desnivel de Las Piedrecitas, en Managua, el dictador Daniel Ortega guardó su discurso agresivo contra Estados Unidos y calló después que ese gobierno sancionó al primer miembro de su familia.

“Nicaragua como Dios manda seguirá caminando y sigue caminando”, proclamó rodeado de un enorme dispositivo de seguridad y de los principales funcionarios de la Alcaldía de Managua, entre ellos Fidel Moreno, quien también está sancionado por Estados Unidos.

El avance del populismo en El Salvador: Bukele bajo la sombra de Tony Saca

OPINIÓN - El avance del populismo en El Salvador: Bukele bajo la sombra de Tony Saca

De empresario capitalista, Bukele se transforma en político de izquierda

Publicado en El Tiempo Latino - 04 de Octubre de 2018

Nayib Bukele, habla ante jóvenes en San Salvador (El Salvador). Cientos de jóvenes se congregaron en enero en la capital de El Salvador para abogar por la "integración" de la sociedad salvadoreña para reducir los altos índices de violencia que registra el país. || FOTO: EFE/Rodrigo Sura EFE/Rodrigo Sura

Dr. Carlos E. Ponce, Director para las Américas de Freedom House y Profesor de Northeastern University - @ceponces

En El Salvador nuevamente el populismo muestra que no tiene colores ni ideologías, un día se despierta de izquierda para luego almorzar con botas militares y cenar de derecha. La región muestra cómo los populistas pueden tranquilamente sostener banderas progresistas y hasta comunistas y son similares a aquellos que se muestran conservadores, el objetivo es el mismo, tomar el poder a toda costa.

Ese pareciera el caso de Nayib Bukele en El Salvador: De empresario capitalista se transforma en político de izquierda. Bukele fue elegido gracias al FMLN como alcalde de Nuevo Cuscatlán en 2012 y de San Salvador en 2014, luego de numerosos conflictos internos y de no servirle más el Frente para sus aspiraciones políticas, Nayib muda su circo a la Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA), la derecha.

Lo interesante de GANA es que es el partido financiado y que apoyó al ex presidente Elías Antonio Saca (Tony Saca) en su fallida intención electoral en el 2014. Un partido que se define “partido conservador y de derecha popular”, donde muchos de sus miembros provienen de los círculos cercanos de Tony y ex miembros de Arena. La plataforma de derecha que acoge al empresario de supuesta izquierda.

El ahora candidato de GANA muestra sus verdaderos colores de populista tratando de adaptar un mensaje progresista a una estructura que defiende los intereses de Tony Saca, una persona condenada y confesa por masiva corrupción de por lo menos $300 millones de dólares, sentenciado a 10 años de prisión. Nayib corre por los dos canales. ¿Qué acuerdos podrán tener entre Saca y Bukele?

Recientes encuestas señalan una gran preferencia del elector por Nayib Bukele, muy por encima de Carlos Calleja (ARENA) y Hugo Martínez (FMLN). Su mensaje de “cambio” y anti-partido ha calado en los electores salvadoreños quienes, luego del fracaso de dos gestiones del FMLN y la decepción por ARENA, han optado por buscar al populista como alternativa. El peligro de este populista es que no parece mejor que lo que ha traído el pasado en El Salvador, las denuncias de corrupción y mal manejo de la Alcaldía de San Salvador lo preceden.

Pese a que aún faltan algunos meses para la elección en febrero de 2019, nuevamente el triunfo se le escapa a la Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), que se había revitalizado y lucía victoriosa después de las elecciones de medio término del 4 de marzo de este año. ARENA se muestra dividida luego de una sucia elección interna que dejó severas divisiones y en lugar de fortalecer las bases de ese partido, Carlos Calleja, representante de la élite político-económica salvadoreña, pareciera estar dirigiendo la campaña de la mano de una élite de allegados, dejando a un lado al partido. Igual error lo cometió ARENA en la elección presidencial de 2014 cuando dejó la campaña de Norman Quijano a manos de Francisco (Paco) Flores, expresidente de la República entre 1999 y 2004, luego enjuiciado por corrupción en medio de la misma campaña presidencial. El empresario Ricardo Poma, quien dirigió la estrategia detrás de bastidores olvidó que necesitaba de las bases del partido y de la unidad para poder ganar. “El hombre es el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra”, dice el proverbio, lo interesante es que la obsesión en la elección pasada fue derrotar a Tony Saca y GANA sin enfocarse en Salvador Sánchez Cerén con lo que perdieron. Hoy, nuevamente GANA pareciera atravesarse en el camino del triunfo.

Por parte del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), aún debilitado electoralmente, y sufriendo los efectos del gobierno desastroso de Sánchez Cerén y los escándalos de corrupción del ex presidente prófugo Mauricio Funes, sus opciones electorales dependen de un milagro. La ortodoxa del FMLN comandada por Medardo González y José Luis Merino (Comandante Ramiro) ha llevado las riendas de la campaña y del partido, imponiendo una estrategia electoral obsoleta. El problema es que nuevamente el Comandante Ramiro pareciera ser el gran elector. Merino controló todos los fondos de Alba Petróleo, las inversiones y ayudas desde la dictadura de Venezuela y se habla de diversos fondos no tan transparentes que ha manejado, mientras al mismo tiempo controla la base ideológica desde Cuba, siendo el gran artífice de Funes y Sánchez Cerén, el gran titiritero en El Salvador. Algunas fuentes señalan que participó activamente detrás de Bukele en la Alcaldía y tiene buenos negocios con algunos miembros de la élite. De ser eso verdad, Ramiro triunfa con GANA, gana con ARENA y gana con el FMLN.

Al final del día serán Antonio Saca y José Luis Merino quienes se perfilan como los grandes triunfadores de la elección presidencial en El Salvador.

Opinión por el Dr. Carlos E. Ponce, Director para las Américas de Freedom House y Profesor de Northeastern University - @ceponces

Juicio a Maduro en EE.UU.

Publicado en El Tiempo Latino 5/9/2018, 2:17 p.m.

Confirman la posibilidad de enjuiciar a Nicolás Maduro en los EE.UU. y varios países por violaciones a los DD.HH., entre otros crímenes

Por Dr. Carlos E. Ponce - Director para las Américas, Freedom House

Juicio a Nicolás Maduro: Hay que usar RICO y Palermo. Un análisis de la legislación y las posibilidades de enjuiciar a Maduro en EE.UU. demuestra que simplemente se requiere abrir el caso

La emergencia humanitaria compleja que atraviesa Venezuela es producto del desmantelamiento progresivo de la institucionalidad democrática en ese país, dos décadas de impunidad y violaciones sistémicas de derechos humanos; estos factores sumados a una red de narcotráfico y corrupción cuya cabeza es directamente el presidente de Venezuela Nicolás Maduro. El dictador Hugo Chávez inició la revolución de la exclusión y el favoritismo a su círculo cercano en lo que puede ser uno de los más grandes desfalcos del Hemisferio Occidental en las últimas décadas. Su elegido Nicolás Maduro simplemente empeoró la crisis con la consolidación de una opresión generalizada contra los ciudadanos y la población ha llegado a sufrir profundas y sistemáticas violaciones a sus derechos humanos.

Recientemente Freedom House colaboró con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la elaboración de la primera Resolución a nivel regional que establece el vínculo directo entre la corrupción y la violación de derechos humanos. La organización viene también estudiando las diversas redes de corrupción y narcolavado que surgen de Venezuela y su impacto en Estados Unidos y en la región. El gobierno de Nicolás Maduro ha venido sistemáticamente violando los derechos humanos pero también ha venido liderando una red de corrupción y lavado de dinero proveniente de fuentes ilícitas que ha tenido impacto más allá de Venezuela.

Desde el uso del Estado como gran maquinaria de trafico de drogas y lavado de dinero, el uso de la empresa petrolera del Estado, Petróleos de Venezuela (PDVSA) como mampara de operaciones de grupos guerrilleros de Colombia o de organizaciones terroristas o simplemente como gran plataforma para el lavado de activos provenientes del crimen organizado. Esto sumado a la creación de empresas mixtas en el Caribe (Petrocaribe), en Nicaragua (Albanisa), o en El Salvador (Alba Petróleo), es decir, redes de corrupción y lavado que se escapan de las fronteras de Venezuela.

La inmensa voracidad de testaferros y funcionarios del régimen de Chávez-Maduro han llevado a contaminar cientos de mercados financieros con fondos de dudosa procedencia. No hay duda de la vinculación del gobierno de Venezuela en esta industria criminal en un entramado de relaciones que involucran desde el presidente de la república, Nicolás Maduro y a otros altos funcionarios de gobierno en graves actos de corrupción y actividades ilícitas conexas como narcotráfico y lavado de dinero.

Violencia y control

La violación sistemática de DDHH ocurre en un escenario en el que Maduro y los aliados de la coalición dominante, quieren mantener a toda costa el poder que les ha servido para cometer los mayores actos de corrupción en la historia republicana de Venezuela y se han valido de la violencia y el control de todas las instituciones, así como de grupos ilegales para mantener el control social. De igual forma se han aprovechado de una débil oposición y en muchos casos han comprado a la oposición para hacerla dócil al tirano y sus operaciones criminales.

El impacto de la crisis humanitaria de Venezuela va mucho más allá de las fronteras, no solo por la migración de millones de Venezolanos y su impacto en los países vecinos, sino también por el uso de un gobierno como mampara de un esquema de lavado y corrupción que se ha venido aprovechando de sistemas financieros y de las estructuras internacionales.

La inexistencia de independencia de poderes, en particular el Poder Judicial, el Ministerio Publico o la Contraloría General de la República, así como el desmantelamiento del Poder Legislativo deja al delito de narcotráfico, lavado y de corrupción del gobierno con total impunidad.

Crimen y castigo
No puede haber delito sin castigo, en el caso de Estados Unidos existe la posibilidad real de enjuiciar a Nicolás Maduro y a su clan de criminales haciendo uso de una ley precisamente creada para perseguir criminales y estructuras criminales como las que opera en Venezuela. Se debe hacer uso de la ley RICO (The Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act, RICO Act), una ley federal en los Estados Unidos que persigue al crimen organizado y permite al Departamento de Justicia y a Fiscales Federales perseguir y abrir casos contra criminales, corruptos y narcotraficantes.

En el caso de Maduro y su estructura criminal, está el uso del sistema bancario de Estados Unidos para el lavado de capitales producto de corrupción o lavado de dinero proveniente del narcotráfico. También como lo indicaron en el caso de los “narcosobrinos”, existe la vinculación de Nicolás Maduro con el tráfico de drogas hacia los Estados Unidos.

Hemos venido analizando la legislación y las posibilidades de enjuiciar a Maduro en Estados Unidos y simplemente se requiere abrir el caso. Las pruebas están en los numerosos testigos protegidos, variados expedientes de funcionarios y testaferros sancionados por el Departamento del Tesoro, y los casos ya abiertos contra varios narcotraficantes y corruptos ligados a la estructura criminal de Maduro.

Juicio en varias naciones

No solo en Estados Unidos es enjuiciable Maduro y su estructura criminal, el anuncio realizado en mayo por Departamentos del Tesoro Integrantes del Departamento del Tesoro de Estados Unidos señala un acuerdo con 15 naciones para localizar y decomisar bienes de funcionarios venezolanos acusados de corrupción. Este acuerdo brinda la oportunidad para abrir casos contra el régimen de maduro en: Alemania, Argentina, Brasil, Canadá, Colombia, España, Francia, Guatemala, Italia, Japón, México, Panamá, Paraguay, Perú y el Reino Unido.

El uso de una Convención internacional para perseguir el crimen organizado abre la puerta para enjuiciar a Maduro en diversos países donde las redes de corrupción y narcotráfico han impactado, como es el caso de Argentina, Panamá, España y Colombia, entre muchos otros. La Convención de Palermo (Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional) puede marcar el camino. Se requiere analizar los instrumentos internacionales, legislación de países afectados, tribunales y mecanismos internacionales, y las posibles sanciones extraterritoriales que pueden aplicarse a funcionarios de Venezuela incursos en actos de corrupción, lavado y violaciones sistemáticas a los DDHH. En particular se requiere de fiscales que tomen la legislación nacional y a Palermo para enjuiciar a Nicolás Maduro y su esquema de corrupción regional.

¿Qué pasa con la inmunidad?

Con respecto a la inmunidad, hablamos de un sujeto que ejerce ilegalmente una presidencia luego de unas elecciones fraudulentas. La Asamblea Nacional de Venezuela ha autorizado el enjuiciamiento de Nicolás Maduro el 18 de abril de 2018 y el desconocimiento del Gobierno de Maduro elimina la inmunidad de los funcionarios del gobierno y facilita esquemas de enjuiciamiento extraterritorial.

Partiendo de estas consideraciones, quiero plantear la necesidad de fortalecer el monitoreo, documentación y reporte que evidencie la vinculación entre los actos de corrupción gubernamental y narcolavado del gobierno de Nicolás Maduro para impulsar la activación de un caso federal en los Estados Unidos usando RICO. Además, al mismo tiempo, deben utilizarse los mecanismos regionales y dentro de los países afectados para el uso de la documentación y así facilitarles la activación de los mecanismos judiciales, sancionatorios o de investigación que permitan abrir juicios a Maduro y sus cómplices.

Objetivo: Vencer la impunidad
El objetivo es enjuiciar a Maduro en Estados Unidos y en diferentes países donde su cartel ha venido impactando. Las sanciones que se han implementado hasta el momento por parte del Departamento de Estado y Departamento del Tesoro son excelentes, y hay que seguir sancionando a funcionarios de una administración corrupta, pero al mismo tiempo se requiere avanzar con formas adicionales que permitan vencer la impunidad que existe en Venezuela y su impacto en Estados Unidos.

En conclusión, a Nicolás Maduro hay que enjuiciarlo en suelo estadounidense así como también a sus ministros, militares y testaferros por sus actividades criminales que han vuelto Venezuela en un estado fallido, pero que han impactado negativamente a los países de la región y países de la Unión Europea. En particular existe la obligación de proteger al pueblo americano de esta empresa criminal. No se puede permitir la impunidad del cartel de Nicolás Maduro en los Estados Unidos.