Monday, August 12, 2013

Actualizando la carencia de libertad de expresión en Venezuela



Venezuela y Ecuador muestran los casos más crónicos de perdida de libertad de expresión en las Américas.

Ecuador no deja de sorprender, el uso del sistema de justicia (o injusticia) directamente por parte del Presidente Rafael Correa y las diferentes leyes que censuran la libertad de opinión, expresión e información. Esto es lo que señala el último informe (2013) de la organización Freedom House en cuanto a Ecuador: La puntuación de Ecuador se redujo de 58 a 61, y su estado se redujo de Parcialmente Libre a No Libre dado a los reglamentos y leyes patrocinados por el gobierno que han restringido severamente la capacidad de la prensa para informar sobre la política y cualquier información que pueda afectar al régimen, en particular después de las elecciones presidenciales de febrero de 2013, así como la directiva del presidente Rafael Correa de retirar la publicidad oficial de los medios de propiedad privada que son críticos del gobierno, y una persecución generalizada y hostil contra medios y un ambiente hostil para la prensa creado por el gobierno de Correa.

En el caso de Venezuela la libertad de Expresión está “garantizada” por la Constitución de Venezuela en su artículo 57, pero lamentablemente han sido 15 años de violación sistemática a la libertad de información, de expresión y de acceso a la información por parte de un régimen criminal.

El cierre arbitrario del canal privado Radio Caracas Televisión (RCTV) en mayo de 2007 y la Ley de Responsabilidad de Radio y Televisión (Ley Mordaza)(2004), el uso sesgado del espectro radioeléctrico y la transformación del ente regulador de las comunicaciones (CONATEL) en un ente de persecución, marcaron el cambio de las amenazas contra la libertad de expresión a una etapa continua de represión contra los medios y de inexistencia de libertad de expresión e información. De allí se ha pasado a cientos de cierres de medios así como la intimidación de dueños de medios, periodistas y organizaciones de la sociedad civil.

En la actualidad, la gran mayoría de los medios se señal libre televisivos están en manos del gobierno o de personas cercanas al gobierno o controladas por el gobierno. Le han quitado o comprado los canales de televisión a los privados y se ha creado una hegemonía mediática en manos del gobierno. Los únicos dos canales en manos privadas han venido actuando en sintonía con el gobierno desde su comienzo. A nivel de la radio, la “limpieza” selectiva de más de 200 emisoras de radio quitándoles su frecuencia ha creado un terror en los propietarios de radios en todo el país y una auto censura colectiva. A nivel de la prensa escrita, ya las nuevas decisiones con multas y persecuciones contra dueños de periódicos, así como la prohibición de incluir imágenes que puedan dañar al gobierno y el uso del poder judicial contra periodistas y dueños de medios ya deja incluso a la prensa escrita en un grave lugar de sometimiento al gobierno autoritario.

La organización Reporteros sin Fronteras ubico a Venezuela en el puesto 117 entre los 179 países evaluados en cuanto a libertad de expresión, y ha sido un país que se ha mantenido entre los 117 y 134 en los últimos 5 años, siendo Eritrea y Corea del Norte los peores países. Por su parte Freedom House también ubica a Venezuela en el puesto 168 a nivel mundial de 196 y un ranking de 76 (uno de los peores scores) como uno de los países donde NO EXISTEN LIBERTADES o países NO LIBRES y en particular la libertad de información/expresión, números solo superados por Cuba en la región: La libertad de prensa en Venezuela continuó siendo socavada por las políticas del gobierno. La administración ha obstaculizado los medios de comunicación de oposición su funcionamiento y ha orientado sus políticas a restringir el contenido de la información, la aplicación de requisitos de licencia arbitrarios, y la exclusión de los medios de comunicación privados del acceso a la información pública. Los periodistas son rutinariamente intimidados y acosados ​​por los funcionarios del gobierno.

El amigo Angel Paredes me envió una recopilación de hechos recientes que son reveladores de la política sistemática del régimen autoritario e ilegitimo que viene usurpando el poder en Venezuela por más de una década y media, así como su continuó avance limitando la libertad de expresión e información:
  • El día 13 de mayo Globovisión pasó de manos de su fundador, Guillermo Zuloaga, a los empresarios Juan Domingo Cordero, Raúl Gorrín y Gustavo Perdomo, copartidarios de Nicolás Maduro Moros. De inmediato, quitaron de sus parrillas programas que actuaban como espacio para hacer ve la realidad del país. Periodistas fueron despedidos del canal. Hoy, casi es una realidad “virtual” como el canal del Estado lo que se ve y escucha en Globovisión.
  • El 27 de mayo RCTV canal más antiguo de la televisión venezolana cumplió 6 años de cerrado por un capricho del fallecido y ex-presidente Hugo Rafael Chávez. Aún cuando hay una sentencia a su favor.
  •  Leocenis García, presidente editor del diario Sexto Poder, entre otros, permanece detenido desde el 30 de julio tras acusaciones de diputados oficialistas por asuntos relativos a lavado de dinero, corrupción y enriquecimiento ilícito, aunque las autoridades no presentaron pruebas contra el acusado.
  • El 27 de julio de 2013, Venezuela congeló las cuentas y bienes del director del diario El Nacional de Caracas, Miguel Henrique Otero, semana en la que cumplió 70 años de circulación. Por solicitud de la Fiscalía General, el Ministerio Público informó de que pidió la prohibición de enajenar y gravar bienes y la congelación de cuentas bancarias de Otero debido a una “investigación que se le sigue por una demanda del ex-alcalde metropolitano, Alfredo Peña” (Alcalde que huyó del país hace más de diez años, cabe destacar).
  • El Tribunal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes impuso el 8 de agosto de este 2013, a El Nacional y al diario Tal Cual una multa equivalente al 1% de sus ingresos brutos del año 2009, por la publicación de una foto que mostraba el estado de la Morgue de Bello Monte, ubicada en Caracas. Además establece censura previa, pues la juez tercera de juicio, Betilde Araque, indicó que El Nacional deberá abstenerse de publicar imágenes "de contenido violento, armas, agresiones físicas, sangrientas y cadáveres desnudos".
  • Alberto Nolia, periodista “acérrimo” del canal del Estado VTV, tocó el tema de los altos índices de inseguridad que afectan al país, y realizó algunas críticas a los planes de seguridad que viene implementando el gobierno nacional en esta materia, calificando como “ridícula” la Ley Desarme: “está llena de incongruencias, de estupideces y de discriminación horrenda”, porque según su criterio deja a unos ciudadanos en minusvalía para poder defenderse y a otros no. También criticó la resolución que ordena la suspensión del porte de armas durante los fines de semana vacacionales, señalando que “este fue el primer fin de semana horroroso, hasta un funcionario del SEBIN fue asesinado en Portuguesa”. Por esta razón, fue sacado del aire su programa y despedido del canal.
Por todos estos años que ha durado la represión del gobierno “Bolivariano” primero directamente por Hugo Chave z y ahora por los payasos que dejo dirigiendo el circo, lo peor ha sido la hipocresía de la comunidad internacional y los falsos demócratas que han sido sobornados con barriles de petróleo manchados con represión. La historia tarda en escribir los capítulos, pero cuando se haga justicia muchos de ellos reflejaran la cobardía, la traición y la prostitución de muchos/as pseudo lideres dentro y fuera de Venezuela.

Este artículo sólo refleja una preocupación, porque la represión lamentablemente continúa, pero debemos seguir vigilantes porque siempre se logra (tarde a veces) llevar a los tiranos al banquillo de los acusados.

FH: Influential powers—such as China, Russia, Iran, and Venezuela—have long resorted to a variety of techniques to maintain a tight grip on the media, detaining some press critics, closing down or otherwise censoring media outlets and blogs, and bringing libel or defamation suits against journalists.

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